Se trata del excomisario y representante de los jubilados en el Directorio de la obra social estatal, Raúl Canteros. La fiscal, Ingrid Wenner, pidió que se eleve a juicio la causa en la que se lo acusa de exigir aportes económicos a un empleado contratado del InSSSeP para financiar al radicalismo local. Denuncias similares investiga la Justicia Federal de Resistencia en PAMI y Anses del Chaco, pero con La Libertad Avanza como partido receptor de fondos.
Miércoles, 18 de junio de 2025
Por Bruno Martínez
La fiscal Ingrid Wenner, titular del Equipo Fiscal 1, requirió este miércoles la elevación a juicio de la causa contra Raúl Canteros, vocal en el Directorio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP). Es por el delito de concusión doblemente agravado en dos hechos, en concurso real. La acusación surge tras la investigación preliminar que lo señala por exigir dinero a un empleado contratado bajo su órbita con la finalidad de engrosar la caja política de la Unión Cívica Radical en Fontana, su distrito.
Según el requerimiento fiscal, Canteros, comisario retirado de 58 años, habría solicitado y recibido transferencias bancarias por un total de $600.000 de parte de su sobrino, Rodrigo Vallejos, quien había sido designado como personal de gabinete a solicitud del propio Canteros.
El primer hecho denunciado ocurrió el 30 de enero de 2024, cuando Canteros, aprovechándose de su condición, le habría exigido a Vallejos el pago de $300.000, los cuales fueron transferidos desde la cuenta de Vallejos a la cuenta personal de Canteros. Esta situación se repitió el 4 de marzo de 2024, con otra transferencia de $300.000.
La denuncia de su sobrino, presentada el 28 de mayo de 2024, detalla que Canteros le ofreció un puesto de gabinete con un sueldo total de aproximadamente $550.000, de los cuales a Vallejos le quedarían $200.000 más el ticket canasta, con la condición de que el resto del dinero sería “para darle a los contratados que habían quedado afuera”, en referencia a militantes que no lograron quedarse con contratos en la obra social. Su sobrino aceptó la propuesta debido a su situación económica.
Posteriormente, cuando Vallejos se negó a seguir realizando los pagos mensuales, Canteros solicitó su baja, designando en su lugar a su propio hijo, Edgar Canteros, en una clara muestra de la naturalización del nepotismo en este organismo estatal. Canteros, vale recordar, llegó a la vocalía pasiva en reemplazo de otro comisario retirado: el actual jefe de Policía, Fernando Romero.
La fiscalía adjuntó como pruebas capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre Canteros y Vallejos, donde Canteros, al ser cuestionado por Vallejos sobre la exigencia del dinero, le respondió: “Mirá, Rodrigo, me parece que vos no entendiste lo que hablamos. Yo en total reparto la plata entre los que quedaron sin contrato y justamente conseguí 4 (contratos de) gabinetes para repartir entre todos. No sé quien te dijo que los otros no ponen nada. Si no querés poner, mañana te devuelvo y listo. Pero vos no me podés venir con estas boludeces (…) para eso te pregunté bien”.
Y añadió: “Yo hago política y mientras vos estás en las sombras, los otros todos los días caminan conmigo en el sol repartiendo volantes a las 17 horas en Fontana y abriendo el comité todos los días, de 8 a 22. Yo por confianza te di a vos cuando podía darle a otro. Por lo visto no entendiste. Pasame tu CBU y te devuelvo la plata”, añadió el comisario retirado. El dinero, claro está, no fue devuelto.
En su defensa, Canteros, quien responde políticamente al gobernador, Leandro Zdero, manifestó que, como vocal del InSSSeP, tenía la facultad de designar personal de gabinete. Explicó que había reunido a varios contratados cuyos vínculos no habían sido renovados, incluyendo a Vallejos, y les comunicó que solo disponía de un contrato de gabinete.
Según su versión, uno de los presentes propuso que se designara a uno y que el monto se repartiera voluntariamente. Canteros alegó que accedió a que Vallejos depositara el dinero en su cuenta para que él lo distribuyera, justificando su acción por una “función social del dinero”, como ayudar al merendero de una persona de nombre Sonia Rueda. Sostuvo que en enero y febrero Vallejos depositó $300.000 cada mes, pero en marzo no lo hizo, por lo que él mismo realizó algunas transferencias y entregas en efectivo a otros beneficiarios.
Sin embargo, los testimonios de Laura Emilia Bogado y Sonia Elisabet Rueda, aunque confirmaron la existencia de una reunión donde se acordó el reparto de un único contrato de gabinete, contradicen la versión de una imposición política por parte de Canteros.
