En esta columna de opinión, Nayla Bosch y Martín Plaza Schaefer señalan que los análisis que inundan la web sobre “Adolescencia”, la serie de Netflix del momento, dejan de lado uno de los temas centrales que aborda: la punibilidad de los niños, niñas y adolescentes. “Las juventudes, una vez más, son estigmatizadas interpretando erróneamente sus problemáticas, haciendo pasar la excepción por la regla”, afirman.
Martes, 1 de abril de 2025
Por Nayla Bosch* y Martín Plaza Schaefer**
La serie “Adolescencia”, promocionada en el top ten de series más vistas en Netflix en nuestro país, aborda múltiples temáticas actuales, como el rol de la familia, la virtualidad, la violencia y el impacto de ellas en los adolescentes. Sin embargo, la suerte de fascinación que despertó la tira dejó de lado en gran parte de los análisis a uno de los temas centrales: la punibilidad de los niños/as y adolescentes. Es por ello que nos preguntamos sobre la realidad en nuestro país en torno al debate público sobre la baja de la edad de imputabilidad, dónde se ubica la respuesta a los conflictos que atraviesan nuestras juventudes, qué rol cumplen las plataformas en la producción y reproducción de discursos y cómo podemos abordar estos debates lejos de aquellas miradas eurocentristas y que reproducen el adultocentrismo.
La miniserie “Adolescencia” relata el tránsito por el sistema penal de un adolescente de 13 años, Jamie, acusado de ser el asesino de Katie, su compañera de colegio. Desde luego, aquí no se busca ahondar respecto del caso puntual sino sobre una de las líneas que parece pasar desapercibida de la miniserie, la punibilidad de los jóvenes y, especialmente, en cómo miramos y digerimos la problemática que Netflix nos propone con acento inglés.
Entre una serie de tensiones actuales y pertinentes que recupera (las cuestiones de género, la ruptura entre un mundo adulto y uno joven, la violencia entre lxs mismxs adolescentes) se cuela casi en voz baja lo que debería ser uno de los focos principales de su trama: la detención de un adolescente de 13 años, acusado de cometer un femicidio.
La recuperación de temáticas fundamentales, donde la desconexión institucional con los jóvenes -familia y escuela principalmente-, vínculo de las juventudes con la tecnología y reproducción de las violencias entre adolescentes, parece ubicar a la serie en la vanguardia de los debates actuales.
Se evidencia una fractura entre el lenguaje adolescente y el mundo adulto, representado por el concepto “incel”. Es por ello que ante el horror del crimen cometido, el único punto de conexión pareciera ser lo penal, con una administración de la justicia y la resolución de conflictos adultocéntrica. Es allí donde “Adolescentes” propone al sistema penal como el único entramado institucional capaz de resolver el problema y se da rienda suelta a la bola de nieve punitiva que empuja -o puede empujar- la serie. En un sistema donde la familia falló, la escuela falló, es el sistema penal el que “cumple su tarea”.
La realidad de quienes investigan el femicidio de Katie, con un policía varón permanentemente involucrado en el caso, una institución de encierro donde recluyen a Jamie que parece cumplir con todos los estándares internacionales de derechos humanos y un equipo interdisciplinario comandado por una psicóloga que dialoga regularmente, lejos parece estar de la realidad del sistema penal al que se los ingresa a los jóvenes, al menos, en nuestro país.
Lógicamente, no toca a quienes aquí escribimos opinar sobre el acusado del femicidio en la serie, pero sí hacernos cargo del debate clave, actual y complejo que Netflix elige recuperar y ubicar el mismo con nuestros jóvenes, con nuestras instituciones, con nuestros problemas.
En Argentina, los jóvenes son punibles a partir de los 16 años. Sin embargo, frecuentemente se renueva el debate, con múltiples propuestas que sugieren bajarla, hasta los 13 años. El argumento siempre es el mismo: la supuesta protección de la sociedad de delitos gravísimos. El motivo: la falla institucional de la escuela y la familia. Parecido a las de Jamie ¿No?
Es preciso -y urgente- que la reflexión no quede en una especie de autoflagelacion de las familias o en la cómoda parálisis de la adultez y que se sitúe el problema de los NNyA de Argentina. Lógicamente, son generaciones atravesadas constitutivamente por la tecnología. Esto existe en Inglaterra y existe en Argentina.
