La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de un policía chaqueño condenado por falso testimonio agravado y falsedad ideológica en un caso que involucró un operativo manipulado para allanar un domicilio y secuestrar drogas. El hecho ocurrió a principios de agosto de 2022 y se trató del “hallazgo” de más de 40 kilos de cocaína escondidos en el cielorraso de una vivienda en Barranqueras cuando se investigaba el robo de una moto.
Miércoles, 13 de agosto de 2025

A principios de agosto de 2022, los medios del Chaco informaron sobre el espectacular hallazgo de más de 40 kilos de cocaína escondidos en el cielorraso de una vivienda de Barranqueras, durante un allanamiento por el supuesto robo de una moto. Sin embargo, luego se corroboró que el procedimiento se inició a partir de una falsa denuncia a través de la cuál un agente de la Comisaría Segunda de Resistencia puso en marcha una operación para conseguir la orden de allanamiento de la casa ubicada en calle Lestani al 500 de la ciudad portuaria donde, efectivamente, se halló la droga.
Pocos tuvieron conocimiento de que la causa había tenido un origen tan espurio. Tal es así que el agente policial fue procesado y condenado por el Tribunal Oral Federal de Resistencia a una pena de dos años de prisión condicional por los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica e inhabilitado por el doble de tiempo.
Ahora, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del policía y confirmó la pena aunque anuló la inhabilitación y reenvió el caso para que el TOF lo revise. La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el 7 de agosto pasado, lleva las firmas de los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego G. Barroetaveña.
El caso
Los hechos se remontan a agosto de 2022, cuando G.R.R., junto con L.A.H., urdió un plan para justificar el allanamiento de la vivienda de G.S en Barranqueras. H. declaró falsamente haber presenciado un robo en el que supuestamente participó S., proporcionando datos inexactos sobre el hecho y el domicilio del implicado. R., por su parte, redactó un informe policial basado en esos dichos falsos, lo que permitió obtener una orden judicial para allanar la propiedad.
Durante el operativo, se encontraron 44 kg de cocaína de alta pureza escondidos en el cielo raso de la vivienda, aunque la motocicleta y el celular robados —el supuesto motivo del allanamiento— nunca aparecieron. El tribunal determinó que el procedimiento fue una farsa diseñada para enmarcar a S. y justificar el secuestro de drogas, destacando la complicidad entre R. y H., quienes mantenían una relación cercana evidenciada por numerosas comunicaciones telefónicas.
La defensa de R. argumentó que no hubo falsedad en sus declaraciones, ya que solo repitió lo dicho por H., y cuestionó la falta de motivación en la sentencia. Sin embargo, la Cámara de Casación consideró que el tribunal de instancia valoró adecuadamente las pruebas, incluyendo testimonios y pericias, y descartó que hubiera arbitrariedad.
Uno de los puntos controvertidos fue la imposición de una pena de inhabilitación que el fiscal no había solicitado. La mayoría de los jueces de Casación anuló esta parte de la sentencia por considerar que violó el principio de contradicción, ordenando que se realice una nueva audiencia para definir esa sanción. No obstante, uno de los magistrados discrepó, señalando que la inhabilitación era obligatoria según la ley.
El fallo subraya la gravedad de los hechos, que involucraron corrupción policial y manipulación del sistema judicial, y refuerza la importancia de garantizar la integridad de las pruebas en procesos penales. La decisión final mantiene la condena a R. pero deja pendiente la resolución sobre su inhabilitación, que deberá ser revisada por el tribunal de origen.