El 5 de febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar los derechos a las comunidades indígenas de Lhaka Honhat, en el norte de Salta. El fallo reconoció su derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al acceso a la alimentación y al agua. El importante avance que hubo hasta 2023 se detuvo con la llegada de Javier Milei al gobierno.
Jueves, 31 de julio de 2025
Luego de 36 años, el 5 de febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por violar los derechos a las comunidades indígenas de Lhaka Honhat, en el norte de Salta. El fallo reconoció su derecho a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, al acceso a la alimentación y al agua.
La Corte IDH falló a favor de las comunidades y, entre otras acciones, dispuso que se les entregue un título único para las 400 mil hectáreas que esos pueblos habitan desde siempre y 230 mil para las familias criollas. Aunque hubo avances, faltan muchas medidas −como terminar de delimitar el territorio− que están incluidas en la sentencia y que el Estado está obligado a cumplir. El importante avance que hubo hasta 2023 se detuvo con la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de ese año.
La lucha histórica de la comunidad
Un año después de la recuperación de la democracia, los pueblos originarios del norte de Salta le pidieron al gobierno provincial el título colectivo de las tierras que habitaban desde antes de que existieran registros históricos. Dedicadas a la caza, la pesca, la agricultura y la recolección, esas comunidades no buscaban sólo regularizar sus derechos territoriales, intentaban proteger la relación plena que siempre habían tenido con la naturaleza. La presencia de familias criollas en esa zona las obligaban a modificar sus costumbres, sus recorridos y la utilización de la tierra, en la que empezaban a multiplicarse los alambrados, el ganado y la tala ilegal de los árboles. Para poder mantener su forma de vida, esos pueblos impulsaron una larga serie de luchas que ya lleva más de cuarenta años. Los procesos de defensa de los territorios originarios mantienen una estrategia de diálogo de las comunidades con las familias criollas, siempre tratando de llegar a acuerdos, pero también sostienen procesos menos visibilizados que se libran en espacios institucionales.
El reclamo que llevan adelante las comunidades indígenas en Salta –con el apoyo del CELS y Asociana– muestra un camino de firmeza y perseverancia que cruza estas dos estrategias. El trabajo y las luchas sostenidas durante todo este tiempo derivaron en 2020 en la primera condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por violar los derechos de esos pueblos a la propiedad comunitaria, su identidad cultural, a un medio ambiente sano, al acceso a la alimentación y al agua. La Corte falló a favor de las comunidades y, entre otras acciones, dispuso la entrega de un título único para las 400 mil hectáreas que habitan.
Después de 36 años del primer reclamo formal ante la provincia, el 6 de febrero de 2020, la Argentina fue condenada por la Corte IDH. El tribunal entendió que el Estado argentino no generó los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad comunitaria, no dio un título real y efectivo, sin subdivisiones internas, no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones en sus territorios y destacó que los perjuicios a la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural estuvieron relacionados con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. La sentencia generó una jurisprudencia relevante para los estándares internacionales de derechos indígenas. A nivel nacional, la Corte IDH reclamó una ley de propiedad comunitaria y una de consulta previa, libre e informada. El fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios, ya que fue la primera vez que la Corte dictaba una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronunció por una disputa territorial de esas dimensiones.
