La fiscal, Graciela Griffith Barreto, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa sobre presuntas irregularidades en el extinto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Hay tres imputados, entre los que se encuentran el expresidente del organismo, Mauricio Andión. Se constataron autorización de pagos multimillonarios a organizaciones sociales por obras de viviendas y galpones que no se ejecutaron o presentaban avances mínimos. Una de las acusadas apuntó contra Andión: “Por orden de él, usaban mi firma digital, bajo amenaza de despido”.
Sábado, 28 de junio de 2025
Tras concluir la investigación penal preparatoria, la fiscal, Graciela Griffith Barreto, solicitó esta semana elevar a juicio oral la causa por presuntas irregularidades en la ejecución de fondos del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) durante 2022 y 2023, en el ocaso del gobierno de Jorge Capitanich.
Los imputados son Carlos Mauricio Andión (expresidente del organismo), María Laura Moreno (excoordinadora de Gestión Habitacional) y Julio Daniel Santana (presidente de una fundación y una cooperativa), acusados de defraudación a la administración pública y violación a los deberes de funcionario público.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían autorizado pagos multimillonarios a organizaciones sociales por obras de viviendas y galpones que no se ejecutaron o presentaban avances mínimos (entre 10% y 17%), en el marco del programa “Plan Incentivar Trabajo”.
Andión, como presidente del IAFEP, habría firmado certificados de obra y resoluciones de pago sin cumplir con las normativas provinciales, avalando transferencias a cooperativas y fundaciones sin verificar la ejecución real de los proyectos.
Moreno, por su parte, está acusada de falsificar informes de inspección y omitir controles, facilitando el desvío de al menos $200 millones en contratos irregulares.
Santana, cara visible de la Fundación SUMAR y la Cooperativa Barrio Malvinas Argentinas, habría recibido fondos por más de $17 millones para construcciones que, según la fiscalía, nunca se completaron.
Entre los casos destacados, figuran pagos por módulos habitacionales en Fontana y Resistencia cuyos beneficiarios denunciaron que las obras estaban inconclusas o directamente no existían. La fiscal Barreto señaló que se violaron leyes como la Ley de Obras Públicas y la Ley de Administración Financiera provincial.
Andión y Moreno quedaron imputados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y partícipes necesarios del delito de fraude en contra de la Administración Pública en 14 hechos, en concurso real. En tanto que Santana está acusado de fraude en contra de la Administración Pública, pero en sólo dos hechos.
Maniobras
El requerimiento detalló múltiples contratos con irregularidades, entre los que se cuentan los firmados con:
Fundación Posibilidad: Contratos por módulos habitacionales y un galpón. Se detectaron pagos de anticipos multimillonarios sin ejecución de obra o con avances mínimos, así como expedientes incompletos. En un caso, se pagó un anticipo de $7.800.000 por 4 módulos habitacionales con un avance del 28% en uno de los beneficiarios y sin indicar inspección de obra o lugar de construcción para un galpón de $12.000.000. Otra obra por 5 módulos habitacionales con un presupuesto de $16.000.000 tenía el expediente incompleto. Se constató que algunas obras tenían avances mínimos, entre el 10% y el 17%, a pesar de los pagos realizados.
Fundación “Los sueños se cumplen”: Contratos por módulos habitacionales y asistencia financiera no reintegrable para herramientas. Se señala la falta de constancias de inspecciones de avance de obra y la adquisición de herramientas en empresas de Formosa, incumpliendo la normativa local. Un contrato por 5 módulos habitacionales por $27.000.000 no tenía constancias de inspecciones de avances de obra.
Cooperativa de Trabajo “Tierra Fértil”: Contratos para la ejecución de módulos habitacionales. Si bien algunos beneficiarios mostraban avances de obra de hasta el 100%, la imputación contra Moreno menciona que se firmaron certificados por obras no existentes o con porcentajes menores a los auditados.
Cooperativa Trabajo “Barrio Malvinas Argentinas Ltda.”: Contratación por 4 módulos habitacionales por $14.000.000. Uno de los beneficiarios, Julio Daniel Santana, registró un avance del 0% en su obra.
