Una jueza de Villa Ángela dispuso que Secheep retenga el 20% del salario mínimo vital y móvil a un hombre que incumplía con el pago de la cuota alimentaria. El monto será transferido a la madre del menor para cubrir sus necesidades.
Jueves, 10 de abril de 2025
El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 2 de Villa Ángela, a cargo de la jueza Estela Maris Vega, resolvió una medida innovadora al ordenar que la empresa energética Secheep incluya en su facturación mensual el cobro de una cuota alimentaria adeudada. La decisión alcanza a un progenitor que, pese a múltiples intimaciones, se negaba a cumplir con la obligación de asistir económicamente a su hijo.
Según se detalló, el importe descontado será equivalente al 20% del salario mínimo, vital y móvil y será transferido a la cuenta judicial correspondiente a la madre del niño, quien se encuentra a cargo de su cuidado. La medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo del derecho alimentario, asegurando al mismo tiempo la continuidad de los servicios públicos esenciales.
El fallo, registrado en el interlocutorio 25/25, se basa en lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación, que faculta a los jueces a implementar herramientas que garanticen el cumplimiento de obligaciones, en particular aquellas que resguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En su análisis, la magistrada consideró que ante la imposibilidad de hacer cumplir voluntariamente la obligación alimentaria y el evidente desinterés del progenitor, era necesario adoptar una vía accesoria que, respetando el principio de razonabilidad, permitiera asegurar los fondos destinados al niño.
Si bien la cuota original representaba el 40% del salario mínimo, la jueza fijó el descuento en el 20%, teniendo en cuenta la situación económica del país y del propio demandado. De este modo, se busca garantizar al menos el cumplimiento parcial de la obligación, sin afectar la continuidad del servicio de energía eléctrica.
Además de brindar una solución concreta a un caso puntual, la medida sienta precedente sobre el uso de herramientas alternativas para exigir el cumplimiento de obligaciones alimentarias y reafirma la importancia de proteger los derechos de los menores mediante acciones judiciales efectivas.
