El Tribunal Electoral del Chaco decidió no intervenir en una denuncia por la campaña de fake news contra Jorge Capitanich. Con su argumento meramente formal no perjudica al candidato sino a toda la ciudadanía al incumplir su función de garantizar reglas de juego claras para la contienda electoral. Por qué debió intervenir.
Jueves, 8 de mayo de 2025
Por Brian Pellegrini*
“Vale todo”, tituló LITIGIO la nota que informaba sobre la resolución del Tribunal Electoral del Chaco que desestimó una denuncia del Frente Chaco Merece Más para que se tomen medidas frente a la campaña de fake news contra Jorge Capitanich, el primer candidato a diputado provincial por esa fuerza política. El principal error del tribunal que preside la jueza Emilia Valle es su convicción de que al no intervenir está defendiendo la libertad de expresión. ¿Merece ser protegida la “libertad de expresión” de quiénes difunden y propagan fake news?
Quién escribe esta nota está convencido de que la omisión del tribunal no perjudica al candidato Capitanich sino el derecho de la ciudadanía a no ser manipulada y de estar bien informada a la hora de tomar decisiones, más en contextos electorales cuando las plataformas digitales se han convertido en el soporte principal de las campañas develando la absoluta falta de regulación al respecto. Sin embargo, esto no es excusa para desentenderse del asunto.
En todo el mundo se discute qué hacer para regular a las plataformas digitales en general y durante las campañas electorales en particular. En 2017, por ejemplo, la OEA difundió la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y “Noticias Falsas”, Desinformación y Propaganda.
En muchos casos se utilizan recursos públicos que no se declaran; en otros, directamente, se usan fondos provenientes de actividades delictivas. En ambos, sobrevuela la figura del lavado de activos, que, por cierto, se trata de un delito de competencia federal. Sin embargo, los tribunales electorales de las provincias tienen herramientas para actuar y no escudarse en el argumento genérico del derecho a la libertad de expresión.
Reconocer el problema y hacer algo
Alemania y Francia han asumido la problemática y promovieron leyes con las vienen intentando dar respuesta a un conflicto que representa un desafío para las propias instituciones democráticas. Se ha comprobado que, en 2016, el activismo en redes sociales y las fake news fueron fundamentales para el primer triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos (caso “Cambridge Analytica” por la recopilación de datos de usuarios de Facebook) y que luego incidieron en la toma del Capitolio tras su derrota frente a Joseph Biden. También está demostrado que, en 2022, “milicias digitales” promovieron una operación con el objetivo de desconocer el triunfo de Lula Da Silva contra Jair Bolsonaro en Brasil, lo que derivó en la toma de los tres poderes del Estado.
El Poder Judicial de Brasil, a través del Tribunal Superior Electoral, ha sido uno de los más activos en perseguir el uso de fake news en elecciones, con multas millonarias, bloqueo de cuentas y hasta prisión para los responsables. En un caso emblemático, el partido PL (de Jair Bolsonaro) fue multado en R$ 22,9 millones por campañas de desinformación contra el sistema electoral, además el TSE multó a candidatos y partidos por difundir noticias falsas contra adversarios en las elecciones y varios dirigentes políticos fueron condenados por usar bots y perfiles falsos para difamar oponentes.
Por su parte, el Tribunal Supremo Federal investigó a empresarios, blogueros y políticos acusados de difundir noticias falsas para desestabilizar la democracia, entre ellos el director de La Derecha Diario y asesor del presidente Javier Milei, el argentino Fernando Cerimedo, y declaró en rebeldía al dueño del portal ultraderechista Terça Livre, Allan dos Santos, por difundir desinformación.
Con respecto a la responsabilidad de las plataformas digitales, que no solo viralizan contenidos fake news sino que lo hacen con fines de lucro a través de publicidades pagadas, WhatsApp y Telegram han sido obligados a retirar contenido falso y colaborar con investigaciones. En 2022, el TSE también ordenó a plataformas como Twitter (X) y Facebook a eliminar cuentas falsas vinculadas a políticos.
LITIGIO detectó una gran cantidad de medios “truchos” o creados exclusivamente para llevar adelante este tipo de campañas sucias, más allá de los incluidos en la denuncia del Frente Chaco Merece Más ante el Tribunal Electoral. La mayoría de ellos en Facebook, la red social más popular. El modus operandi: elaborar y publicitar “placas” que ligan a Capitanich con las detenciones de dirigentes piqueteros investigados por actos de corrupción en Chaco. Es el mismo método utilizado durante la campaña de 2023 cuando se vinculaba a Capitanich con el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que culminó con el triunfo de Leandro Zdero.
Santa Fe, un caso más cercano
En Argentina, la Cámara Nacional Electoral viene promoviendo distintas medidas para transparentar y mejorar las “buenas prácticas” electorales, sin embargo se trata más de expresiones de deseo que apelan a la buena voluntad de los contendientes, en muchos casos inexistente, con el objetivo de que este tipo de situaciones se “autorregulen”.
Hasta ahora en nuestro país solo existe un antecedente importante y lo dio el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe. En las elecciones primarias de 2023, hubo un fuerte enfrentamiento entre los candidatos Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, de la Unión Cívica Radical. Ambos presentaron recursos ante el Tribunal Electoral de esa provincia que, por unanimidad, consideró que debía intervenir y en ambos casos ordenó a Google Argentina SRL desindexar las noticias falsas publicadas en sitios fantasmas o anónimos contra ambos candidatos.
Además, el tribunal integrado por los jueces Daniel Erbetta (presidente), Armando Luis Drago (vocal), Alfredo Ivaldi Artacho (vocal) y Pablo Ayala (secretario) le requirieron a Google Argentina SRL que brinde información o datos que permitan identificar al autor de los anuncios y el origen de los fondos de las publicaciones en cuestión.
Al igual que el Tribunal Electoral del Chaco, su par santafesino también exhortó a las “buenas prácticas democráticas” y expresó que “sería deseable que quienes se presentan como candidatos y candidatas se esfuercen en hacer una campaña limpia, rigurosa con los datos, transparente y evitando la difamación”. Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados ni avaló las campañas difamatorias con su inacción.
En cambio, por más que disguste al Tribunal Electoral de Chaco, su resolución fue, en los hechos, un “vale todo”. Su mayor equivocación es considerar que con su pasividad defiende la libertad de expresión y no los negocios de las plataformas como Meta y Google que reciben dinero no se sabe de qué origen para propagar fake news. En todo caso, el tribunal no cumple ninguna función para que la ciudadanía pueda elegir en libertad y sin ser víctima de la desinformación.
Es deseable que en un futuro el tribunal reflexione sobre las implicancias de su inacción, y caiga en la cuenta de que su no intervención no perjudica a un candidato x, y o z, sino el derecho a la ciudadanía de estar informada a la hora de tomar decisiones sin manipulaciones de ningún tipo, en este caso, al decidir su voto, el momento más valioso de nuestra vapuleada democracia.
*Periodista y codirector de Revista LITIGIO