También fue la primera vez en la historia de la Corte IDH que declaró la violación a los derechos al agua, a la alimentación, a la identidad cultural y al medio ambiente sano. La sentencia fue notificada en abril de 2020, en plena pandemia, lo cual dificultó enormemente la celebración del fallo, así como la puesta en marcha del trabajo del Estado para cumplirlo. Un año después, el 6 de junio de 2021, Francisco Pérez, el histórico coordinador general de Lhaka Honhat, murió por el COVID. Esto generó un dolor muy profundo para las comunidades y para todas las personas que habían acompañado a Lhaka Honhat en su histórica lucha. Luego de una elección de los caciques, su hija, Cristina Pérez, fue nombrada como su reemplazo. Después de muchas negociaciones, el Estado nacional decidió crear una unidad ejecutora dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya función era implementar la sentencia. Fue la primera vez que Argentina creaba un mecanismo específico nacional para cumplir con una decisión internacional. La institucionalidad respondía a que la implementación del fallo involucraba a varias carteras ministeriales a nivel nacional y provincial. Esta nueva unidad emprendió un proceso más certero. Visitó el territorio varias veces, realizó consultas sobre las necesidades de las comunidades y su acceso al agua, creó un plan de trabajo para cumplir la sentencia, negoció con ministerios el financiamiento para el trabajo en territorio, y, fundamentalmente, por primera vez el Estado nacional escuchó a las comunidades y funcionó como un interlocutor necesario con la provincia. Hubo trabajos de delimitación y demarcación del territorio y el desarrollo de planes para asegurar mayores caudales de agua en la zona.
La llegada de Milei
Sin embargo, quedaron problemas graves no resueltos como la tala, la relocalización del ganado y la erradicación del alambrado criollo. El importante avance que hubo hasta 2023 se detuvo con la llegada de Javier Milei al gobierno en diciembre de ese año. La Nación pasó a tener un rol pasivo y la provincia quedó a cargo de continuar algunos trabajos de demarcación y delimitación a los que se había comprometido para cumplir la sentencia. Hubo en los últimos años grandes avances en las delimitaciones de los territorios indígenas y criollos. Aunque fueron relocalizadas pocas familias criollas, sus casos muestran la viabilidad de los acuerdos. También se instauró un plan parcial para atender la gravísima situación de acceso al agua. Sin embargo, ante la falta de entrega de fondos nacionales, la discontinuidad del trabajo en el territorio pone en peligro los avances y acuerdos entre las partes. Las comunidades que integran Lhaka Honhat luchan desde hace décadas para lograr lo que nunca deberían haber perdido: la posibilidad de vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Este modo es indisociable del habitar su territorio. La tierra, sus ríos, sus árboles, sus animales, son parte de ese modo de vida que perdieron a lo largo de los años.
El caso Lhaka Honhat es emblema de una de las grandes deudas de la democracia. El Estado todavía no reconoce en su ordenamiento jurídico la figura de “propiedad comunitaria indígena”. Esto impide otorgar títulos que respeten su modo de vincularse con la tierra, que pueda estar a nombre de una comunidad –y no de personas individuales–, que no pueda subdividirse ni pueda venderse. Un título de propiedad comunitaria que respete el vínculo colectivo y espiritual que las comunidades tienen con el lugar. Lhaka Honhat continúa insistiendo con su demanda. Lo hace por las vías institucionales, por los caminos que el propio sistema le propone: notas a los gobiernos, expedientes judiciales, informes, denuncias a mecanismos internacionales, audiencias públicas. Estos caminos en algunos momentos parecen ser efectivos, pero el paso del tiempo les juega en contra. Los alambrados, la contaminación de las aguas, la pérdida de bosque, avanza de manera contínua. Y muchas de las transformaciones de su territorio no van a poder deshacerse. Mientras la demanda continúa, es necesario reponer todos estos años de lucha que convirtieron a este reclamo en un ejemplo de perseverancia ante las adversidades.
La sentencia de la Corte IDH dejó en claro las ausencias en la legislación de nuestro país respecto de la propiedad indígena, la consulta libre, previa e informada, y se volvió una referencia para el resto de las comunidades sobre el derecho humano a su territorio ancestral. Determinó que el Estado tiene la obligación de brindar la seguridad jurídica y reconocer esos territorios. También la sentencia dictaminó que existe el derecho humano al agua, a la identidad cultural, a la alimentación y al medio ambiente sano. Este reconocimiento internacional debe ser ahora garantizado por el Estado argentino y exigido por quienes lo necesiten. Los pueblos originarios pueden tomar esta decisión internacional como propia y reclamar por sus derechos.
