La Cámara Federal de Resistencia revocó una sentencia de primera instancia y concedió una medida cautelar a favor de una empleada de la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, quien fue despedida en 2024 y alegó desprotección laboral y vulneración de derechos fundamentales.
Jueves, 8 de mayo de 2025
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ordenó la reincorporación inmediata de una trabajadora con 18 años de servicio en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), bajo la modalidad de contratos temporales renovados. La decisión revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado su pedido de medida cautelar.
La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada este miércoles 7 de mayo y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García en el caso de una extrabajadora de la SENNAF de la sede de Sáenz Peña despedida en 2024 por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.
18 años de servicio ininterrumpido
La empleada, de 47 años, se desempeñó ininterrumpidamente desde 2006 en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y la SENNAF, realizando tareas calificadas como “esenciales” para la protección de derechos humanos. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2024, recibió la notificación de no renovación de su contrato (bajo el art. 9° de la Ley 25.164 y el Decreto 84/2023), quedando sin empleo, salario ni cobertura de salud para ella y su hijo menor.
La trabajadora argumentó que su desvinculación abrupta violaba derechos constitucionales como el trabajo digno, la salud, la alimentación y la estabilidad laboral, especialmente en un contexto de crisis económica y dificultades para reinsertarse laboralmente en una localidad del interior de Chaco. Tras agotar reclamos administrativos, promovió una medida cautelar de no innovar para ser reincorporada, pero el Juzgado Federal de primera instancia la rechazó en febrero de 2025.
En la sentencia, la Cámara acreditó que la trabajadora tuvo una relación laboral continua por 15 años (documentada con contratos, recibos y certificaciones), lo que generaba “expectativa legítima de permanencia” pese a la modalidad contractual temporal. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema (Madorran c/ Estado Nacional) que protege estas situaciones.
Además, resaltó el daño irreparable por la pérdida de ingresos alimentarios y cobertura médica, desestimando el argumento de “tardanza” en accionar, ya que la empleada realizó gestiones administrativas previas.
Por último, el fallo criticó que la jueza anterior priorizara la “facultad organizativa del Estado” sobre la garantía de derechos humanos, recordando que la SENNAF cumple compromisos internacionales en niñez y adolescencia.
En ese contexto, el tribunal ordenó la reincorporación inmediata de la trabajadora en las mismas condiciones laborales previas y dispuso una caución juratoria (promesa de responsabilidad por daños si la medida fuera improcedente).
Represión por prevención
El fallo a favor de la empleada de la SENNAF revela una tensión política más amplia: el desfinanciamiento de áreas sociales clave versus la apuesta por soluciones represivas. Mientras la Justicia exige garantizar derechos laborales y sociales, el proyecto de baja de la edad de punibilidad impulsado por el gobierno libertario parece avanzar en dirección opuesta, priorizando la mano dura sobre la inversión en infancia.
Vale recordar que la SENNAF fue creada para cumplir con la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñez. Según un análisis del Presupuesto Nacional 2024, sufrió una reducción del 64% en términos reales respecto al 2023, la más drástica en su historia. El recorte equivale a $58.000 millones (ajustados por inflación) y afecta programas clave como: acompañamiento a víctimas de violencia (-72%), centros de día para adolescentes (-68%), y transferencias a provincias para políticas locales (-81%).
En 2023, el presupuesto de la SENNAF fue de $ 90.352 millones (0.12% del PBI), mientras que durante el primer año del gobierno libertario se destinaron $32.150 millones (0.04% del PBI). Deducida la inflación del 170% anual, la SENNAF opera hoy con menos de un tercio de su poder adquisitivo previo.
