Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Fue al hacer lugar al recurso de casación presentada por la defensa de Walter Pasko. El contador, detenido en un penal federal de Resistencia por presuntamente ser el jefe de una usina de facturas truchas, había perdido el beneficio de la prisión domiciliaria el 18 de julio pasado.
Viernes, 8 de agosto de 2025
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia concedió el recurso de casación presentado por la defensa del contador chaqueño, Walter Pasko, quien busca mantener el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida eleva el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá resolver sobre la continuidad o no del régimen de detención en su domicilio. Pasko está procesado y detenido en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia por presuntamente ser el cerebro de una organización dedicada a la evasión impositiva y al lavado de activo a través de facturas apócrifas.
El planteo fue impulsado por la abogada Mariela Jaquelina Torres, luego de que el 18 de julio de 2025 se revocara la prisión domiciliaria de su defendido. La letrada sostuvo que la resolución es “arbitraria” y “carece de fundamentación suficiente”, vulnerando garantías constitucionales como el derecho a la defensa y el debido proceso.
Torres también cuestionó que el fallo no haya valorado el uso de tobillera electrónica como mecanismo eficaz para neutralizar riesgos procesales, ni haya aplicado el principio de “ultima ratio” de la prisión preventiva, que establece que esta debe ser el último recurso. Además, destacó la situación familiar de Pasko: su hijo menor de edad padece una discapacidad que requiere acompañamiento constante, lo que —según la defensa— no fue evaluado en la decisión apelada.
En su resolución, las juezas camaristas Patricia García y Rocío Alcalá consideraron que el recurso cumplió con los requisitos formales: fue presentado en plazo, con fundamentos jurídicos y argumentos suficientes. El tribunal entendió que la medida cuestionada es equiparable a una sentencia definitiva, ya que afecta la libertad ambulatoria y podría causar un perjuicio de difícil o tardía reparación. También citó el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a recurrir un fallo ante un tribunal superior.
Por mayoría, las magistradas resolvieron el miércoles conceder el recurso y remitir el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal, donde las partes deberán presentarse para la revisión de la medida.
Montos inconsistentes
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes.
Los inspeccionados se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. Posteriormente se constató que, abusando de la confianza de sus clientes, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta sus claves fiscales para facturar a empresas y organismos ventas y servicios inexistentes con la intención de generar IVA crédito de manera fraudulenta.
Las facturas se emitían con dos finalidades específicas: por un lado, generar crédito fiscal espurio para que empresas y personas físicas paguen menos IVA de manera ilegal; y por otro, conciliar la caja con las reales salidas de fondos validando gastos de organismo públicos que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en otros términos: blanquear dinero de la corrupción estatal.
Asociación ilícita fiscal
Además de Pasko, están imputadas otras cuatro personas en esta causa. El asesor de cooperativas de trabajo, Adrián Ayala, quien también sería el otro jefe de la organización. Actualmente alojado en la cárcel U7 de Resistencia, Ayala está procesado por los mismos delitos del contador: lavado y asociación ilícita fiscal, con un embargo por 1.400 millones de pesos en su patrimonio, al igual que Pasko.
La esposa de Ayala, la empresaria María José Reinau, dueña del salón de belleza “Brilla”, también está procesada. Se le trabó un embargo por idéntico monto que a su marido y también se la imputó el delito de lavado y asociación ilícita fiscal, en calidad de autora, aunque con la diferencia que ella aparece en calidad de “integrante” de la banda.
Juana Elsa Brahim, suegra de Pasko, está procesada por presunta participación en una asociación ilícita fiscal, en calidad de integrante. Además de la imputación, la Justicia hizo lugar a un pedido de ARCA para que se ordene el bloqueo preventivo de su CUIT y así evitar que pueda facturar.
En tanto que la esposa de Pasko, la abogada Diana Daniel y el hermano del contador, Álvaro Pasko, están procesados por el delito de asociación ilícita fiscal, también como integrantes. Al igual que a Brahim, a ellos se les trabó embargos por casi 950 millones de pesos, para cada uno, y se ratificó que tienen prohibido salir del país.
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