Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura chaqueña propone restringir la portación de armas reglamentarias al personal policial exclusivamente durante su horario de servicio. La iniciativa, impulsada por los diputados Tere Cubells, Rubén Guillón, Mariela Quirós y Nicolás Slimel, ya se encuentra en trámite y apunta a prevenir hechos de violencia y suicidios protagonizados por miembros de las fuerzas de seguridad.
Sábado, 5 de abril de 2025
El texto establece que las armas entregadas por la institución deberán ser resguardadas en cajas fuertes u otros dispositivos de seguridad en las comisarías, fuera del horario laboral de los agentes. Esta medida estará regulada por los estándares de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), y cada dependencia deberá llevar un registro detallado del resguardo de armamento.
Además, se modifica el artículo 35 de la Ley 178-J, prohibiendo también la portación de armas reglamentarias a policías retirados. No obstante, se abre la posibilidad de excepciones: el jefe de Policía podrá autorizar, mediante resolución fundada, el uso del arma fuera de servicio si así lo solicita el agente.
Entre los fundamentos del proyecto se enumeran varios episodios trágicos ocurridos en los últimos años, donde se utilizaron armas reglamentarias fuera del horario de servicio. En enero de 2024, Claudio Mambrín, agente policial, asesinó a su pareja en Presidencia de la Plaza y luego se quitó la vida. En febrero, el sargento José Acosta fue hallado muerto con un disparo en la cabeza; se trató de un suicidio con su arma reglamentaria mientras estaba de franco.
Otro caso se registró en abril, cuando Federico Fogliatti, de la División de Antecedentes, se suicidó con su arma en un descampado. En junio, una policía fue víctima de una tentativa de femicidio cuando su pareja utilizó su arma reglamentaria para dispararle.
También se recuerdan hechos de años anteriores, como el femicidio de Mabel Quiróz en 2019, cometido por su expareja, un efectivo policial, y el caso de Gisela Barreto en 2020, que la Justicia determinó que se trató de un suicidio.
“Este proyecto no pretende dejar indefenso a ningún agente, sino evitar que un arma entregada por el Estado termine siendo utilizada para cometer delitos o quitarse la vida”, argumentan los legisladores en el documento.
La autoridad de aplicación del proyecto sería el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que tendrá 60 días para adecuar las normativas internas a esta posible nueva legislación.
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