La Cámara Federal de Resistencia confirmó el rechazo del hábeas corpus presentado en favor del jubilado chaqueño acusado de amenazar al presidente. El juez Ariel Lijo tiene ahora vía libre para decidir si lo traslada a una cárcel federal. El Comité contra la Tortura advirtió que la medida sería desproporcionada e implicaría un riesgo para su integridad física. Mientras tanto, el hombre permanece detenido en dependencias de la Policía Federal en Resistencia.
Viernes, 11 de julio de 2025

La Cámara Federal de Resistencia confirmó el rechazo del hábeas corpus presentado en favor del jubilado chaqueño acusado de amenazar al presidente. El juez Ariel Lijo tiene ahora vía libre para decidir si lo traslada a una cárcel federal. El Comité contra la Tortura advirtió que la medida sería desproporcionada e implicaría un riesgo para su integridad física. Mientras tanto, el hombre permanece detenido en dependencias de la Policía Federal en Resistencia.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la decisión del Juzgado Federal 1 de la capital chaqueña de rechazar el habeas corpus presentado a favor de D.R.V., el jubilado chaqueño detenido por presuntas amenazas contra el presidente de la Nación, Javier Milei.
D.R.V., quien se encuentra alojado en la comisaría de la Policía Federal, en el centro de Resistencia, buscaba evitar su inminente traslado al Servicio Penitenciario Federal. Con esta decisión queda allanado el juez de la causa, Ariel Lijo, para decidir si dispone un nuevo alojamiento, que podría ser en la U7 de Resistencia o en cualquier otra cárcel federal del país.
La acción de habeas corpus fue interpuesta por el comisionado, Roberto Sotelo, en representación del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco. La presentación argumentaba que el posible traslado a un penal, sin estar aún procesado ni condenado, resulta desproporcionado, constituye un agravamiento de sus condiciones de detención y pondría en riesgo su integridad física. Se citó una presentación previa de la Fiscalía General de Resistencia que solicitaba que D.R.V. continuara detenido en la comisaría de la Policía Federal hasta tanto se resuelva su situación procesal.
Sin embargo, la jueza Federal, Zunilda Niremperger, desestimó el habeas corpus, al considerar que no se evidencia un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Se argumentó que la cuestión excedía la competencia de este remedio constitucional y debía ser tratada por el juez natural a cargo de la investigación, es decir, el titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 4, Ariel Lijo.
La Cámara Federal de Resistencia, integrada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, compartió el criterio de la instancia anterior. En una resolución con fecha del jueves, a la que accedió LITIGIO, el tribunal sostuvo que el motivo de la acción, vinculado con un posible traslado y sus consecuencias, no encuadra en los supuestos de procedencia del habeas corpus, ya que los riesgos alegados son “potenciales o meramente hipotéticos” y no se advierten situaciones que agraven las condiciones de detención del acusado en la comisaría de la Policía Federal.
Asimismo, la Cámara reafirmó que cualquier petición relacionada con el traslado o permanencia de un detenido es competencia “propia y exclusiva” del juez Lijo.
En consecuencia, el Tribunal por mayoría confirmó la resolución del Juzgado Federal 1 y ordenó comunicar la decisión al Juzgado Criminal y Correccional Federal 4. En tanto que D.R.V. continuará alojado en las dependencias de la Policía Federal Argentina de Resistencia mientras Lijo decide qué hará con él.
Detenido
D.R.V. fue detenido el 2 de julio en la capital chaqueña por una insólita razón: lo acusan de amenazar por redes sociales a Milei; al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a periodistas oficialistas. D.R.V. tiene 63 años y carece de capacidad logística, material y operativa para llevar a cabo lo que supuestamente habría dicho que haría. Sin embargo, para ese entonces, varios medios locales y nacionales ya lo habían etiquetado con el hiperbólico mote de “temible jubilado”.
La aprehensión se realizó a través de agentes de la Sección de Relevamiento en Investigaciones Complejas, dependiente de la División de Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes realizaron tareas de “ciberprevención”. En una de ellas detectaron las publicaciones de un usuario denominado “Elpidio Sánchez”, que difundía los supuestos amedrentamientos. Durante el procedimiento, se incautó una carabina calibre 22 Y cuatro aires comprimidos. A las claras, armamento bastante exiguo para concretar cualquier ataque a las figuras públicas mencionadas.
Tras su arresto, fue alojado en una oficina de la Comisaría Tercera de Resistencia, sin cama, colchón, elementos básicos ni acceso a instalaciones sanitarias. Tampoco tenía abogado defensor, desconocía de qué se lo acusaba, y lo único que obtuvo de autoridades policiales que lo tenían en custodia es una amenaza de traslado a Ciudad de Buenos Aires, lejos de su familia.
Condiciones
Al constatar esta situación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco presentó un hábeas corpus correctivo ante la jueza Niremperger. Desde el organismo de control de derechos humanos se solicitó el cese del agravamiento en sus condiciones de detención. A su vez, se solicitó que comparezca de manera urgente ante el juez de la causa para determinar exactamente de qué se lo acusaba.
La magistrada hizo lugar a la acción y ordenó una serie de medidas. Instruyó a la Policía del Chaco a garantizarle condiciones básicas de habitabilidad (cama, colchón, baño e higiene), asegurar atención médica adecuada e inmediata por su hipertensión crónica, permitir el contacto sin restricciones con su defensa técnica y evitar toda forma de exposición mediática indebida para preservar su integridad y dignidad.
El jubilado fue indagado por el juez Lijo, quien le comunicó sobre los pormenores de su imputación. La defensa del jubilado, encabezada por la defensora oficial, Florencia Plazas, pidió la excarcelación, la cual le fue denegada por el magistrado porteño. De todos modos, la decisión ya fue apelada.
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