La Cámara Federal de Resistencia ratificó el procesamiento sin prisión preventiva del jefe comunal, Carlos Ibáñez, su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, y otras siete personas por integrar una presunta organización delictiva para gestionar de manera fraudulenta pensiones no contributivas por invalidez. El tribunal afirmó que en el caso se dan “todos los elementos típicos” de una asociación ilícita y hablaron de una “plataforma de corrupción sistemática”.
Viernes, 11 de julio de 2025
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del intendente Taco Pozo, Carlos Ibáñez; de su hija y de otras siete personas de esa localidad del noroeste de la provincia del Chaco acusados de integrar una asociación ilícita para la tramitación de pensiones no contributivas por invalidez “truchas” con las que habrían defraudado al Estado Nacional. A la vez, revocó la medida para el director del hospital zonal, por falta de pruebas suficientes.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este jueves 10 de julio y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García. El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que alegaban falta de fundamentación y errores en la valoración probatoria. Además, destacó que existen indicios suficientes para sostener la imputación, aunque aclaró que el procesamiento no anticipa una condena y que la discusión final deberá resolverse en el juicio oral.
En cambio, la Cámara revocó el procesamiento de Miguel Ángel Bilinski, director del Hospital de Taco Pozo, por considerar que su participación no está suficientemente acreditada. Bilinski, bioquímico de profesión, había sido imputado por refrendar certificados médicos, pero el tribunal entendió que su rol era administrativo y no implicaba un control clínico. No obstante, se ordenó continuar la investigación en su contra.
El caso
El caso investiga una presunta asociación ilícita integrada por funcionarios públicos, médicos y particulares que habrían gestionado fraudulentamente pensiones no contributivas por invalidez. Según la investigación, los imputados utilizaron certificados médicos falsos o sin respaldo clínico, cargados en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para obtener beneficios económicos indebidos, causando un perjuicio al Estado nacional.
Entre los procesados se encuentran Carlos Antonio Ibáñez, intendente de Taco Pozo, y su hija Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert, acusados de organizar la estructura delictiva; Marcos Gustavo Rojas, médico señalado como principal ejecutor de la carga de certificados falsos; María Estela Luna, Florencia Carolina Jaimes y Yanina del Valle Maza, imputadas por reclutar beneficiarios y cobrar sumas de dinero; Rocío Valeria Arias, Rodrigo Alfredo Arias y Antonio Celestino Ibáñez, empleados municipales vinculados a la tramitación irregular.
La decisión de la Cámara
En sus fundamentos, el tribunal advirtió que “debe contextualizarse la naturaleza de los hechos que se investigan en la presente causa y la consiguiente imputación en orden a los delitos endilgados, ya que en este tipo de figuras usualmente la prueba indiciaria debe utilizarse en mayor medida, dada la complejidad de las maniobras”. Y puntualizó sobre todo que en el caso particular “también se han obtenido pruebas directas como resultado de los allanamientos realizados y de los testimonios brindados que permitieron a la Juzgadora concatenar su razonamiento en aras de tener por acreditada provisoriamente la hipótesis inicial”.
En ese contexto, consideraron que “las conclusiones de la Jueza encuentran apoyatura en la vastísima documental, informativa y testimonial recabada durante la instrucción, debiendo destacarse que la pesquisa continúa y que se entiende oportuna la consideración respecto de las medidas pendientes, tales como identificar las IP desde las que se cargaban los beneficiarios y resultados de pericias”.
El caso continuará su curso en la justicia federal, donde se espera la realización de nuevas pruebas y, eventualmente, la elevación a juicio oral. La resolución subraya la gravedad de los hechos, que afectaron a un sistema diseñado para proteger a personas con discapacidad, y refuerza la necesidad de combatir la corrupción en el ámbito público.
La asociación ilícita
Con respecto al cuestionamiento de las defensas a la utilización de la figura de la asociación ilícita, la Cámara aseguró que en el caso se da “la presencia de todos los elementos típicos necesarios para la configuración del referido delito”. En ese contexto, sostuvieron que “la conformación de la presunta asociación ilícita integrada en su núcleo más rígido por el intendente de Taco Pozo Carlos Antonio Ibáñez, su hija Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert quien se encargaba de coordinar las funciones y empleados del CAD, y el médico Rojas quien firmó la mayoría de los certificados médicos y los cargaba ante el organismo nacional, se muestra como el puntapié inicial que luego desencadenó en la comisión reiterada de un número indeterminado de delitos en perjuicio de la administración pública nacional, para lo cual resultó necesaria la incorporación de nuevos sujetos, en principio ajenos al acuerdo de voluntades primigenio, para lograr concretar el emprendimiento delictivo que con el transcurso del tiempo asumió una sustancial envergadura”.
No obstante, las camaristas no abordaron en concreto la situación del intendente Carlos Ibáñez, cuyo procesamiento contenía argumentos que aparecían como los más endebles ya que, sin pruebas de su intervención, la jueza federal de primera instancia conjeturó que “habría participado o tenido conocimiento del entramado en el que se gestionaban de manera irregular las pensiones no contributivas, colaborando –ya sea directa o indirectamente- con el mecanismo fraudulento que involucraba el uso indebido de claves y el control de trámites a través del Centro de Atención Digital (CAD) de la municipalidad”.
“Plataforma de corrupción sistemática”
Las camaristas observaron en los hechos investigados “una plataforma de corrupción sistemática la que denota una confusión ética entre lo público y lo privado y la falta de transparencia del Estado”. Y recalcaron que “es precisamente la trascendencia de los sucesos en análisis, los que afectan a la sociedad toda, la que exige el máximo de compromiso en la investigación de los delitos endilgados a los imputados, ya que la corrupción es una de las caras de un fenómeno criminal más complejo y más abarcativo”.
Asimismo, advirtieron que no se debe dejar de lado “el daño social considerable producido por la maniobra al afectar a la población más vulnerable y a quienes más necesitan de políticas de asistencia por lo que es preciso tener conciencia sobre los verdaderos efectos de estos delitos”.
