Docentes y auxiliares despedidos de la Escuela Pública de Gestión Social 2 del barrio Emerenciano (rebautizado por la actual gestión como “Papa Francisco”) presentaron una denuncia por retardo de justicia contra el juez Sergio Bosch, titular del Juzgado Laboral N° 3 de Resistencia. El reclamo se fundamenta en la falta de resolución, desde octubre de 2023, de un expediente que incluye una medida cautelar de no innovar y una acción de amparo iniciada a mediados de 2023.
Jueves, 15 de mayo de 2025
El conflicto se originó tras la intervención de la EPGS N° 2, dispuesta mediante la Resolución 2553/23 por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco, bajo la gestión de Aldo Lineras. Según la demanda, esta intervención derivó en el cese de aproximadamente 50 trabajadores sin previo aviso. La acción fue presentada con patrocinio legal del Frente de Unidad Docente, coordinado por el abogado Jorge Miño.
Durante la tramitación judicial, el expediente fue objeto de múltiples requerimientos por parte del juez Bosch, destinados a verificar los despidos denunciados. Algunos de estos casos figuraban como bajas voluntarias, lo cual fue rechazado por los amparistas.
El expediente (N° 1605/23) quedó en condiciones de ser resuelto a fines de 2024. Sin embargo, antes del inicio de la feria judicial, el juez solicitó un nuevo informe al Ministerio de Educación. La respuesta incluyó una copia de la misma resolución cuestionada, ya incorporada previamente al expediente. Posteriormente, el juez dio vista a la Cámara Contencioso Administrativa, a pesar de que este fuero ya había rechazado el tratamiento del caso.
Los despidos fueron justificados por las autoridades con base en la baja matrícula estudiantil. No obstante, en la misma resolución se asignaron nuevos cargos con la misma cantidad de estudiantes declarados, lo cual fue objetado en la demanda judicial.
Cargos y horas
Los denunciantes señalaron que las nuevas designaciones se realizaron tras la desafectación de cargos en diferentes niveles de la institución, incluyendo la clausura de anexos en las escuelas secundaria y de formación profesional. También alegaron que los cargos y horas cátedra desafectados fueron nuevamente asignados, incrementando incluso el total de puntos presupuestarios respecto de la situación anterior.
El escrito más reciente presentado por los amparistas solicita al Superior Tribunal de Justicia que revoque la competencia del juez Bosch en la causa y que la misma sea reasignada a otro magistrado. Además, se requiere la resolución urgente de la medida cautelar pendiente.
El retardo de justicia es una causal que puede dar lugar a un juicio político por mal desempeño. En caso de que se avance en ese sentido, Bosch, quien integra el Consejo de la Magistratura en representación de la Asociación de Magistrados, debería ser reemplazado por su suplente, el juez Pablo Iván Malina, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Villa Ángela.
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