Es en el marco de dos planteos que solicitan que se declare inconstitucional la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobada en el Chaco a instancias del gobernador Leandro Zdero, que habilitaría desmontes en áreas protegidas y que además no tuvo en cuenta la opinión de los pueblos originarios. El jefe de los fiscales también pidió consultar a la Corte Suprema por una presentación similar de Greenpeace.
Lunes, 23 de junio de 2025
Antes de emitir su dictamen, el Procurador General de la Provincia del Chaco, Jorge Canteros, solicitó al Superior Tribunal de Justicia la realización de una prueba pericial científica en el marco de dos causas judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la ley provincial N.º 4005-R, modificada por la ley N.º 4152-R, que aprobó el el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado por el gobierno radical libertario del Chaco, que encabeza Leandro Zdero.
En las causas impulsadas por la asociación civil “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente” y por el Parlamento de las Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco plantearon objeciones sobre el impacto ambiental y la posible reducción de protecciones a los bosques nativos bajo el nuevo régimen legal y también por la falta de consulta previa a los pueblos originarios que se verían afectados por la medida.
Durante el mes de marzo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que tramita ambas causas, abrió el expediente a la participación de distintas organizaciones sociales y empresarias que se presentaron como “amigos del tribunal”. Ahora, deberá analizar si hace lugar a los pedidos del jefe de los fiscales que dilataría aún más una definición en la causa.
Prueba científica
En el planteo, al que tuvo acceso LITIGIO, Canteros advirtió la complejidad del caso y la necesidad de evitar decisiones contradictorias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente en relación con el caso “Fundación Greenpeace Argentina c/ Salta, Provincia de y otros s/ Amparo”.
Para ello, solicitó informes técnicos a la Universidad del Chaco Austral y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para evaluar si el nuevo OTBN es menos protector que el régimen anterior. Además, un análisis del impacto ecológico, incluyendo posibles afectaciones a especies animales y vegetales, así como la delimitación del ecosistema del bosque chaqueño.
Asimismo, el jefe de los fiscales señaló que se debe considerar la interjurisdiccionalidad, dado que el bosque chaqueño abarca varias provincias y su manejo podría tener repercusiones más amplias.
La solicitud del Procurador se basó en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente N.º 25.675, que establece la necesidad de un enfoque inquisitivo y multidisciplinario en procesos ambientales. Canteros citó doctrinas y fallos históricos, como el caso “Mendoza” de 2006, que sentó precedentes sobre el rol activo de los jueces en materia ambiental.
