El ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona denunció una supuesta “caja millonaria” que sería “administrada sin control”. Pero los propios organismos le recordaron que la administración de los fondos cuenta con el aval del secretario de DD.HH. Alberto Baños. “Los fondos suspendidos momentáneamente corresponden a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras” del espacio, señalaron.
Viernes, 4 de abril de 2025
Por Luciana Bertoia
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, olfateaba que iba aser un día complicado para el Gobierno. Era cantado que el Senado iba a rechazar los pliegos de los candidatos oficiales para la Corte Suprema. Y el funcionario salió a tratar de conquistar la agenda. Para ello, recurrió a una vieja táctica de La Libertad Avanza (LLA): atacar a los organismos de derechos humanos. Los acusó de manejar “una caja millonaria” que administra el predio donde funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue, en realidad, una estrategia para ocultar que la administración libertaria no está transfiriendo los fondos para abonar los sueldos de quienes trabajan en ese espacio de memoria, lo que pone al lugar en serio riesgo de parálisis.
Pasado el mediodía, Cúneo Libarona tuiteó: “Cortamos otra caja millonaria en derechos humanos. Los organismos de derechos humanos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de ex-ESMA; solo para cortar el pasto gastaban 16.000.000 por mes. Decidimos suspender todos los pagos hasta que no se realicen las rendiciones de cuentas”.
En realidad, como había publicado Página/12, el tuit de Cúneo Libarona no es más que una provocación. Lo que hizo el Gobierno fue congelar los fondos que se transfieren para el pago de 176 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la ex-ESMA. El directorio de organismos pidió que se regularice la situación para que las tareas se puedan seguir llevando adelante.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que se trataba de una maniobra para vaciar las políticas de memoria y para hostigar a los organismos de derechos humanos.
A diferencia de lo que plantea el ministro de Justicia, la ex-ESMA no es administrada por los organismos de derechos humanos. Existe un ente tripartito integrado por Nación, Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. El ente fue creado por la ley 26.415. De hecho, hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que establece que, para tomar decisiones sobre lo que sucede en el predio, se necesitan dos de los tres votos.
En la ex-ESMA hay edificios que son manejados por el Estado Nacional (por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y otros por los organismos de derechos humanos. El ente se ocupa de todo lo que hace a los espacios comunes dentro de la ex-ESMA: desde la promoción, la comunicación, las visitas guiadas por el predio hasta la seguridad y el mantenimiento. Tiene 176 trabajadores y trabajadoras.
El presupuesto anual que tiene el ente es de 3.900 millones, según informaron fuentes de los organismos. Mensualmente, el ente pide una transferencia de 280 millones de pesos. El 93 por ciento del presupuesto se usa para pagar los sueldos de los trabajadores del espacio.
Una reacción en cadena
Dos días después de la marcha del 24 de marzo, el Ministerio de Justicia anunció que haría una auditoría sobre el ente conjuntamente con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En esa misma nota, el Ministerio de Justicia advirtió que congelaría las transferencias de fondos por 60 días.
Los ingresos del ente se usan para pagar salarios. Si el Gobierno no hace las transferencias, el ente no puede pagar los sueldos de los trabajadores que se desempeñan en la ex-ESMA. La semana pasada, el ente tenía en su cuenta poco más de 267.000 pesos. El dinero no alcanza ni para pagar un sueldo.
Desde el sábado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró un cese de tareas. El lunes, hubo una asamblea. Los referentes de ATE quisieron entrevistarse con el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, pero éste rechazó la reunión. Desde ese día, ATE está de paro.
El martes, se reunió el órgano ejecutivo del ente. Del encuentro participó Baños. Hubo un principio de acuerdo entre Nación, Ciudad y los organismos de derechos humanos –que parece haberse roto con el mensaje que Cúneo Libarona posteó en redes sociales.
Todo indica que el tema terminará judicializándose. Es posible que haya presentaciones ante el fuero contencioso-administrativo, laboral y penal. En Comodoro Py está en pleno trámite una denuncia que presentó la legisladora Victoria Montenegro contra Cúneo Libarona y Baños por no garantizar el mantenimiento de los sitios de memoria. El expediente está radicado en el Juzgado Federal 6, que subroga Daniel Rafecas.
Las provocaciones del ministro
No es la primera vez que Cúneo Libarona recurre a la figura de una “auditoría” para no llevar a la práctica una política. Lo hizo el año pasado con las reparaciones que el Estado debe pagarles a las víctimas del terrorismo de Estado. Si bien mediáticamente, lo presentó como un freno al “curro de los derechos humanos”, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) le informó que estaba saldando los compromisos y que la auditoría era un procedimiento ordinario.
El Gobierno viene adoptando una serie de decisiones que tienden directamente al vaciamiento de la exESMA. El 25 de marzo, Cúneo Libarona celebró que el Gobierno había despedido a “405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos”. Según estimaciones del ministro, eso implica una reducción del 44 por ciento del personal recibido.
Desde el 2 de enero, el Gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba desde 2008 en la exESMA. Por los despidos decididos por el Gobierno nacional, el museo del sitio de memoria –que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO– tuvo que reducir los días en los que está abierto.
En febrero, el Gobierno censuró el recital que iba a dar el artista Milo J. Lo hizo a través de una cautelar que consiguió en la justicia en lo contencioso administrativo federal. Ese mismo día, Baños resolvió retirar una gigantografía en la que se lo veía a Néstor Kirchner ordenando bajar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación –hecho fundacional en la política de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos 20 años.
Según denunciaron los delegados de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno arrancó los carteles –que estaban colocados en las rejas de Avenida del Libertador– con los que se denunciaba el vaciamiento de la exESMA. La información indica que fueron quemados en el estacionamiento, lo que, para muchos, estuvo cargado de un simbolismo siniestro, ya que la práctica de los “asados” –incinerar cuerpos– existió en el campo de concentración manejado por la Marina.
Estos hechos se combinan con otro dato: hace meses que la Policía Federal Argentina (PFA) controla los ingresos a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos en la exESMA. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) incluso denunció que hubo tareas de inteligencia ilegal.
Fuente: Página/12
