La acción de amparo presentada por quince empleados de la Administración Tributaria Provincial (ATP) no solo expone una disputa legal, sino también el drama humano detrás de los despidos masivos. Tras años de trabajar bajo contratos de locación de servicios, estos trabajadores quedaron abruptamente sin sustento, llevando al límite sus situaciones personales.
Sábado, 19 de julio de 2025
Entre los afectados hay una madre lactante con un hijo que requiere tratamiento médico continuo. Su despido no solo la dejó sin ingresos, sino que también cortó el acceso a la obra social que cubría los medicamentos y terapias de su pequeño. “Era nuestro único sostén. Ahora no sé cómo pagaremos los estudios ni las recetas”, relató a través de su abogado.
Otro caso es el de un trabajador que enfrenta un tumor benigno con riesgo de expansión cerebral. Durante años, destinó la mitad de su salario al alquiler mientras mantenía a su pareja y un hijo de tres años. Su desvinculación lo dejó sin posibilidad de continuar sus controles médicos ni de costear la vivienda. “Me despidieron por correo electrónico, sin explicaciones. Ahora vivo con el miedo de que mi condición empeore”, confesó.
La lista incluye también a una empleada que logró escapar de una situación de violencia de género gracias a su trabajo en la ATP. Como madre soltera de una adolescente, el salario le permitió alquilar un lugar seguro. “Quedar desempleada me devuelve a la incertidumbre. No quiero que mi hija vuelva a pasar por eso”, expresó.
Uno de los casos más críticos es el de un padre viudo, único proveedor de su hija menor. Tras casi una década en el organismo, su despido lo sumió en la desesperación. “No tengo ahorros ni red familiar. ¿Cómo le explico a mi hija que no podremos pagar el colegio o la comida?”, cuestionó.
Estas historias se repiten entre los quince demandantes, muchos de los cuales trabajaban más de 10 horas diarias en áreas clave como recaudación o ejecuciones judiciales. Pese a su antigüedad, nunca accedieron a derechos básicos como aguinaldo, vacaciones pagas o estabilidad.
El abogado Mario Peredo Aguirre, representante de los trabajadores, enfatizó: “Estamos ante un Estado que usa figuras contractuales para negar derechos. Estos despidos no son solo ilegales, sino inhumanos”. La medida cautelar busca frenar más ceses hasta que se resuelva si los contratos son inconstitucionales.
Mientras la Justicia define, las familias sobreviven con ayudas esporádicas. “Nos dijeron que éramos temporales, pero nadie hace 11 años algo ‘transitorio'”, resumió uno de los ex empleados. El fallo podría sentar un precedente sobre cómo se contrata en el sector público chaqueño.
