En esta nota de opinión, la abogada María Eugenia Ayala Soria destaca el trabajo del Ministerio Público de la Defensa ante los recientes ataques de funcionarios del gobierno de Leandro Zdero y del jefe de Policía del Chaco por cumplir con sus funciones constitucionales.
Lunes, 14 de abril de 2025
Por María Eugenia Ayala Soria*
El 5 de abril la Revista Litigio publicó la nota titulada “Grave: Impiden el ingreso de la Defensora General Adjunta al penal de Barranqueras”. En la misma se anoticiaba que Gisela Gauna Wirz no pudo acceder al sector de celdas del Complejo Penitenciario VII, de la ciudad portuaria. Que la Defensora General Adjunta informo de lo sucedido al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el contexto de un habeas corpus presentada con el Comité para la prevención de la Tortura.
Gauna Wirz en su informe al STJ detalló que “…la visita tenía como objetivo recoger testimonios de personas privadas de su libertad, ante denuncias sobre supuestas irregularidades en la unidad y las consecuencias de la reciente quita de celulares. Sin embargo, al llegar al penal, tanto el jefe de la unidad como un abogado presente le informaron que, por órdenes superiores, no se le permitiría el acceso al sector de alojamiento. También le prohibieron realizar registros en video o actas de las entrevistas, algo que consideró fundamental para proteger la identidad de los denunciantes.” En sus nueve años a cargo de la Defensoría General Adjunta jamás le sucedió esto.
Alicia Alcalá (Defensora General) y Gisela Gauna Wirz (Defensora General Adjunta) fueron designadas en el año 2016 por el poder ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento después de someterse a un concurso público de oposición y antecedentes. A sus designaciones se arribó porque en el año 2013 la legislatura modificó la ley de Ministerio Público, separando el Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal. Es el único organismo del poder judicial que esta conducido íntegramente por mujeres.
Es decir que cuando Gauna Wirz informó al STJ que en 9 años nunca le sucedió algo así está diciendo que desde la puesta en marcha de la Defensoría General jamás se les prohibió el acceso a las celdas. Profunda declaración en tiempos en los cuales se pretende reforzar la construcción del otro como enemigo y alimentar el morbo social exhibiendo a las personas privadas de libertad en un traslado matutino, como aconteció recientemente Presidencia Roque Sáenz Peña.
Me recordó a los tiempos de los zoológicos humanos europeos (comunes en todo el siglo XIX y principios del XX) en los cuales se exhibían a “las poblaciones exóticas”. En los mismos los visitantes podían vislumbrar la vida “primitiva” e irse sintiendo que habían “viajado” a lugares desconocidos.
Gauna Wirz, en su rol de defensora interamericana por argentina, y Bashé Charole, como presidenta del comité para la prevención de la Tortura, solicitaron una medida cautelar por la muerte de tres internos en un mes en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña. Las muertes podrían estar relacionadas con consumo problemático de sustancias y la ausencia de la atención medica pertinente. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los Estados de las Américas de acuerdo con los más altos estándares internacionales, a fin de salvaguardar la dignidad de las personas y afianzar el Estado de derecho y la democracia.
Esta no es la primera vez que la Defensora Adjunta hace una presentación ante la CIDH. En el 2018, durante el gobierno del Ing. Domingo Peppo, lo hizo por las condiciones de detención de las personas alojadas en la Alcaidía de Resistencia.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Está para todos los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos.
En tal sentido la Asesora de NNyA N°1, perteneciente al MPD, hace poco presentó dos amparos ante Juzgados Civiles en virtud de la situación de los niñas, niños y adolescentes en los Espacios Convivenciales Alternativos (ECA) de la ciudad capital. Las presentaciones tenían como objeto lograr por parte de la Subsecretaria de Niñez; Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano, “la inmediata implementación de medidas de acción positivas en resguardo de derechos de las personas menores de edad allí alojadas”. Ambas presentaciones fueron rechazadas y posteriormente apeladas por la Asesora.
El MPD tiene una función y la cumple cabalmente desde su creación. Eso es bueno para la democracia. Es gran noticia tener funcionarias y funcionarios incólumes.
Respaldar el trabajo honroso y ético que cumple la Defensoría es tarea de toda la ciudadanía. Es nuestro paragolpes frente a la crueldad como política de Estado.
La construcción del MPD como el obstáculo para la implementación de políticas de seguridad sugiere una decisión política de confrontación y descrédito de las instituciones democráticas que velan por el cumplimiento de las garantías que supimos conseguir.
¿Quién vela por los derechos de los adultos mayores, niños, personas privadas de la libertad, comunidades indígenas? La Defensoría. La postura maniquea que se propone “de estas a favor del gobierno o a favor de los criminales” puede ser tentadora ya que todos quieren estar del lado correcto.
El Jefe de la Policía Fernando Romero cree estar del lado correcto cuando le responde a Gauna W. diciendo “humillante y mortificante fue lo que hicieron esos delincuentes a las víctimas”.
El Ministro de Seguridad Hugo Matkovich también se posiciona cuando afirma respecto al MPD y el Comité contra la Tortura: “No entiendo por qué le dan la espalda a las víctimas de los delitos que llevaron a esas personas a estar presas. No entiendo por qué le dan la espalda a la sociedad que exige claramente la delincuencia…”
Ambos están convencidos moralmente. Pero la moral de la convicción no puede ser de ninguna manera la moral del Estado porque la moral de cada individuo está determinada por la estructura social en la que se encuentra inmerso. Y además porque la moral de la convicción incita a las personas a actuar de acuerdo con sentimientos, sin referencia explícita o implícita a las consecuencias.
Entonces aparece la encerrona de que vulnerar derechos es un acto aceptable moralmente.” Los buenos” vulneran los derechos de “los malos”. Surgen dos preguntas en este escenario: ¿Quién decide qué es ser bueno y que es ser malo? Y seguidamente: ¿Son fijas estas posiciones o se puede entrar o salir de ellas fácilmente?
Quien ejerza el poder determinara que es bueno y malo. Esto es para Weber la Política, la posibilidad de fijar la trayectoria de una sociedad humana por medio de un ejercicio de dominio dentro del territorio del Estado.
El segundo interrogante presenta un gran depende. Cuando las instituciones están fortalecidas y la comunidad ve en ellas custodios de sus derechos y garantías saben que el pasaje de una categoría a otra no será arbitrario ni antojadizo. A esto se le llama seguridad jurídica.
Concluyendo, como afirma Weber en La Política como Vocación “quien se mete en política, es decir, quien accede a utilizar como medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando.”
El equilibrio entre responsabilidad y convicción implica que el político profesional pondere al mundo y analice las consecuencias probables, sobre todo, en aquello que pueda decir o hacer.
Ínterin sepamos que en Chaco el Ministerio Público de la Defensa tiene muy claro que no es tarea del estado promover que Dios o el diablo sean los jueces de las acciones de la ciudadanía. Demos gracias por eso.
*Abogada. Técnica en Diagnósticos Sociales. Tesista de la Licenciatura en Sociología de UNCAUS.
