Lo dispuso la jueza de primera instancia María Lorena Cima ante la reticencia de la obra social provincial de cumplir con una medida cautelar que, hace más de dos meses, le ordenó proveer audífonos a una adolescente con hipoacusia.
Martes, 29 de julio de 2025
La jueza de primera instancia María Lorena Cima habilitó la feria judicial y resolvió imponer una multa de 300 mil pesos diarios al InSSSeP por la “reticencia” de cumplir una medida cautelar dictada hace dos meses por la que se le ordenó proveer audífonos a la hija de una afiliada con diagnóstico de hipoacusia.
Según pudo saber LITIGIO, el 23 de mayo pasado el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, a cargo de la jueza Ana Karina Yagas, había hecho lugar a una medida cautelar que ordenó a la obra social provincial que entregue en un plazo de 48 horas audífonos retroarticulares digitales de alta gama a una adolescente con diagnóstico de hipoacusia. Además, había advertido al InSSSeP que su incumplimiento acarrearía sanciones legales.
El caso
La madre de la joven había solicitado judicialmente que la obra social cubra al 100% los audífonos marca Signia Modelo Motion CyG 3 X, con moldes acrílicos personalizados. Argumentó que la falta de este equipamiento afectaba severamente la capacidad de la menor para comunicarse, su rendimiento escolar y su integración social, generándole “miedo y vergüenza” en entornos cotidianos.
En su resolución, la jueza Yagas destacó que el derecho a la salud —reconocido en la Constitución Nacional y tratados internacionales— incluye garantizar condiciones de vida dignas y acceso a tecnologías sanitarias esenciales. Subrayó que la demora en la provisión de los audífonos agravaría el cuadro de la niña, configurando un “peligro en la demora” que justificó la urgencia de la medida.
El fallo aceptó como contracautela la caución juratoria presentada por la familia y ya había advertido al InSSSeP que su incumplimiento acarrearía sanciones legales. La magistrada aclaró que esta decisión no prejuzga el fondo de la acción de amparo principal, pero enfatizó la obligación del Estado de proteger derechos fundamentales, especialmente en casos que involucran a menores con discapacidad.