Respecto al tema en el que hacemos foco, la principal “trampa” de la serie reside en que el problema en la realidad opera de manera muy diferente. Es ínfima la cantidad de jóvenes -y mucho más aún de 13 años- en conflicto con la ley penal por delitos de este tipo (femicidios y/u homicidios). Según el Informe Estadístico BGD 2023 – Niños, Niñas y Adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 83% del total de causas son delitos contra la propiedad.
Las juventudes, una vez más, son estigmatizadas interpretando erróneamente sus problemáticas, haciendo pasar la excepción por la regla, asociando jóvenes a delincuencia y reviviendo con RCP al sistema penal como el único capaz de ordenar y disciplinar, ante un total desborde de la familia y la escuela.
Otro aspecto no menor tiene que ver con el sistema penal que nos presenta la serie. Como se mencionó, pareciera ser un sistema “perfecto”, donde las garantías constitucionales se cumplen por excelencia y donde las condiciones edilicias de la institución donde recluyen a Jamie sugieren que los establecimientos penitenciarios son “hoteles”. Lejos de ser la realidad en Argentina y de América Latina, donde la regla es el hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria y las denigrantes condiciones de detención, y donde los establecimientos para menores punibles lejos están de ser la excepción. Entonces mínimamente nos cabe la siguiente pregunta: ¿es posible adaptar el sistema penal actual y sus establecimientos para incorporar más personas de las que ya tiene? Esta pregunta es clave, porque a pesar de las constantes recomendaciones y acciones judiciales llevadas adelantes por organismos de DDHH y mecanismos de prevención de la tortura, la persistencia en la política pública llevada adelante por distintos gobiernos nos llevan a pensar que esta problemática no esta en vistas de ser resuelta. ¿A qué va esta reflexión? Que la serie presenta casi de manera naturalizada al sistema penal como respuesta a un delito cometido por un adolescente, y esa naturalización que casi pasa desapercibida surge como consecuencia de un sistema inexistente e imposible para nosotros, los argentinos, los latinos.
Además, en el transcurso de la serie, dejamos progresivamente de empatizar con Jamie, particularmente después del segundo episodio donde vemos aspectos violentos en su personalidad mediante la entrevista con la psicóloga. Esto es lógico vinculado a la gravedad del delito que comete, pero no debe dejar de llamarnos la atención como progresivamente se van mostrando elementos que implícitamente nos van llevando a olvidar la posibilidad de rehabilitación de un adolescente de 13 años. No debemos olvidarnos que la Convención de los Derechos del Niño establece que los sistemas juveniles de justicia deben poner más énfasis en la rehabilitación y reinserción social de los niños, niñas y adolescente.
Construir un mundo no punitivo es prevenir, es hablar, es resolver conflictos desde una lógica que no excluya las demás alternativas que no sean el castigo, fortaleciendo las instituciones de contención de las juventudes como las familias, las escuelas, los clubes.
Construir un mundo menos adultocéntrico es tomar a los adolescentes como los interlocutores que son, comprendiendo sus miradas. Es integrando lo digital e identificando los discursos que las plataformas que consumimos diariamente producen y reproducen sobre y para lxs jóvenes.
Construir un mundo menos violento es encontrar caminos basados en las experiencias locales, de nuestros jóvenes, detectando y previniendo.
Difícilmente las adolescencias puedan ser diferentes en un mundo donde los adultos siguen sin entender sus complejas realidades, el amplio campo de posibilidades de resolución de conflictos -y la trama institucional que involucra- y la realidad palpable del sistema penal al que los sometemos en caso de encontrarlos culpables.
Si de algo estamos seguros es que las fórmulas vetustas, que se presentan recurrentemente, como la baja de edad de imputabilidad, ya han fracasado y que sólo la creatividad, la escucha activa y la integración de las juventudes a estas problemáticas podrá indicarnos el camino.
(Esta nota de opinión fue adaptada del trabajo final de la materia El Límite Democrático de los Discursos de Odio, a cargo de las docentes María Capurro y Natalia Torres, desarrollada en el marco de la Maestría de Derechos Humanos (UNSa), dirigida por Rodrigo Solá).
*Socióloga, docente universitaria. Maestranda en DDHH. Diplomada en Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.
**Abogado. Maestrando en DDHH. Asesor de organismos de DDHH y organizaciones indígenas.