La investigación reveló un “gran desorden administrativo” en el IAFEP durante el período investigado, con documentación dispersa y beneficiarios que reclamaban por la falta de cumplimiento de las obras.
Testimonios de exempleados del IAFEP indicaron que María Laura Moreno no concurría a las obras para realizar las inspecciones, pero firmaba los informes basándose en relevamientos de otros empleados.
La fiscalía considera que los imputados, en su rol de funcionarios públicos, causaron un perjuicio cierto y efectivo al erario público al celebrar contratos con irregularidades, beneficiando a terceros mediante las maniobras fraudulentas. La Cámara Tercera en lo Criminal deberá resolver si avanza hacia un debate oral.
La defensa de Andión
“Voy a explicar sobre el mecanismo de IAFEP. Me imputan cosas que desconozco completamente”, aseguró Andión cuando prestó declaración como imputado el 16 de octubre pasado.
Según relató, las organizaciones sociales interesadas en desarrollar proyectos de vivienda, salones de usos múltiples o tinglados debían presentar sus solicitudes ante una mesa de entrada del Instituto. Luego, toda la documentación era evaluada por una Unidad Ejecutora, que derivaba los casos al Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente para verificar la factibilidad de las obras. Una vez aprobadas, los expedientes regresaban al IAFEP para continuar con el proceso administrativo y la autorización de los pagos.
Andión explicó que los anticipos de obra no se abonaban de inmediato y que el trámite podía demorar entre dos y cinco meses. El control de las obras estaba a cargo de técnicos de la Unidad Ejecutora, en su mayoría empleados del Ministerio de Obras Públicas, quienes certificaban los avances. También afirmó que se enviaron más de 200 cartas documento a organizaciones por obras no iniciadas, y que toda esa documentación fue elevada a Fiscalía de Estado.
Consultado por un tinglado en particular, en cuya construcción se detectaron irregularidades, Andión respondió: “El tinglado que me acusan, donde hay una pileta, existe. La pileta es en el terreno de al lado. Vamos a aportar fotos con geolocalización”. También negó que se hayan utilizado fondos del IAFEP para construir dicha pileta y aclaró que la obra financiada fue solo un salón de usos múltiples.
En varios pasajes de su declaración, Andión insistió en que no tuvo contacto directo con los expedientes observados y que fue detenido sin que se le permitiera ver las pruebas por las que se lo acusa. “El daño que hacen es irreparable”, lamentó.
Presiones y cortes
Por su parte, María Laura Moreno, también imputada en la causa, brindó su versión de los hechos, donde reveló detalles sobre el funcionamiento interno del IAFEP y denunció presuntas presiones y maniobras irregulares digitadas por Andión.
Según explicó en su declaración del 16 de octubre pasado, dentro del organismo existía una dinámica de trabajo dividida entre representantes técnicos elegidos por cada organización beneficiaria, y un equipo de inspectores bajo su coordinación. Este equipo estaba integrado por arquitectas y técnicos que dependían del Ministerio de Infraestructura o que habían sido contratados específicamente para el programa.
“Una vez que estos dos grupos me brindaban la información de las inspecciones, yo hacía un visado de la documentación”, explicó Moreno. Indicó que sus firmas digitales eran cargadas por su hermana, Analía Verónica Moreno, quien estaba autorizada a subir documentación firmada manualmente por ella. No obstante, afirmó que otras personas también usaban su cuenta institucional bajo órdenes directas de Andión.
“Por orden de Mauricio Andión, parte de mi equipo usaba mi cuenta y pegaban la firma digital. Si no lo hacían, estaban bajo amenaza de despido o suspensión de sueldo”, sostuvo, y mencionó los casos específicos de Luciana López y Ángel Salas como empleados afectados por esta situación. En particular, destacó que López fue víctima de presiones reiteradas.
Moreno también reveló que existía una directiva explícita para priorizar expedientes de ciertas organizaciones sociales, especialmente cuando estas protagonizaban protestas o cortes de calle. “Había que pagarle a esa organización para que levante el corte”, aseguró.
