El lunes se desarrolló la audiencia convocada por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco para abordar el habeas corpus correctivo solicitado por el Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia para escuchar a representantes de las personas privadas de libertad de todas las unidades penales en torno a la quita de celulares.
Martes, 15 de abril de 2025
En la audiencia participaron: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, los magistrados, Enrique Varela y la jueza, Isabel Grillo; la defensora adjunta, Gisela Gauna Wriz; la presidenta del Comité, Bashe Charole, la vicepresidenta, Ariela Álvarez, el magistrado del organismo Roberto Sotelo; el subsecretario de Derechos humanos, Hugo Maldonado; la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Patricia Fernández y el subsecretario de Seguridad Pública, Juan de la Cruz González.
Las y los detenidos que declararon coincidieron en que la quita de celulares por parte del Ejecutivo significa un enorme retroceso a un mundo predigital que dificulta el concepto de reinserción social por el cual se aboga que las cárceles existan. Además, entorpece sus dinámicas vinculares en torno al contacto con sus familiares, impide la finalización de estudios primarios, secundarios o llevar adelante una carrera universitaria y/o formación de oficios costeadas por ellos mismos. En muchos casos cancela la posibilidad de llevar adelante sus emprendimientos mediante la difusión y venta digital de los mismos.
Asimismo, el estado no demostró la comisión de delito en la que se funda la medida implementada (en torno a la prohibición de los celulares), además de que la quita de celulares implica una situación de clandestinidad ya que se deshabilita el registro de quién lo utiliza y, por lo tanto, su geolocalización y seguimiento de su uso adecuado.
Muchas personas privadas de su libertad coincidieron en que la quita de celulares redunda en que no puedan llevar adelante registros acerca de las torturas y malos tratos al interior del penal. A la vez, obstaculiza el contacto de defensores y la relación con otras organizaciones y redes de apoyo.
“Estamos presos el resto de los derechos los seguimos teniendo”, insistieron, en referencias al derecho a la información, cultura general y la posibilidad de poder llevar adelante tareas que les permite sobrellevar el encierro como el ejercicio de su fe en familia conectándose mediante oraciones hacia la fe que profesan y como actividades que comparten con sus familias.
Un aspecto crucial también es la perspectiva de los pueblos originarios y la posibilidad que los dispositivos móviles brindan al respecto.
Las mujeres privadas de su libertad resaltan que es mediante las videollamadas que realizan que pueden mantener las actividades el seguimiento de las tareas del cuidado que continúan ejerciendo a distancia en su vinculación con hijos y nietos.
