La reunión se desarrolló este miércoles 25 de junio en la sede de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia. Participaron vecinos de la zona, empresarios inmobiliarios, funcionarios municipales y ambientalistas. Las juezas aclararon que no se trataba de una audiencia de “conciliación” sino que se buscaba escuchar a todas las partes. ¿Qué dice la letra del proyecto inmobiliario?
Jueves, 26 de junio de 2025
El salón de audiencias de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia se convirtió este miércoles en el escenario de un debate que trasciende lo legal: el destino de la Laguna Francia y los barrios aledaños. Vecinos, autoridades municipales y representantes de la empresa Patagonia Construcciones expusieron sus posturas, marcadas por la urgencia ambiental y las presiones del desarrollo urbano.
Según pudo reconstruir LITIGIO, las juezas Wilma Martínez y Eloisa Barreto escucharon sin pronunciarse, pero dejaron en claro que cualquier solución debe incluir a todos los actores. “No es una conciliación, es un espacio para escuchar”, aclararon.
La audiencia fue solicitada por la empresa constructora que intenta convencer a los vecinos de avanzar con su proyecto inmobiliario y tumbar la acción de amparo que dictó el juez Civil y Comercial Nº 21, Julián Flores, en diciembre de 2024. La medida judicial suspendió cualquier tipo de construcción en las adyacencias de la laguna Francia a la que consideró como “sujeto de derechos”, a la par que instruyó a la creación de un organismo multisectorial que se ocupe de la preservación del sistema de lagunas de la capital chaqueña. La celebrada sentencia de primera instancia también reivindicó el rol de los defensores ambientales que fueron amenazados con demandas millonarias por parte de la constructora.
La empresa y el Municipio: entre la norma y la paralización
Patagonia Construcciones S.R.L., representada por Rubén Sinat, presentó una propuesta reformulada en el marco del conflicto judicial con vecinos y ambientalistas. El proyecto original (“Edificio Torre Solar Altos de Italia”) fue modificado tras reclamos, dando lugar al nuevo “Proyecto Paseo Francia y Edificios de Oficinas”, que ya con prefactibilidad municipal.
En la propuesta se incluyen locales comerciales (consultorios, gimnasios, oficinas, etc.), evitando carga en redes cloacales y eléctricas. También que las construcciones estarían a 45 metros del espejo de agua, y que no afectarían al ecosistema. En ese sentido, informaron que el estudio de impacto ambiental fue realizado y está siendo evaluado por la Subsecretaría de Ambiente del Chaco, cuyos resultados preliminares indicarían que no hay “ninguna afectación” a la laguna.
En ese contexto, la empresa intenta revocar la sentencia que paralizó el proyecto y que se habilite una instancia participativa (audiencia pública o recepción de opiniones) con amicus curiae (expertos y partes interesadas), siguiendo protocolos del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y la Corte Suprema.
Por su parte, los abogados de la Municipalidad, Daniel Fernández Asselle y Natalia Acevedo, defendieron que las aprobaciones se ajustaron a la normativa vigente en su momento. Carlos Meza, de Planificación Urbana, admitió la necesidad de que el Tribunal defina si se suspenden las obras: “La sentencia actual nos ata las manos”, reconoció.
El reclamo vecinal: “La laguna no es un terreno, es nuestro hogar”
Marcelo Barrios D’ambra, presidente de la Comisión Vecinal de Villa Altabe, fue claro: “El 100% de los vecinos busca el mantenimiento, la protección y la conservación de la laguna, difiriendo únicamente sobre la forma en que ese cuidado se llevará al cabo”.
Por su parte, la arquitecta Laura Alcalá explicó que la medida fue impulsada contra el Municipio por la aprobación de proyectos de construcción sin prever una solución al problema de las inundaciones, agravadas durante los últimos años. En ese contexto, destacó el sentido proteccionista de la sentencia de primera instancia.
Como amigo del tribunal, el ambientalista Ramón Vargas, de la Fundación Encuentro por la Vida, alertó sobre el “efecto negativo irreversible” de las construcciones. Mientras, la abogada Nora Giménez recordó a las autoridades su “deber de proteger el medio ambiente”.
