El pasado 4 de junio, se concretó un desalojo de familias indígenas en la zona conocida como “Las 10.000 hectáreas”. La medida fue ordenada por una fiscal de Castelli, a pedido de un terrateniente de la zona. El hecho generó una ola de repudios por parte de organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos que denuncian una grave vulneración de derechos ancestrales.
Lunes, 9 de junio de 2025
El hecho ocurrió en el Departamento General Güemes, cuando una familia de una comunidad indígena fue desalojada del territorio que integra la histórica reserva indígena de Miraflores. La medida fue solicitada por parte de la fiscal penal 1 de Castelli, Raquel Maldonado.
Según denunciaron referentes de las comunidades, el desalojo fue impulsado por un terrateniente, sin el consentimiento de los pueblos originarios ni la intervención de organismos como el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), con aval del aparato estatal. De hecho, para realizar el procedimiento de expulsión de las tierras, el jefe de la comisaría de Miraflores, Germán Sánchez, solicitó al intendente, Rafael Frías, que le facilite dos camiones del municipio para cargar las pertenencias de la familia desalojada.
Desde el Consejo de Tierras Indígenas, su integrante Ariel Sánchez expresó que se trató de un acto de “extrema gravedad institucional”, y acusó al gobierno provincial de “abandonar a su gente”. Recordó que las comunidades vienen reclamando la devolución de sus tierras ancestrales desde hace años, y exigió al gobernador que respete la Ley Provincial 3943-W, la Mesa Estado-Comunidades Indígenas y las promesas asumidas en campaña respecto a los derechos de los pueblos originarios.
En la misma línea, el Frente de Resistencia Rebelde Revolucionario Indígena-Campesino (F.R.R.R.I.C.) emitió un duro comunicado en el que calificó el desalojo como parte de “un modelo de despojo y saqueo” ejecutado por un Estado “al servicio de los poderosos”. Denunció la criminalización de la lucha por la tierra, la destrucción de viviendas y la detención de personas indígenas por defender su territorio. “El pueblo no se desaloja. El territorio no se vende”, expresaron. Además, llamaron a la acción urgente de todos los sectores sociales y políticos para acompañar la resistencia de las comunidades.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Regional Chaco Impenetrable también repudió el operativo, al que consideró una “grave vulneración de los derechos humanos y constitucionales” de los pueblos originarios. En su declaración, recordó que la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), la Constitución del Chaco y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT protegen los derechos territoriales indígenas. Asimismo, subrayaron la vigencia de la Ley Provincial 3943-W, que ordena crear una Mesa Interinstitucional con participación de las comunidades para abordar conflictos territoriales. La APDH exigió el cese inmediato de los desalojos, el respeto al consentimiento previo, libre e informado, y la reactivación urgente de los mecanismos de diálogo establecidos por ley.
Las organizaciones coincidieron en que este tipo de acciones no solo vulneran derechos, sino que también profundizan la conflictividad social, el racismo estructural y la criminalización institucional de los pueblos originarios en la provincia del Chaco. Exigen que el Estado asuma su responsabilidad legal, ética y política, y se encamine hacia una solución respetuosa y consensuada, que garantice el acceso a la tierra y a una vida digna para todas las comunidades.
