Mientras el Senado debate agravar penas por denuncias no probadas, especialistas alertan que solo 1 de cada 4 víctimas de violencia de género llega a denunciar y exigen políticas basadas en evidencia.
Martes, 1 de julio de 2025
En Argentina, el debate sobre las denuncias falsas en casos de violencia de género avanza en el Senado con un proyecto para agravar sus penas, pero choca con un problema de fondo: no existen estadísticas oficiales que cuantifiquen este fenómeno. Mientras la iniciativa legislativa se promueve bajo el argumento de evitar el “mal uso del sistema judicial”, especialistas y organizaciones destacan que los pocos datos disponibles revelan un escenario opuesto: el subregistro de denuncias por violencia de género es mucho más alarmante que las eventuales falsas acusaciones.
Según la Encuesta Spotlight de la Unión Europea (2022), solo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia de pareja denuncia, y en los femicidios registrados en 2024 por la Corte Suprema, apenas el 18% de las víctimas había realizado una denuncia previa. A nivel internacional, organismos como ONU Mujeres señalan que las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel global, mientras que en España —uno de los pocos países con registros detallados— el porcentaje es de apenas el 0.0084%.
En Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura sugieren que menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo de género) se archivan como infundadas, y un análisis de causas judiciales muestra que estas suelen vincularse a delitos económicos, no a violencia de género.
El proyecto, que se enfoca exclusivamente en agravar penas para denuncias no probadas en casos de género o abuso infantil, ha generado críticas por carecer de sustento empírico y por reforzar estereotipos que desalientan a víctimas reales.
“Sin datos, se legisla sobre prejuicios”, advierten desde la sociedad civil, señalando que el verdadero problema es la falta de acceso a la justicia: los delitos sexuales tienen altísimo subregistro por estigmatización, y solo el 5% de las víctimas de femicidio contaba con medidas de protección al momento del crimen.
Para organizaciones como ELA, la prioridad debería ser mejorar los sistemas de registro, agilizar las respuestas judiciales y evitar la revictimización, en lugar de criminalizar a quienes buscan ayuda. Mientras el Senado discute, la pregunta persiste: ¿cómo diseñar políticas públicas efectivas sin evidencia concreta sobre el problema que se intenta resolver?
