La Cámara Federal de Resistencia confirmó el avance de la investigación contra el exgobernador Jorge Capitanich y varios exfuncionarios, entre ellos Marta Soneira, por presuntas adjudicaciones irregulares de tierras, fraude al Estado y lavado de activos.
Sábado, 9 de agosto de 2025

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la continuidad de la investigación abierta contra el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, la exministra de Desarrollo Territorial provincial, Marta Soneira, otros exfuncionarios y empresarios agropecuarios por presunto fraude contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por la supuesta adjudicación irregular de tierras fiscales a familiares de la exministra.
Con los votos de las juezas Rocío Alcalá y la subrogante Patricia García, la Cámara Federal rechazó los planteos de nulidad de las defensas contra el requerimiento de instrucción formulado en marzo de 2025 por parte del fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, a pocos meses de las elecciones para legisladores provinciales en las que Capitanich encabezó la lista de candidatos del peronismo. Vale recordar que la denunciante en esta causa es la actual presidenta del Instituto de Tierras (exInstituto de Colonización) del gobierno de Leandro Zdero, Ana María Canata.
Según la acusación del fiscal Amad, al firmar los decretos de adjudicación de alrededor de 3600 hectáreas de tierras fiscales a personas presuntamente allegadas a Soneira, Capitanich habría actuado como una especie de “socio” de su ministra en la entrega irregular de las tierras con las que se habría favorecido, entre otros, a la pareja y a los hermanos de la exfuncionaria. Por eso, solicitó la indagatoria del exgobernador y también el levantamiento del secretario bancario y bursátil respecto de sus cuentas.
Con esta decisión, se allanaría el camino para que avance el llamado a indagatoria formulada por Amad en marzo pasado y que se vio interrumpido por los planteos de nulidad de las defensas de los imputados, entre los que también se encuentran la pareja de Soneira, Mauricio Cian, y dos de sus hermanos, todos dedicados a la actividad agropecuaria y son los que se habrían beneficiado de las adjudicaciones irregulares firmadas por Soneira y Capitanich.
El contexto
Las defensas técnicas habían argumentado que el requerimiento de instrucción fiscal carecía de una descripción clara y circunstanciada de los hechos, además de señalar falta de motivación y objetividad en la acusación. También invocaron la violación del principio non bis in idem en algunos casos, alegando que ciertas cuestiones ya habían sido resueltas en instancias anteriores como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sin embargo, el tribunal consideró que el acto procesal cumplía con los requisitos legales y que las críticas defensivas se centraban en aspectos que corresponden al fondo de la investigación, no a la validez del procedimiento.
En su decisión, el tribunal destacó que el requerimiento de instrucción y el posterior llamado a indagatoria cumplieron con los presupuestos formales establecidos por el Código Procesal Penal. Señaló que, en esta etapa preliminar, no se exige una certeza absoluta sobre la comisión de los hechos, sino la existencia de elementos que permitan una sospecha razonable. Además, el tribunal rechazó los argumentos sobre la afectación al derecho de defensa, indicando que los imputados tendrán oportunidad de ejercer sus derechos durante el proceso.
El próximo paso será avanzar con las declaraciones indagatorias de los imputados, que podrán comenzar a ejercer su derecho de defensa, con el condimento de que probablemente las fechas vuelvan a coincidir con la campaña electoral para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, donde Capitanich podría ser candidato a primer senador nacional por Fuerza Patria.
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