La cifra surge de un reciente estudio realizado por los investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, Marcelo Graciosi y Maximiliano Román. El 52% de los despidos se produjeron en dependencias provinciales, 34% en municipios y el resto se dieron en organismos nacionales con sede local. Los autores sostienen que estos despidos no son hechos meramente administrativos, sino parte de una estrategia más amplia de reconfiguración del Estado y disciplinamiento social.
Jueves, 3 de julio de 2025
La reciente oleada de despidos masivos que se vienen llevando a cabo desde esta semana en la Administración Pública del Chaco, estimada en más de 100 trabajadoras y trabajadores de distintos estamentos, no es más que un calculado método de ajuste y crueldad que viene llevando adelante desde diciembre de 2023 la gestión radical-libertaria.
Ante la ausencia de datos oficiales a nivel local, un reciente estudio realizado por los docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, Marcelo Graciosi y Maximiliano Román, arroja luz sobre la drástica transformación en las condiciones laborales de la clase trabajadora en la provincia, durante el primer año de gobierno de Javier Milei a nivel nacional y Leandro Zdero a nivel provincial.
El informe, presentado en las VII Jornadas Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales, analiza el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2025, revelando una cifra de 1265 despidos. Esto equivale a 100 despidos por mes, más de tres por día o uno cada siete horas.
Los investigadores destacan que esta ola de despidos representa una de las transformaciones más profundas en las condiciones de vida de la clase obrera en la Argentina reciente, no solo por la eliminación de puestos de trabajo, sino también por la flexibilización de las condiciones laborales que conlleva. Esta política de reducción del número de empleados públicos se enmarca en la premisa central del neoliberalismo de achicar las funciones del Estado para que las esferas sociales queden en manos del mercado.
El informe subraya que el ajuste en el gasto público durante este período ha sido “sin precedentes”. Si bien las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía reportan 35.934 bajas laborales en el Estado a nivel nacional, consultoras privadas como CEPA elevan esa cifra a 43.778 despidos en el sector público en los primeros 13 meses de la gestión Milei. Las empresas estatales y organismos descentralizados fueron los más afectados por este ajuste.
Despidos en el Chaco
El estudio se centró en los despidos ocurridos específicamente en el territorio chaqueño, abarcando todas las jurisdicciones (municipal, provincial y nacional) y distintas modalidades de vínculo laboral, incluyendo tanto trabajadores de planta como precarizados. La fuente de información utilizada fueron las noticias publicadas en los portales digitales de alcance provincial.
El detalle del trabajo muestra dos picos significativos: uno el 16 de abril y otro el 27 de diciembre. En el primer caso, 431 trabajadores municipales de Resistencia fueron despedidos. Se especula que su incorporación fue regularizada durante el tramo final de la gestión anterior, lo que sugiere motivaciones políticas detrás de sus despidos. En tanto que el 27 de diciembre, 428 trabajadores de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, dependiente del Ministerio de Producción, fueron cesanteados. Estos trabajadores estaban vinculados a programas del ex Ministerio de Desarrollo Territorial.
En cuanto a la distribución por alcance, los despidos en dependencias provinciales predominan, representando el 52,7% del total. Le siguen los despidos en dependencias municipales (34,1%), que corresponden en gran medida al caso masivo de la Municipalidad de Resistencia, y finalmente, un 13% de despidos en organismos nacionales con sede local. Estos últimos, aunque menores en magnitud, son significativos ya que implicaron el cierre de delegaciones completas en la provincia o en localidades del interior, como ANSES, ENACOM y PAMI.
Desglosando los despidos en organismos nacionales, el Ministerio de Capital Humano, a través de sus Centros de Referencia (CDR), concentró la mayor parte de los despidos (38.2%), seguido por el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Los investigadores señalan que estas instituciones están relacionadas con la salvaguarda de derechos de sectores vulnerables, a menudo estigmatizados por el gobierno nacional.
A nivel provincial, el Ministerio de Producción acaparó casi el 70% de los despidos, seguido por el Ministerio de Salud y la Empresa de Comunicación del Chaco (ECOM Chaco), de la cual dependían los medios públicos de prensa de la provincia.
Respuestas
El informe también analiza las respuestas a los despidos. La principal forma de protesta fue el paro, a menudo en el marco de convocatorias nacionales, seguido por manifestaciones y asambleas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue la organización gremial con mayor participación en las protestas, abarcando tanto organismos locales como nacionales. Se destaca la mínima incidencia de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), el sindicato más grande de la provincia, que solo protagonizó un hecho de protesta.
Un dato relevante es que la mayoría de los despidos afectó a trabajadores precarizados con contratos temporales (63,2%), aunque también hubo despidos de personal de planta permanente (15,8%), una situación poco común en Chaco.
Los autores concluyen que los despidos en Chaco no son hechos aislados o meramente administrativos, sino parte de una estrategia más amplia de reconfiguración del Estado y disciplinamiento social, en línea con las tendencias neoliberales. Conceptualizan los despidos como un ejercicio de “múltiples violencias”, no solo físicas, sino también la destrucción de relaciones sociales y de identidades construidas a lo largo de los años.
Asimismo, se enfatiza la “violencia económica” inherente a los despidos masivos, que al eliminar trabajadores y reducir la masa salarial, mejora las condiciones de acumulación de capital y empuja a los trabajadores a condiciones de explotación más flexibles. Esta violencia económica se invisibiliza bajo la aparente igualdad de un contrato libre.
Finalmente, el estudio señala que el discurso que legitima la reducción del número de empleados estatales ha ganado fuerza, lo que contribuye a explicar la debilidad de las protestas. Los autores señalan que los hechos de protesta fueron aislados y no lograron una repercusión política y social significativa, ni se observó una coalición entre los trabajadores despedidos de los diferentes ámbitos estatales.
