La Anses defendió la presencia de su delegado regional, Alfredo “Capi” Rodríguez, durante el allanamiento al estudio contable de Alicia Strada, investigada por presuntas jubilaciones irregulares. La defensa de la contadora pidió la nulidad del procedimiento por considerar que se violó la garantía del debido proceso al constar que había “terceras personas no autorizadas” en el operativo. El organismo sostuvo que Rodríguez fue un mero “observador”, que obró de acuerdo a “su sentido del deber”. El juez Mianovich aún debe resolver el planteo.
Miércoles, 16 de julio de 2025
Verónica Viera, abogada en representación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), rechazó el planteo de nulidad realizado por la defensa técnica de la contadora, Alicia Strada, en relación al allanamiento efectuado en su estudio jurídico, como parte de la investigación por las presuntas gestiones de jubilaciones irregulares.
Calificó el pedido de la defensa como “exagerado”, “innecesario” e “improcedente” y defendió la presencia del delegado regional de la Anses, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, junto a otro empleado del organismo en dicho operativo judicial al indicar que sólo estaban allí como meros “observadores”, siguiendo su “sentido del deber”.
En el marco de la causa en la cual se investiga a la contadora Strada por presunta defraudación contra la Administración Pública, falsificación de documentos públicos y uso de documento adulterado o falso, sus abogados defensores, Marcos Molero y Gastón Chapo, solicitaron al juez Federal 2, Ricardo Mianovich, la nulidad absoluta del procedimiento realizado el 30 de junio pasado en el estudio contable de Strada, en el microcentro de Resistencia. La solicitud se fundamenta en una “expresa afectación a las reglas del debido proceso y su derivación inherente al Derecho de Defensa”.
El punto central del reclamo radica en la presencia de “terceras personas no autorizadas”. Si bien la orden judicial delegaba la ejecución del acto en la Prefectura Naval Argentina y autorizaba la intervención del titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco como veedor (dado que se allanaba un estudio contable), el acta de allanamiento revela la participación del delegado regional de Anses Chaco, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, y de un empleado del organismo, Daniel Espinosa.
La defensa de Strada argumenta que Rodríguez y Espinosa no actuaron como testigos, rol que fue cumplido por otras dos personas, ni como veedores, función desempeñada por el titular del Consejo Profesional. Se sostiene que la intromisión de estos funcionarios de Anses, ajenos a la orden judicial y al procedimiento, pudo haber implicado un “direccionamiento del material colectado y objeto de secuestro”.
La presentación judicial enfatiza la “gravedad institucional” de esta situación, señalando que la presencia de funcionarios públicos ajenos a la fuerza de seguridad encargada de la diligencia es una clara violación del debido proceso y el derecho de defensa. Además, se destaca que no se dejó constancia de que los “autoconvocados” al allanamiento hayan sido inspeccionados al ingresar al domicilio, lo que imposibilita determinar si el material secuestrado ya se encontraba allí o si fue introducido por personas ajenas al trámite.
“Abstracta”
Como parte del procedimiento para aceptar o no el planteo, el juez Mianovich corrió vista a la Anses y el organismo respondió. De acuerdo al escrito al que tuvo acceso LITIGIO, su representante legal se opuso al pedido al considerar que no se logró identificar con claridad los motivos concretos por los cuales se habría violado algún derecho de la acusada.
Consideró que los abogados Molero y Chapo construyeron una hipótesis “abstracta y potencial” de diversas situaciones que se habrían dado mediante la presencia de los funcionarios de Anses en el procedimiento, el cual, según ella, se llevó adelante “conforme a la ley”.
Si bien omite indicar que tanto Rodríguez como Espinosa no estaban habilitados a estar dentro del estudio contable, sostiene que ningún integrante de la fuerza de seguridad nacional que realizó el allanamiento indicó que su presencia estaba vedada.
Además, señaló que resulta una “hipótesis mágica” pensar que podrían haber ingresado de manera solapada algo del caudal probatorio secuestrado ante la presencia de siete personas, entre las que se cuentan cuatro integrantes de fuerzas de seguridad, dos testigos, un veedor y un personal del estudio contable. Mencionó además que en esa ocasión se secuestraron dos CPU, un teléfono celular y 23 cajas de documentación.
Para la abogada Viera, el procedimiento se realizó de acuerdo a lo solicitado por el juez, más allá de la “mera observación” que hicieran los funcionarios de la Anses que se presentaron “sólo a esos efectos”, en el convencimiento de ser ello una “responsabilidad ética y profesional por la investidura que poseen”.
“Lejos de intentar intervenir —y menos aún de cambiar el curso de las cosas— los funcionarios presentes en el allanamiento cuestionado obraron siguiendo su sentido del deber, sin mostrar intención alguna más allá de la mera presencia y observación, hecho que no fue cuestionado por Prefectura Naval, ni antes ni durante la realización de la medida en cuestión”, indicó.
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