El informe anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) –presentado ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo– refleja que desde 2016 en adelante la cantidad de personas privadas de la libertad en el país está creciendo de manera insostenible para el sistema penitenciario.
Martes, 22 de julio de 2025
Por Adriana Meyer
“Esto provoca que se profundice la crisis estructural de hacinamiento y sobrepoblación, y que se trasladen situaciones críticas a alcaidías y comisarías en todo el país”, dijo a Página12 el secretario ejecutivo del organismo, Alan Iud. Según los datos recabados en el documento al que accedió este diario, en Tucumán el hacinamiento en comisarías es del 426 por ciento. Otra de las conclusiones del informe es la utilización del aislamiento solitario –permanencia de personas en un lugar muy reducido por un largo período, por caso varios meses– como una forma de “gestionar” el encierro por parte de los penitenciarios para “mantener la paz”.
“Este fenómeno tiene un impacto muy grande en el acceso a derechos de las personas privadas de la libertad, en especial a la salud y a la alimentación, tanto en el ámbito policial como penitenciario”, agregó Iud. Las personas detenidas en comisarías también ven afectado su derecho al trabajo, a la educación y a sus visitas, pero no es mucho mejor la situación en las cárceles. “En el ámbito penitenciario en ese campo no es tan crítica como en el policial pero también presenta graves deficiencias, producto de que la capacidad de los establecimientos para desarrollar actividades educativas o laborales no alcanza a comprender a la gran cantidad de personas privadas de libertad que supera el cupo declarado por el propio Servicio Penitenciario”, explicó el directivo del CNPT.
La presentación del informe da cuenta del diagnóstico de las personas privadas de la libertad en el país, del estado de cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de las acciones del Comité en 2024 y su ejecución presupuestaria.
El trabajo del CNPT pone en evidencia la política de muchas provincias de dejar a que personas permanezcan alojadas en comisarías, porque las cárceles no dan abasto de tanto hacinamiento. En los últimos años se ha incrementado significativamente la población en comisarías: entre 2016 y 2023 creció el 145 por ciento, casi el triple del incremento en comparación con las cárceles en ese mismo lapso que alcanzó el 48,5 por ciento. Las personas permanecen meses, años y en algunos casos cumplen toda su condena en comisarías que deberían ser para estadías breves.
Al 31 de diciembre de 2023 había 13.287 personas alojadas en comisarías, subcomisarías, alcaidías y otro tipos de dependencias policiales en el país. En 2016 esa cifra era de 5422 personas. Las cifras evidencian el ritmo de este crecimiento, que no logra ser contenido por la inauguración de nuevos establecimientos penitenciarios ni por el empleo de estrategias de “desagote” de los espacios de encierro. No son pocas las comisarías las que deben refuncionalizar espacios que tenían para otros fines tales como como oficinas, cocinas, pasillos o patios.
A partir de las inspecciones que realiza, el CNPT verificó que los espacios para alojamiento de personas detenidas tienen dimensiones mínimas. En relación a la higiene registró personas alojadas con cuadros infecciosos severos, producto de la presencia de plagas, hongos y otras afectaciones a la salud.
Respecto a los tipos de torturas que se aplican en comisarías, las personas detenidas son separadas y llevadas a un espacio cerrado, por caso una oficina o un sótano, donde son sujetadas de distintos modos y sometidas a interrogatorios sobre los delitos que habrían cometido, mientras son golpeadas con tonfas, puños y/o patadas; en algunos casos, surge la participación de grupos especiales o brigadas de investigación.
Los procedimientos de requisa también son efectuados por personal de grupos especiales, como infantería, y constituyen escenarios de represión colectiva, habitualmente con el uso de gas pimienta y disparos con postas de goma incluso dentro de las celdas. Entre los casos de mayor gravedad, se describieron requisas de cuerpo desnudo, y las personas detenidas son obligadas a realizar posiciones humillantes y a permanecer por tiempos prolongados con sujeciones o de rodillas o en el piso.
La prisión dentro de la prisión
Los estándares internacionales remarcan los efectos nocivos y potencialmente irreversibles para la salud psicofísica del aislamiento solitario como sanción o medida disciplinaria. Nadie debe estar en ese régimen más de 15 días ininterrumpidos. Sin embargo, el Comité en sus inspecciones relevó que confinamientos que se extienden durante varios meses, personas que permanecen en esas celdas 22 horas diarias, el retiro automático del derecho al contacto con el mundo exterior, así como sanciones informales, sin registro y sin notificación a la defensa.
Por demás grave resulta la ausencia absoluta de control judicial alguno, las celdas no tienen ventilación natural ni artificial, la higiene es deplorable con pérdidas de agua y sectores inundados, y las personas están en penumbras todo el tiempo.
Según el CNPT, las razones del aumento de la tasa de encarcelamiento en las últimas décadas radican en las reformas penales regresivas, tanto de fondo como procesales: “Esta tendencia de reformas regresivas para los derechos de las personas sometidas a proceso y que implican una mayor severidad penal se observó también en los principales proyectos que fueron impulsados desde el Poder Ejecutivo durante el 2024: la llamada Ley Antimafias; el proyecto de ley sobre modificación del Código Penal sobre resguardo del orden público (art. 34, 237 y 238); y el proyecto de ley sobre modificación del Código Penal y Código Procesal Penal Federal, sobre Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de condenas”.
Entre los principales acontecimientos de 2024 en causas seguidas por el Comité figura el juicio por las muertes en la Brigada Femenina de Concepción, la condena por la muerte de Federico Orihuela, y la investigación penal de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, daños y demás delitos denunciados por personas privadas de la libertad alojadas en el régimen de alto perfil de la provincia de Santa Fe.
En noviembre de este año el estado argentino será examinado y deberá rendir cuentas ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, organismo que ya recibió este informe y seguramente será uno de los principales insumos ante esa instancia.
Publicado en Página/12
