El Gobierno nacional eliminó por decreto las principales funciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo que desde 2015 se encargaba de la prevención de la violencia armada y el control del uso y circulación de armas de fuego en la Argentina. La decisión, firmada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 445/2025, implica un drástico retroceso en materia de seguridad pública, según denunció la Red Argentina para el Desarme.
Miércoles, 2 de julio de 2025
La medida deja sin efecto gran parte del marco normativo que daba sustento a las políticas activas de control y prevención de armas, y convierte a la ANMaC en un organismo meramente registral, similar al viejo RENAR de 1973, sin capacidad para implementar medidas restrictivas ni programas de desarme.
“¿A quién le sirve la desregulación del mercado de armas?”, se preguntaron desde la Red, que recordó que la ANMaC fue creada con apoyo casi unánime del Congreso como una herramienta moderna para prevenir la proliferación de armas y reducir la violencia. La derogación, sostienen, rompe con el consenso político alcanzado hace una década y va en contra de los avances logrados en materia de seguridad.
Paradójicamente, el propio Ejecutivo había celebrado hace pocos meses que Argentina registrara en 2024 la tasa de homicidios más baja de Sudamérica. Desde la organización afirman que ese logro fue posible, en parte, gracias a una política estatal restrictiva y al control riguroso sobre la tenencia y portación de armas.
El decreto se suma a una serie de medidas regresivas adoptadas en los últimos meses: la reducción de la edad mínima para acceder a un arma, la flexibilización del acceso a armas semiautomáticas, el sistema de “tenencia exprés” y la suspensión del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, entre otras.
“El Gobierno imita lo peor del modelo estadounidense y promueve una sociedad armada”, señalaron. Entre las consecuencias que advierten figuran un aumento de conflictos sociales armados, femicidios, suicidios, accidentes domésticos, masacres escolares y el fortalecimiento del crimen organizado.
Desde la Red Argentina para el Desarme llamaron a la sociedad civil a rechazar lo que definen como una “agenda fanática y extremista”, y exigieron al Congreso que ejerza sus atribuciones constitucionales para frenar el decreto. “Cada diputado y cada senador es responsable de construir un país más seguro: un país libre de violencia armada”, concluyeron.
