El presidente sigue adelante con su ofensiva judicial contra periodistas críticos a su gestión. Después de demandar a la fundadora de Futuröck, este miércoles hizo nuevas presentaciones por dichos que considera lesivos a su honor y reputación. La solidaridad de Sipreba con los atacados.
Miércoles, 2 de julio de 2025
El presidente Javier Milei intensificó su ofensiva judicial contra comunicadores y figuras del periodismo y sumó nuevas denuncias penales por injurias contra los periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos . La causa más reciente, presentada por su abogado Francisco Oneto, se centra en dichos que el mandatario considera lesivos a su honor y reputación.
Una denuncia engloba a los tres primeros periodistas, quienes trabajan en el canal de streaming Carnaval, y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 10. En tanto, la otra denuncia, contra Lantos, quien escribe en el portal El Destape, será tramitada en el Juzgado número 9 y en este caso, además del delito de “injurias”, incluye los de “calumnias” y “falsa imputación”.
En la denuncia, la defensa de Milei sostuvo que los periodistas realizaron diferentes manifestaciones referidas a su persona, “entre las cuales se destacan las siguientes: ‘¿Garcha Milei? Para mí es parte de la salud mental de un mandatario’ (Mauro Federico) y ‘Para mí es importante saber si la mujer de Macrón le metió un sopapo (…) Para mí no es menor si Donald Trump tiene una pareja real (…) Hace a la política, hace al esquema de poder’ (Fabián Doman)”.
Por su parte, Doman se hizo eco de la denuncia de Milei en su contra y escribió en su cuenta de X: “No me mueve el enojo ni la provocación. Trabajo de periodista. No sé qué dije que le molestó al Presidente, pero sí sé que lo hago con respeto, con datos y con honestidad intelectual. Eso es lo que intento hacer siempre: periodismo”.
El caso Mengolini: denuncia cruzada
Además, Milei denunció este martes por injurias a la periodista Julia Mengolini, por declaraciones realizadas en el programa Duro de Domar (C5N), donde afirmó: “Es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana”. La frase aludía a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y fue entendida por el entorno presidencial como un ataque injuriante.
La causa fue sorteada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello. En su presentación, la defensa de Milei argumentó que las expresiones de Mengolini fueron «dolosas» y afectaron su honor en el plano personal e institucional.
La periodista, por su parte, había anticipado que iniciaría su propia denuncia contra Milei y referentes de La Libertad Avanza, señalando que las acusaciones que circularon en redes sociales oficialistas en su contra —incluyendo insinuaciones de incesto con su hermano— configuran delitos como intimidación pública, incitación al odio y amenazas coactivas.
“Los archivos están disponibles. No hice más que ejercer mi derecho constitucional a opinar. Y ahora me denuncian penalmente por eso”, expresó Mengolini en redes, tras conocerse la denuncia presidencial.
Estas denuncias se dan en un contexto de creciente hostilidad del presidente hacia periodistas y medios críticos, marcando un punto de conflicto inédito desde el regreso de la democracia. En la misma jornada, el mandatario también retuiteó agresiones contra las periodistas María O’Donell y Romina Manguel.
No hay injurias en causas de interés público
Desde distintos sectores del ámbito jurídico, se señaló que las acciones son de dudosa validez legal, ya que los delitos de calumnias e injurias están exceptuados en causas de interés público desde la reforma del Código Penal en 2009, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión.
Organismos de prensa, abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos ya alertaron por el uso del aparato estatal para judicializar opiniones, en una posible amenaza a la libertad de expresión.
A pesar de las reiteradas denuncias, varias ya fueron rechazadas por los tribunales, lo que refuerza la percepción de que se trata de maniobras simbólicas o intimidatorias más que legales. Hace dos meses denunció a Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa. En estos últimos casos, la Justicia desestimó la denuncia por considerar que los dichos de los periodistas “están amparados por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delitos”, decisión que fue apelada.
El ataque contra la prensa de parte del gobierno es constante y sistemático. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) lo denuncia desde que se volvió habitual la represión a las y los trabajadores de prensa, sobre todo a aquellos que cubren las manifestaciones en las calles. El gremio lo sintetizó en un informe que presentó a fines de 2024 junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también lo llevó al ámbito internacional.
Este año, además, Pablo Grillo resultó herido de gravedad mientras sacaba fotos en una la marcha de los jubilados y las jubiladas en los alrededores del Congreso. El reportero gráfico recibió un cartucho de gas lacrimógeno de parte de la Gendarmería a cargo del gobierno y a casi dos meses de aquel episodio todavía se encuentra en recuperación.
Hace unas semanas, Roberto Navarro -dueño de El Destape- fue atacado en la calle y estuvo internado de forma preventiva durante 48 horas. Además, Antonio Becerra fue intimidado por Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, cuando le estaba sacando una foto antes del comienzo del debate de los candidatos legislativos de las elecciones porteñas.
Publicado en Tiempo Argentino
