La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó un documento ante la Justicia Federal de Resistencia y pidió ampliar el requerimiento de instrucción en la causa que investiga posibles delitos cometidos en la aprobación de desmontes irregulares en el Chaco. El informe revela un acuerdo entre el gobierno provincial y la gestión libertaria para convalidar una ley provincial plagada de irregularidades y vuelve a apuntar al diputado Bergia.
Viernes, 23 de mayo de 2025
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) presentó un contundente informe ante la Fiscalía Federal de Resistencia en el que documenta su denuncia sobre una presunta red de deforestación ilegal en la provincia de Chaco, involucrando a funcionarios públicos, legisladores y empresas forestales.
El documento, presentado este jueves, expone cómo se habilitaron desmontes masivos violando leyes nacionales y provinciales, con graves consecuencias ambientales y sociales.
En su nueva presentación, la AAAA apuntó contra el diputado provincial Juan José Bergia, a quién acusa de promover leyes que facilitan el desmonte ilegal. En ese sentido, precisaron que su proyecto 1861/2024, aprobado en abril de 2025, permite a infractores “aprovechar” madera de desmontes ilegales.
Asimismo, cargó contra funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación que avalaron el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco pese a observaciones previas, en un presunto “pacto político” entre el gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei a través de votos en el Congreso del senador y exministro de Producción del Chaco, Víctor Zimmermann.
En ese contexto, la AAAA solicitó acceder a la totalidad de los expedientes administrativos obrantes en esta investigación y/o disponer el secuestro y/o la entrega de copia íntegra de los mismos, que se solicite a la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de la Provincia del Chaco remita copia digital de la grabación completa de la
reunión de Comisión de Recurso Naturales celebrada el 4 de abril de 2025.
También peticionan que se requiera a la Legislatura de la Provincia de Chaco remita la grabación completa y versión taquigráfica de la sesión de diputados del 23 de abril de 2024 y que se solicite a la Dirección Nacional de Bosques remita la totalidad del expediente relacionado con la acreditación de la ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco donde se dictó la DI-2025-43191134-APN, emitida el 25 de abril de 2025 por la Subsecretaria de Ambiente de la Nación.
Los hallazgos del informe
En el documento elaborado por el Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, se destacan los siguiente hallazgos:
1- Permisos de Cambio de Uso del Suelo (CUS):
– Entre 2011 y 2021, se otorgaron 1.335 permisos para desmontar 192.000 hectáreas de bosque nativo.
– Los años con mayor actividad fueron 2013 (bajo Miguel Ángel López) y 2016 (bajo Emanuel Carrocino), con 35.000 y 30.000 hectáreas desmontadas respectivamente.
-15 propietarios concentraron el 20% de la superficie autorizada, entre ellos sociedades anónimas como Cuenca del Salado S.A. y TRIAD S.A.
2- Recategorizaciones prediales ilegales:
-Mediante disposiciones provinciales, 31.239 hectáreas de bosques protegidos (categoría amarilla) fueron reclasificadas para permitir desmontes, violando la Ley Nacional de Bosques (26.331).
-Empresas como Cuenca del Salado S.A. recibieron permisos para desmontar 6.969 hectáreas en zonas donde estaba prohibido.
3- Autorizaciones especiales:
-Un mecanismo creado por el diputado Juan José Bergia (autor de la Ley 2079-R) permitió legalizar madera de desmontes ilegales. En 2024, se emitieron 94 autorizaciones, frente a solo 28 en 2018.
-El ingeniero Hernán Halavacs, primer ministro de Producción del gobernador Leandro Zdero, gestionó el 70% de estos permisos en 2020, beneficiando a empresas como Las Guindas S.A. (vinculada a Aceitera General Deheza).
4- Distribución irregular del Fondo de Bosques:
– El 98,7% de los fondos nacionales para conservación se destinaron a empresas y particulares, mientras que solo el 0,9% llegó a comunidades indígenas y campesinas, pese a que la ley prioriza estos grupos.
