El abogado Ignacio Funes Peralta denunció que la causa contra Daniel Vera, jubilado chaqueño acusado de amenazar al presidente Milei, es un caso de “persecución política” por expresarse en redes. En declaraciones al programa Contame Más, aseguró que el proceso busca generar miedo y censura, y cuestionó el rol de la justicia federal y del oficialismo.
Viernes, 8 de agosto de 2025
El abogado Ignacio Funes Peralta, defensor de Daniel Vera —docente jubilado de Resistencia que permanece bajo prisión domiciliaria por presuntas amenazas contra el presidente, Javier Milei— ratificó que su cliente es víctima de una “persecución política” por expresarse en redes sociales contra el gobierno nacional y a favor de la causa palestina.
Comentó que el miércoles se realizó la audiencia de apelación a su procesamiento y que está a la espera de una definición de la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional de Apelaciones porteña, aunque sin demasiadas expectativas de que se revierta la situación de su defendido.
“Daniel es criminalizado a partir de una intervención de oficio por parte de la policía en lo que se denomina patrullaje civil. Desde ese momento comienza una investigación penal que, llamativamente, tramita en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que él vive en Chaco”, denunció el letrado en diálogo con el programa Contame Más.
Funes Peralta señaló que el expediente se encuentra en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y que tanto este magistrado como dos instancias superiores avalaron la prisión preventiva. “Estamos hablando de un señor jubilado, trabajador de una obra social, sin antecedentes penales, que nunca tuvo un conflicto con la ley y que hoy está pagando los platos rotos de un sistema político y judicial que cada vez se sostiene menos en los derechos y garantías de los ciudadanos”, advirtió.
Para el abogado, la imputación —amenazas anónimas e incitación al odio— carece de sustento. “Las conductas que llevó adelante no configuran un delito. Son publicaciones en redes sociales, algo que hacemos muchos. No fueron dirigidas a las personas que supuestamente recibieron la amenaza. Esto es un claro error y por eso pedimos su sobreseimiento”, explicó.
El letrado fue más allá y consideró que este accionar judicial busca dos finalidades claras: “Por un lado, intenta generar una hegemonía de opinión en las redes sociales y, por otro, que la gente tenga miedo en un futuro de poder poner cualquier publicación en contra del gobierno, porque puede significar un costo alto, como lo que está pagando hoy Daniel”, indicó.
También cuestionó el rol del oficialismo y de la justicia federal: “El presidente de la Nación fomenta y promociona el odio y, sin embargo, no hay ninguna investigación contra él ni contra otros referentes de su espacio. La justicia federal es manejada por el poder político a su antojo. Hablan de libertad y de mínima intromisión del Estado, pero en este caso hay una intromisión directa, violenta y punitiva sobre la vida de un ciudadano”.
Respecto de la difusión mediática del caso, Funes Peralta desmintió que se haya encontrado un “arsenal” en el allanamiento. “No hay ninguna arma de fuego, ni legal ni ilegal. Son armas de aire comprimido que forman parte de una colección personal. Es grave cómo se construye un relato desde la policía y se replica en los medios para instalar una imagen amenazante que no es real”, sostuvo.
El abogado adelantó que seguirán apelando cada instancia. “Mi única expectativa es que la Cámara aplique la ley y frene esta persecución. Ojalá me sorprendan, porque hasta ahora el expediente demuestra un manoseo permanente a los derechos y garantías de los ciudadanos”, cerró.
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