Se trata de Edgardo “Tati” Reguera, candidato a diputado provincial por la lista Chaco Puede. A pesar de estar completamente ajeno al operativo —actualmente es presidente de la Asociación de Pilotos del Centro Chaqueño—, decidió estar presente durante el traslado de 15 presos hacia el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, realizado el pasado 31 de marzo. Por este hecho, la cúpula de Seguridad del Chaco fue denunciada penalmente. “Ni un paso atrás con la delincuencia”, escribió Reguera en sus redes sociales. El uso del sistema penal como escenario de campaña.
Jueves, 10 de abril de 2025
Por Bruno Martínez
Está claro: el gobierno de Leandro Zdero transformó lo que debería ser un discreto traslado de detenidos ordenado por la Justicia en un show mediático y denigrante para intentar sacar algún rédito electoral. A esto se suma un condimento que refuerza la teoría del uso político del operativo: la presencia de uno de sus candidatos.
Sin ninguna función institucional que lo justificara, ya que actualmente preside la Asociación de Pilotos del Centro Chaqueño —a cargo del Autódromo de Sáenz Peña—, Edgardo “Tati” Reguera se presentó en el predio de la Ferichaco, donde los 15 presos condenados fueron expuestos innecesariamente ante los medios locales antes de ser trasladados al Complejo Penitenciario II.
Reguera, candidato a diputado provincial por la alianza oficialista Chaco Puede (UCR + La Libertad Avanza) y expresidente del Consejo de la Magistratura, aprovechó la ocasión para saludar a las autoridades penitenciarias y policiales, y se tomó una serie de fotografías que luego compartió en sus redes sociales, como parte de su campaña rumbo a las elecciones legislativas del 11 de mayo.
En su cuenta de Facebook, el abogado saenzpeñense catalogó el operativo como un “hecho histórico”. “En la mañana de este lunes, acompañé el traslado de detenidos condenados por diferentes causas que estaban alojados en distintas comisarías, y fueron llevados hacia el Complejo Penitenciario Provincial N°2”, indicó el candidato.
Sostuvo que esta es una acción que forma parte del proceso encarado por la actual gestión para resolver los problemas heredados del “desgobierno (sic) de Capitanich”. “Ni un paso atrás con la delincuencia. Primero, el orden y la seguridad de todos los chaqueños de bien que quieren vivir en paz”, concluyó.
Traslados ordenados por la Justicia
Con el Chaco liderando los índices de pobreza e indigencia y con escasos logros de gestión para exhibir, el gobierno decidió basar su estrategia de comunicación en la promoción del “orden” y la “mano dura”. Bajo esta lógica, incorporó los recientes traslados de detenidos como parte del discurso oficial. Sin embargo, estos operativos no fueron iniciativas del Poder Ejecutivo, sino que fueron dispuestos por el Poder Judicial.
El problema tiene dos aristas: la permanencia de presos en comisarías y la situación edilicia del penal de Sáenz Peña. En mayo del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a un habeas corpus colectivo y correctivo, impulsado por los defensores oficiales, en favor de las personas condenadas alojadas en diversas comisarías de la provincia. En dicha resolución, se ordenó al gobierno provincial el traslado progresivo de estos detenidos a unidades del Servicio Penitenciario Provincial.
“Lo denunciado y admitido oficialmente genera serios peligros para la vida y la integridad física de las personas involucradas, potenciales conflictos y eventuales responsabilidades de las autoridades a cuyo cargo se encuentra el cumplimiento de las obligaciones legales, constitucionales y convencionales asumidas”, sostuvieron en sus fundamentos los jueces del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
En cuanto a las mejoras edilicias del Complejo Penitenciario II, estas fueron ordenadas por el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Lineras, quien hizo lugar a una acción de habeas corpus colectivo presentada por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.
El magistrado constató que los detenidos del Módulo VII se encontraban alojados en celdas “sucias, nauseabundas, húmedas, oscuras y peligrosas”, situación que consideró constitutiva de un trato carcelario cruel, inhumano y degradante, contrario a los estándares constitucionales y de derechos humanos.
Entre otras medidas, ordenó el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas para proveer de energía y luz a las celdas, garantizar el suministro continuo y seguro de agua potable, y realizar las refacciones necesarias en el interior de cada celda para asegurar condiciones mínimas de higiene y dignidad.
Denuncia penal
En base a lo visto, oído y publicado durante el operativo del 31 de marzo, la Defensora General Adjunta del Poder Judicial, Gisela Gaúna Wirz, presentó el lunes una denuncia penal contra el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich; al jefe de Policía, Fernando Romero y a la directora del Servicio Penitenciario, Gilda Maidana por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, apremios y vejaciones. La denuncia quedó radicada en la fiscalía 10.
La Defensora indicó que el operativo por el cual 15 personas que se encontraban cumpliendo sus condenas en comisarías de Sáenz Peña, Tres Isletas y Castelli fue planificado, autorizado y difundido como un evento público, en el cual se cursaron invitaciones oficiales a medios de comunicación, autoridades y vecinos para asistir a la exhibición y posterior traslado de personas condenadas desde comisarías del interior hacia el Complejo Penitenciario II.
El despliegue comenzó con la exposición de los presos en el predio de Ferichaco, un espacio ajeno al sistema penitenciario, donde fueron mostrados ante las cámaras antes de ser finalmente llevados al penal. Las imágenes fueron ampliamente difundidas por redes sociales oficiales, sitios del gobierno provincial y medios de comunicación.
“Se trató de una exhibición pública gratuita de personas condenadas, llegando incluso a cursar invitaciones a los medios y a funcionarios públicos a fin de publicitar esta parafernalia desplegada por motivos pretendidamente securitarios, alardeando posteriormente de la misma en las redes y páginas oficiales del gobierno.”, sostiene Gauna Wirz en el escrito.
Notas relacionadas
El STJ instó al Gobierno al traslado progresivo de los condenados alojados en comisarías del Chaco
