A pesar de una resolución judicial que prohíbe explícitamente la exposición pública de personas condenadas durante sus traslados, el gobierno del Chaco volvió a montar un operativo mediático con difusión de datos personales, imágenes y detalles de las condenas. La medida judicial fue dictada por los jueces de Ejecución Penal, Ligia Duca y Jorge Lataza, quienes advirtieron que estas prácticas vulneran derechos fundamentales, promueven el escarnio social y no pueden justificarse bajo ningún argumento de orden institucional o seguridad pública.
Lunes, 21 de julio de 2025
La resolución de los jueces Duca y Lataza, fechada el pasado 27 de junio, surgió a partir de una presentación de la Defensoría General Adjunta, que alertó sobre reiteradas publicaciones periodísticas impulsadas por el propio gobierno provincial y las fuerzas de seguridad. En ellas se exhiben a personas condenadas durante su traslado desde comisarías hacia unidades penitenciarias, acompañando las imágenes con sus nombres completos, delitos y penas impuestas.
Según los magistrados, esta forma de “publicidad no permitida” refuerza la estigmatización social y constituye un castigo adicional, al margen de lo que establece la ley. Recordaron que la ejecución de la pena debe respetar el principio de humanidad, tal como lo establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, la Ley 24.660 de Ejecución Penal y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. En particular, el artículo 71 de la Ley de Ejecución establece que los traslados deben realizarse “sin publicidad y exentos de exposición pública”.
Uno de los antecedentes más notorios se registró el 31 de marzo pasado, cuando 15 personas condenadas fueron llevadas desde comisarías de Sáenz Peña, Tres Isletas y Castelli al Complejo Penitenciario II. Antes del ingreso al penal, fueron alineadas en el predio de la Ferichaco para ser fotografiadas y filmadas por la prensa local, en una puesta en escena que las autoridades utilizaron para detallar públicamente los delitos cometidos por cada uno.
A pesar de esta advertencia judicial y de la exhortación a los Ministerios de Seguridad y de Gobierno para que adopten medidas de resguardo, el pasado fin de semana la Policía del Chaco volvió a difundir un parte oficial con los nombres, penas e imputaciones de once personas condenadas trasladadas desde comisarías del Área Metropolitana al Complejo Penitenciario Provincial 1 de Resistencia. El procedimiento fue presentado como parte de una política de “ordenamiento del sistema penitenciario” y, nuevamente, incluyó imágenes y declaraciones oficiales que insistieron en destacar los delitos atribuidos a los trasladados.
Esta no es la primera orden judicial vinculada a la población carcelaria que desoye el gobierno de Zdero. Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) le ordenó garantizar el derecho a la comunicación de las mujeres privadas de libertad en las Unidades Penitenciarias N° 1 y 8 de Resistencia a través del acceso equitativo a equipos de telefonía celular. Esto ya se lo había ordenado el 13 de mayo pasado, en cuanto a los detenidos y detenidas de toda la provincia, pero hasta la fecha no cumplió.
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