Ambas declararon haber recibido sumas de dinero por parte de Canteros, ya sea en efectivo o mediante transferencia, y negaron haber sido exigidas para realizar actividades políticas o partidarias a cambio. Lautaro Sebastián Pérez, otro de los presentes en la reunión, también testificó que la decisión de repartir el dinero fue de los empleados y que Canteros no les exigió ninguna actividad política.
Con todo, la fiscal Wenner solicitó a la Cámara Primera en lo Criminal que se tenga por formulado el requerimiento de elevación a juicio en esta causa, la cual será elevada a plenario oportunamente.
Cabe mencionar que el delito de concusión, por el cual irá a juicio el vocal pasivo del InSSSeP, se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, solicita, exige o hace pagar indebidamente, por sí o por persona interpuesta, una contribución, un derecho o una dádiva. Tiene una pena en expectativa de uno a seis años de prisión.
Desde el gremio
Cuando se conoció la denuncia contra Canteros, la Asociación Gremial del InSSSeP presentó una nota ante el Directorio del organismo solicitando que se constituya como querellante en la causa, algo que hasta la fecha no ocurrió. El sindicato señaló que no sería el único caso y que es una episodio que “no puede silenciarse por más cercano al gobierno de turno que sea el funcionario”.
“Cómo este caso estaría acompañado de otros casos similares, y advertida esta entidad gremial del silencio del Directorio sobre la cuestión, entendemos que no puede silenciarse ni encubrirse situaciones delictuales, por más cercano al gobierno de turno que fuera el funcionario, más aún cuando toma sueldos de estatales como propios”, remarcaron.
Para fundamentar la necesaria intervención judicial del Directorio en este hecho, la entidad gremial recordó que el artículo 12 del Código Procesal Penal del Chaco establece que en los casos en que el Estado Provincial o los municipios resulten ofendidos por un delito que comprometa sus respectivos patrimonios o la seguridad jurídica, deberán por medio de sus representantes legales o mandatarios constituirse en querellante particular.
“Es por eso que anoticiados de esta situación irregular que compromete toda la gestión del Directorio, requerimos que el InSSSeP intervenga directamente como querellante en la causa penal y se adopten las medidas correspondientes”, cierra la nota firmada por la secretaria adjunta, Griselda Gómez y por el secretario de Asuntos Gremiales, Francisco Fernández.
Casos similares en PAMI y Anses
Denuncias similares a las que se dieron contra Canteros se replicaron recientemente, pero en dependencias del PAMI y Anses. Se trata de una serie de acusaciones sobre presuntos pedidos de aporte partidario que los responsables del partido La Libertad Avanza, de Javier Milei, vienen realizando a los funcionarios políticos de la obra social de los jubilados para financiar las actividades de campaña.
Las acusaciones se dieron en las delegacones de Misiones, Chaco, Santa Cruz y La Pampa. La mayoría de las delegaciones del PAMI en las provincias responden a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, armadores territoriales de Karina Milei.
En el Chaco, el Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó a la jueza federal, Zunilda Niremperger, la apertura de una investigación por el posible delito de extorsión por parte de funcionarios del Pami y Anses en la provincia.
La maniobra investigada habría consistido en la exigencia sistemática de aportes económicos ilegales por parte de funcionarios y empleados de dichos organismos, como condición para mantener sus puestos de trabajo. Además, se señala que la designación de personal estaría supeditada a la lealtad política con el espacio libertario, más allá de méritos o antecedentes laborales.
Según se desprende del escrito judicial presentado el 5 de mayo pasado, los hechos cobraron relevancia pública el pasado 1º de mayo, tras ser expuestos en los canales de noticias TN y A24. En el programa “La Ves”, se denunció que empleados de ANSES y PAMI eran forzados a entregar un porcentaje de sus sueldos bajo amenaza de ser removidos de sus cargos. Se exhibieron presuntas planillas de rendición con nombres, montos y fechas de pagos, que, de acuerdo a las denuncias, habrían sido transferidos directamente a los jefes de las delegaciones chaqueñas.
“Acá vemos un fiscal federal que ve una noticia y mueve todo el aparato judicial sin prueba alguna, ni fundamento, ni sustento fáctico, ocasionando un desgaste absurdo del sistema judicial y de sus recursos, lo que significa un gasto de los recursos del Estado que provienen de los impuestos de la gente. Todo por una simple nota periodística, que ya fue desmentida”, se defendió ante la prensa local, el delegado regional de Anses y presidente local de La Libertad Avanza, Alfredo “Capi” Rodríguez.
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