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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura junto a otros organismos firmó un pronunciamiento acerca del proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil dictaminado por las comisiones de Legislación Penal; Familias, Justicia y Presupuesto, y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados.

Viernes, 15 de mayo de 2025

El dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil resuelto en reunión plenaria de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, del día 6 de mayo 2025, de convertirse en ley, es inconstitucional y anticonvencional.

Quienes firmamos la presente nota hemos expresado reiteradamente nuestras opiniones en diferentes ámbitos sobre la derogación de la ley 22.278, advirtiendo que la nueva ley que rija el sistema penal juvenil debe adecuarse a los principios de derechos humanos. Acompañamos diversas presentaciones, documentos, comunicados de múltiples organismos de interés púbico que se han manifestado en este mismo sentido.

El dictamen de mayoría no recepta las Recomendaciones y Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, generando un sistema regresivo en nuestra legislación y desvirtuando el principio de especialidad. De aprobarse, colocaría a nuestro país ante la posibilidad de denuncias (que muchos de nuestros organismos podrían realizar) y condenas por parte de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 24 (2019) encomia a los Estados partes que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada (por ejemplo 15 o 16 años) a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y más relevante aún, en las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, el Comité ha manifestado su seria preocupación por la falta de avances en la aplicación de sus recomendaciones anteriores y ha instado al Estado Argentino a armonizar plenamente su sistema de justicia de menores con la Convención, incluida la derogación de la Ley N° 22.278 y manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos y sin endurecer las penas. La ley penal juvenil debe adecuarse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados de derechos humanos, manteniendo la edad mínima de responsabilidad penal; promoviendo activamente medidas no judiciales para las y los no punibles (políticas públicas) y para las y los adolescentes punibles justicia restaurativa; la aplicación de penas no privativas de libertad como medida de último recurso y durante el periodo de tiempo más breve posible, que se revisen periódicamente con vistas a su supresión o morigeración; y prohibir la imposición de cadena perpetua a personas por actos cometidos durante la menor edad.

Hemos expuesto evidencia abrumadora que da cuenta del porcentaje ínfimo de delitos cometidos por personas menores de edad en nuestro país, resaltando que muchas de nuestras provincias han avanzado en leyes procesales penales juveniles con intervenciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño, y de convertirse en ley el dictamen propuesto implicaría un gran retroceso y erogaciones presupuestarias innecesarias para la mayoría de ellas.

En audiencias y documentos previos quedó expuesta nuestra oposición a la baja de la edad de punibilidad, al agravamiento de la escala penal, a la aplicación discrecional para tomar medidas alternativas, al mantenimiento de la punibilidad sobre todos los delitos, a la habilitación de la privación de libertad en establecimientos penitenciarios, entre otros ítems. Por todo ello, es que expresamos nuestro rechazo al dictamen de mayoría.

Las instituciones firmantes del pronunciamiento son:

CNPT

Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Defensora General de la Nación

Procuración Penitenciaria de la Nación

Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf)

Asociación Pensamiento Penal

Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) Capítulo Argentina

Defensor Adjunto de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero

Defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba

Defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones

Defensoría de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa

Defensoría del Pueblo de la Zona Sur de Santa Fe

 


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