La diputada provincial del Frente Grande, Tere Cubells, manifestó su firme rechazo al proyecto de ley que propone la creación de un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares en el Chaco. Consideró que se trata de una iniciativa que no soluciona los conflictos familiares desde un enfoque integral, y que lejos de proteger los derechos de las infancias, podría terminar criminalizando injustamente a quienes atraviesan situaciones complejas dentro del ámbito familiar.
Martes, 1 de julio de 2025
“El proyecto se presentó en 2022 y se discutió en la Comisión de Legislación. Desde nuestro espacio sostenemos que no ofrece soluciones reales a una problemática tan profunda”, sostuvo Cubells. La legisladora advirtió que existen herramientas legales vigentes para intervenir cuando se incumplen los regímenes de comunicación, por lo que insistir en nuevas sanciones resulta innecesario. “El problema no es la falta de normas, sino que la Justicia viene fallando desde hace tiempo, y no solo en estos casos”, afirmó.
Desde una perspectiva de derechos humanos, Cubells cuestionó que el proyecto prioriza la idea de unidad familiar sin contemplar las condiciones necesarias para que esa unión sea segura y saludable para los niños, niñas y adolescentes. “Hace años exigimos una justicia con perspectiva de género y de niñez. Las infancias son sujetos de derecho, no objetos de disputa judicial”, subrayó en declaraciones a Radio Libertad.
Además, advirtió que muchas veces las denuncias por violencia o abuso dentro del ámbito familiar no son escuchadas ni investigadas debidamente. “Se dilatan durante años, lo que deja a las víctimas en total desprotección”, lamentó.
En ese sentido, también señaló que son las madres quienes suelen cargar con la responsabilidad de proteger a sus hijos en contextos violentos, y que con proyectos como este podrían ser revictimizadas. “Muchas veces las decisiones judiciales no contemplan su rol de cuidadoras principales”, remarcó.
Alternativas sin criminalización
Cubells resaltó que ya existen alternativas eficaces para garantizar el contacto entre los niños y sus familiares, sin recurrir a sanciones punitivas. Mencionó el proyecto impulsado por la diputada Pía Cavana, que plantea la creación de espacios de encuentro supervisados por el Estado. “Son ámbitos controlados donde pueden darse los vínculos sin poner en riesgo la integridad de nadie”, explicó.
La legisladora reafirmó su rechazo al registro propuesto y aseguró que seguirá defendiendo una mirada centrada en los derechos de la niñez. “No vamos a acompañar ninguna iniciativa que criminalice sin resolver el problema de fondo. Debemos discutir con respeto, pero con claridad: el centro deben ser los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto, impulsado por la exdiputada justicialista Élida Cuesta, propone la creación de un Registro de Obstructores de Vínculos Familiares, en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí se inscribiría a las personas que, teniendo a su cargo el cuidado de niños, niñas o adolescentes, impidan el vínculo con el progenitor no conviviente, pese a existir una orden judicial que lo habilite.
La iniciativa contempla sanciones administrativas para quienes figuren en el registro, tales como la imposibilidad de ejercer cargos públicos, presentarse a elecciones, contratar con el Estado o acceder a créditos y habilitaciones. También prevé la publicación mensual de los nombres de los “obstructores” en sitios oficiales, siempre que lo ordene un juez.
Desde sus fundamentos, el proyecto busca garantizar el derecho de los niños y niñas a mantener un vínculo sano con ambos progenitores y su familia extendida. La propuesta se inspira en legislaciones similares de provincias como Mendoza, Río Negro y Chubut, y en el antecedente del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Sin embargo, para Cubells y otros sectores, el enfoque elegido invisibiliza situaciones de violencia intrafamiliar y termina reforzando la lógica punitivista, sin resolver las verdaderas causas del conflicto.
