En esta columna para LITIGIO, el abogado y docente universitario, Adrián Buffone, expone el fenómeno global de la litigation funding: fondos de inversión que compran pleitos como activos financieros, redefiniendo el acceso a la justicia y socavando la soberanía de los Estados. A partir del caso Burford Capital vs. República Argentina por la expropiación de YPF, Buffone advierte sobre el avance de actores que transforman el conflicto judicial en una herramienta de rentabilidad, operando desde paraísos fiscales y al margen de cualquier control democrático. Una mirada urgente sobre un modelo que convierte al derecho en commodity y a la justicia en un producto transable.
Martes, 22 de julio de 2025
Por Adrián Buffone*
En un mundo donde los litigios han dejado de ser un instrumento de justicia para convertirse en activos negociables, aparecen actores poco conocidos por el ciudadano común pero de enorme peso global: los fondos de financiamiento de litigios. Suena técnico, pero detrás de esa fórmula financiera se esconde un fenómeno que redefine el acceso a la justicia, la soberanía de los Estados y el rol de las grandes corporaciones en los estrados judiciales del mundo.
El caso Burford Capital vs. República Argentina, con el juicio por la expropiación de YPF como telón de fondo, ilustra de manera brutal esta nueva realidad: la de empresas que compran pleitos para transformarlos en inversiones financieras de altísima rentabilidad. No estamos hablando de estudios jurídicos tradicionales: hablamos de capitales que operan como verdaderos “hedge funds del conflicto”.
¿Qué hace Burford Capital?
Burford es un Estudio de abogados que funciona como un fondo de inversión que cotiza en bolsa. Su negocio: financiar demandas judiciales. ¿Cómo lo hace? Compra derechos litigiosos de empresas quebradas, personas físicas sin capacidad económica o sociedades off-shore. Luego financia abogados de altísimo nivel, peritos, investigaciones patrimoniales y todo lo necesario para ganar.
“Si el juicio se pierde, el fondo asume el costo. Si gana, cobra millones. Así de simple”.
Burford juega en las grandes ligas: arbitrajes internacionales, incumplimientos contractuales, fraudes empresariales, violaciones a tratados bilaterales de inversión. No le interesan los ideales de justicia. Le interesan los retornos. Y no lo oculta. Son formas de negocio.
En su página web, refiere: “Burford es la firma de financiación institucional de calidad especializada en derecho. Cotizamos en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y la Bolsa de Valores de Londres (LSE), con una cartera de 7.200 millones de dólares, y contamos con la capacidad y la experiencia necesarias para abordar prácticamente cualquier necesidad de financiación de litigios… Ayudamos a empresas y bufetes de abogados a utilizar la financiación legal para transformar su forma de abordar las disputas comerciales”.
¿Por qué es relevante para las economías globales?
Porque convierte al derecho en un instrumento financiero. Alguien podría pensar que esto democratiza el acceso a la justicia. Y en parte puede ser cierto. Pero lo que inquieta es que se trata de actores fuera del sistema judicial nacional, que litigan desde paraísos fiscales, eligen jurisdicciones favorables (como Nueva York o Londres) y ejecutan sentencias sobre activos públicos en cualquier rincón del planeta. Y vaya si lo trabajan.
En la práctica, esto significa que un Estado puede terminar pagando miles de millones por una decisión soberana, como la nacionalización de una empresa, ante un tribunal extranjero, porque un fondo privado compró los derechos de quien se decía afectado. Léase YPF.
El caso YPF: una demanda vestida de inversión
En 2015, Burford compró por unos pocos millones los derechos del Grupo Petersen, una sociedad española que había quedado fuera de juego tras la estatización de YPF. No era más que un nombre en un papel. Pero con eso, inició una demanda monumental contra Argentina. Lo hizo en los tribunales de Nueva York. Con equipos jurídicos de primer nivel. Y con una narrativa: el Estado argentino expropió sin cumplir con los estatutos de YPF.
El resultado: una condena por más de 16.000 millones de dólares contra el Estado nacional. Una cifra que impacta directamente sobre las reservas del Banco Central, la estrategia diplomática y el presupuesto público. Una suma que, irónicamente, será en parte cobrada por un fondo que jamás operó en el país, y que no tiene ningún compromiso con sus habitantes.
Burford no es el único. Pero es el emblema de un sistema de litigio a gran escala. Porque logró con una operación financiera lo que muchos litigantes no logran en décadas de trabajo judicial.
¿Hacia dónde vamos con este modelo?
La lógica del litigation funding plantea un escenario que desafía todos los paradigmas del derecho clásico. ¿Quién tiene el interés real en el pleito? ¿Se puede hablar de daño moral o derechos subjetivos cuando el demandante es una sociedad anónima con fines de lucro? ¿Debe el derecho admitir que las demandas se coticen en bolsa?
La Corte Suprema de EE.UU. aún debate los límites éticos del modelo. Algunos países comenzaron a regularlo. Pero en Argentina —y en muchos países latinoamericanos— aún estamos en pañales frente a estos jugadores.
El caso YPF debe servir como una advertencia institucional: la soberanía no solo se pierde por vía militar o diplomática, también se pierde en los tribunales globales donde las reglas del derecho son dictadas por quienes pueden pagarlas.
Conclusión: cuando la justicia se transforma en commodity
Burford Capital representa la avanzada de un nuevo orden jurídico-financiero. No vienen por ideales. Vienen por retornos. Su herramienta es el conflicto convertido en activo. Y si no entendemos a tiempo cómo operan, lo que está en juego no será solo el Tesoro Nacional, sino la autonomía del derecho como herramienta de justicia.
*Abogado, profesor de Teoría y Derechos Constitucionales de la UNNE y de Derecho Constitucional del Poder en la UCP.
