La Justicia Federal de Sáenz Peña dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ibáñez por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y uso de instrumento público falso por la supuesta falsificación de certificados de discapacidad. La medida incluye a su hija y a varios médicos de esa localidad.
Lunes, 14 de abril de 2025
La jueza federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, María Belén López Mace, dictó este lunes el procesamiento sin prisión preventiva del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez; de su hija, Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert y del médico cirujano Gustavo Rojas como líderes de una presunta organización con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de pensiones no contributivas por invalidez de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La decisión de la jueza, a instancias del fiscal federal subrogante Carlos Amad también comprende a otras ocho personas que habrían ocupado diversos roles en la asociación ilícita para defraudar al Estado. Según la magistrada, cada uno de los imputados “actuaron dentro del ámbito de sus competencias funcionales con la finalidad de delinquir”. Así lo señala el auto de procesamiento de 213 páginas dictado este lunes.
Según se desprende de la acusación, la operatoria consistía en que personas que no contaban con los requisitos para acceder a pensiones por invalidez, pagaban entre 10 y 20 mil pesos a los imputados que ejecutaban las maniobras para que puedan acceder igualmente a los beneficios, en muchos casos a través de la incorporación de historias clínicas con datos falsos firmadas por los médicos procesados en esta causa.
De acuerdo a los datos aportados por ANDIS, se computaron sólo por el periodo 2020 a septiembre de 2023, la cantidad de 662 PNC (pensiones no contributivas), que en líneas generales coincidió con lo denunciado oportunamente por Canata. En ese contexto, la localidad de Taco Pozo cuenta con 10.222 habitantes según el último Censo Nacional. También en la investigación se corroboró que desde el año 2020 hasta enero de 2024 se destinaron más de 892 millones de pesos al pago de pensiones no contributivas en esa localidad.
De la auditoría llevada a cabo, se detectó que 84 de los beneficiarios eran menores de edad. Con respecto a los mayores, se verificó que 487 titulares requerían documentación médica complementaria. De ese total, se presentaron 442 titulares para ser reevaluados por los profesionales médicos arrojando que 404 de ellos no cumplían con los criterios establecidos y se les había suspendido la percepción del beneficio.
Los procesados
Ibáñez, su hija y el médico cirujano Rojas fueron procesados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, en calidad de organizadores.
Respecto al jefe comunal, los argumentos aparecen como los más endebles ya que, sin pruebas de su intervención, el procesamiento conjetura que “habría participado o tenido conocimiento del entramado en el que se gestionaban de manera irregular las pensiones no contributivas, colaborando –ya sea directa o indirectamente- con el mecanismo fraudulento que involucraba el uso indebido de claves y el control de trámites a través del Centro de Atención Digital (CADD) de la municipalidad”.
La hija de Ibáñez, en tanto, estaba a cargo de la oficina de Anses en la localidad de Taco Pozo.
Otras ocho personas fueron imputadas como partícipes necesarias y miembros de la misma asociación ilícita y por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica en instrumento público. A tres de ellas, también se les agrega el delito por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por otro lado, la magistrada dictó la falta de mérito de otras dos mujeres que formaban parte de la investigación iniciada en abril de 2023 a partir de una denuncia de la dirigente radical Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales.
En sus fundamentos, la jueza López Macé aseguró que los imputados “han incurrido en un incumplimiento manifiesto de las funciones que les fueran legalmente encomendadas, ya sea por acción u omisión, generando con ello una afectación concreta al debido funcionamiento de la administración pública”.
En ese sentido, agregó que “cada uno de ellos, desde el rol funcional que ocupaba, ya fuera en tareas administrativas, de gestión, supervisión o firma, actuó contrariando los deberes positivos impuestos por la normativa vigente, o bien consintió con su inactividad la ejecución de órdenes ilegítimas, o la omisión de aquellas acciones cuya realización era jurídicamente exigible”.
Advirtió, asimismo, que “esta conducta, lejos de ser aislada, se presenta como parte de un accionar coordinado y sistemático, orientado al incumplimiento de disposiciones legales y al desvío de fondos públicos”.
“Revestidos de la calidad de funcionarios públicos, los imputados actuaron dentro del ámbito de sus competencias funcionales con la finalidad de delinquir, de manera manifiestamente arbitraria y abusando de la autoridad que les confería el cargo”, afirma en forma categórica la magistrada, y subraya que “lo hicieron al margen de la legalidad que debe regir los actos administrativos emanados de la función pública, incurriendo así en un claro apartamiento de sus deberes legales”.
Al respecto, destacó que “tal accionar los hace responsables por el mal desempeño de sus funciones, en tanto omitieron deliberadamente el cumplimiento de sus obligaciones y optaron, en cambio, por ejercer ilegítimamente la autoridad que les fuera oportunamente atribuida”.
Fuente: chacodiapordia.com
