El Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata a cargo de Juan Tapia recopiló testimonios de personas en situación de calle que fueron violentadas por el Cuerpo de Patrulla Municipal que responde el intendente del PRO Guillermo Montenegro.
Jueves, 3 de julio de 2025
Por Andres Miquel
“Nos tiraron al piso y nos empezaron a decir que ya nos habían avisado que no podemos estar ahí. Empezaron a golpearnos cada vez más y después nos dijeron que por gil tenía que dejar mis zapatillas y me sacaron las zapatillas y el buzo. Esa vez yo después me tuve que ir descalzo a buscar otro lugar a donde ir. Antes que nosotros nos vayamos de ese cajero nos sacaron a correr agarraron a mi hermano entre cuatro municipales y le pegaron en las costillas.”
El párrafo corresponde al testimonio de Martín, una persona en situación de calle de Mar del Plata. La cita es parte del fallo contra el proceder del Cuerpo de Patrulla Municipal que lanzó Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón. La Justicia dio lugar al habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria a raíz de las operaciones del grupo policial que se volvió protagonista de las redes sociales del jefe comunal del PRO que se dedica a atacar a quienes duermen en veredas, cajeros o son trapitos.
El Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Plata a cargo de Juan Tapia resolvió que, a partir de los fundamentos expuestos por la CPM a cargo de Adolfo Pérez Esquivel desde febrero de 2025, hace lugar al recurso “de alcance colectivo ordenando a las autoridades del municipio de General Pueyrredón que omitan tanto el despliegue de operativos por parte del Cuerpo de Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales”.
El escrito, al que tuvo acceso Buenos Aires/12, advierte que la decisión apunta al “resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable que ha sido objeto de la presente acción”.
A juicio del letrado, la acción de la patrulla de Montenegro atenta contra artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer artículo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como los artículos 18, 43 y 75 de la Constitución Nacional y el 20 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
Una estructura violenta
Entre los párrafos que justifican la decisión del juez, destaca la interpretación sobre las acciones violentas del Cuerpo de Patrulla Municipal como parte de la “estructura del estado municipal” a partir de la acumulación de testimonios de diversas personas que “hacen referencia al modo violento en que han sido trasladados por agentes municipales”.
Un caso es el de Hugo. “Estoy en situación de calle y no es que tuve problemas, pero hay gente del Municipio, la camioneta negra, dos, tres negras, una blanca y un Bora no se si es Jefe de calle, pero hay uno grandote que te pega y te levanta a palazos, te patean. A mi compañero, mi viejito, lo patearon y le dejaron el tobillo que parece un globo. Nos sacaron todo, yo iba a dormir a otro lado”, cuenta.
Otro es el de Azul, que relata lo que vivió su compañera, Marimar, golpeada mientras ella grababa la situación. “Cuando los funcionarios se dieron cuenta que estaba filmando, uno de ellos corrió hacia ella y le llenó la cara de gas pimienta. Cuando pasa eso, comenzó a golpear las persianas ubicadas en Luro yendo para San Juan. Se puso debajo de la cámara para que quede filmado que la estaban torturando y tirándole gas pimienta.
El recorrido de los hechos que combina textuales del testigo y del entrevistador, agrega que le quebraron el teléfono y “la tuvieron secuestrada tres horas en el móvil dando vueltas sobre la plaza Rocha y después la llevaron a la comisaría. La llevaron con mentiras diciéndole que allí le iban a devolver el celular, eso se lo dijo una policía narizona que anda siempre con los municipales. Una vez que la liberan no la hicieron pasar por médico legista, reitera que le pegaron y le tiraron gas pimienta en la cara. Nunca le dieron el teléfono. También se llevaron su DNI argentino temporal extranjero”.
“Te levantan te sacan todas las cosas, todo lo que tengas sean tuyas o no, colchones, frazadas eso se está viendo todas las noches como pasan las camionetas cargadísimas de cosas y te dicen más vale que no te vuelva a ver por acá porque sino vengo y te mato a trompadas de vuelta y te saco lo poco que tenes”, sostiene Martín, el mismo que contó el primer párrafo de la nota.
Tal como viene contando este diario, las acciones judiciales comenzaron en febrero. En aquellos días, Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, explicó que desde la organización elevaron “casos de la Patrulla Municipal más graves porque actúan en la noche, sin identificación y golpean gente en situación de calle”. “Solo queremos que cumplan las leyes y respeten los derechos humanos”, indicó.
En todos los casos, aseguraron que no encontraron una respuesta de contención en estructuras del Estado, como hogares o refugios. Dirigentes opositores señalaron a este medio que los espacios son pocos, están saturados y “van ahí y les roban las cosas”.
Las palabras de Montenegro
En una de sus últimas publicaciones, Montenegro define como “room service” un operativo de la patrulla que ingresa a un baldío, interpela a dos personas que dormían en el lugar y les indican que “en Mar del Plata no queremos okupas, queremos gente que labure”. También, días atrás, tuiteó un “desalojo” de una “rancheada que estaban armando unos okupas al lado de una casa de familia”. “Siempre a favor de los que ahorran para hacerse una pieza más y llevan a los chicos a la escuela. Nunca con los que toman”, escribió sin ninguna apreciación sobre las razones que motivaron a las personas a instalarse en el terreno.
“Siempre del lado del obrero que va en bici a la construcción. Del que madruga para abrir la panadería. De la abuela que retira a sus nietos de la escuela. Nunca con el okupa, el que toma tierras, extorsiona, delinque”, expuso en otra ocasión, sintetizando categorías para las personas en situación de calle.
Ante la Justicia, el intendente marplatense que coquetea con La Libertad Avanza, aseguró que todo el personal de la patrulla municipal “se encuentra debidamente identificado” y que “ningún agente actúa con sus rostros cubiertos”, un relato que no se condice con los testimonios recolectados en la vía pública de Mar del Plata.
Con todo, la Justicia dictamino que se comprobó “la nocturnidad de los operativos focalizados en personas de difícil o imposible localización posterior, carentes de domicilio, lo que dificulta su posterior citación y minimiza la posibilidad de efectuar denuncias penales”.
También, sostiene que se constató la utilización de prendas oscuras y el ocultamiento de los rostros, “que impiden la identificación de los ejecutores, cuyo carácter de funcionarios municipales se infiere de los vehículos utilizados”.
En paralelo, el escrito afirma que hubo una planificación de los operativos, uso de violencia física y psíquica contra sujetos desarmados y “la inexistencia de actuaciones administrativas para investigar los hechos”.
El texto detalla que, entre todos los objetos que se les sustrajeron a las personas, los relatos coinciden en que perdían sus colchones y mantas para dormir. En algunos casos, también los teléfonos, zapatillas, ropa de abrigo y sin ningún registro administrativo.
“Insisto, esta mirada en clave de reconocimiento de derechos humanos fundamentales, no implica desconocer las facultades conferidas al Municipio en el control del espacio urbano. Todo lo contrario. De lo que se trata es de la realización de procedimientos respetuosos de la vida, la integridad física y la dignidad de las personas respecto de las cuáles se ejerce la respuesta estatal”, subrayó el juez.
Publicado en Página/12
