Será a partir de este miércoles en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Llega a esta instancia acusada de haber direccionado al Municipio de Quitilipi a la contratación de una empresa que ofrecía bienes con sobreprecios cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri.
Martes, 13 de mayo de 2025
Este miércoles 14 de mayo, a partir de las 8.30, comenzará en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia el segundo juicio oral y público contra la exintendenta radical de Resistencia, Aída Ayala, que llegará imputada por el presunto delito de fraude contra la administración pública tras su paso por la Secretaría de Municipios de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini consideró que Ayala, valiéndose de su función como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, direccionó la contratación con el municipio de Quitilipi a través de Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte (dos personas de su confianza contratadas por el Municipio) para la compra de herramientas y maquinarias con precios más elevados que los establecidos por el mercado. Cabe recordar que la denuncia fue formulada, en su momento, por el propio intendente radical de Quitilipi, Carlos Casalboni.
De acuerdo a la acusación, Ayala firmó el 28 de julio de 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de $960.093 a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Toloza, uno de los imputados y beneficiario de la transacción.
Según Sabadini “dichos fondos provenían del Estado Nacional los cuales han sido utilizados por Ayala y los demás imputados para que se abonen cifras exorbitantes perjudicando las arcas del Estado”.
En su requerimiento, el fiscal explicó cómo el sobreprecio habría sido demostrado por un informe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quitilipi, que efectuó las averiguaciones correspondientes en otras casas comerciales sobre los precios de las maquinarias y elementos comprados y llegó a la conclusión de que la suma pagada a Service Hogar era exorbitante.
El representante del Ministerio Público Fiscal manifestó además que la imputada omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, al aprobar posteriormente la rendición de cuentas y generar un “error en el estado que desembolsilló casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.
Acusaciones
El fiscal les atribuyó a los cuatro imputados el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, con inhabilitación especial perpetua de ejercer la función pública para los tres funcionarios acusados. Asimismo, se le endilga a la diputada Ayala la calidad de autora del hecho, mientras que a los otros tres imputados como partícipes necesarios.
Por otra parte, en cuanto a los fondos percibidos por el imputado, titular de Service Hogar, el requerimiento advirtió que se desconoce su destino y que la cuenta donde se depositó el dinero fue vaciada en cinco días.
