En un despliegue excesivo de fuerzas de seguridad y con amplia cobertura mediática, el gobierno chaqueño trasladó a 15 detenidos que estaban en comisarías de Sáenz Peña hacia el Complejo Penitenciario II. Previo al traslado, los exhibió para que los medios de prensa locales pudieran filmarlos y fotografiarlos. Esta puesta en escena montada por el Ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se convirtió en un acto de exhibicionismo punitivo, como los que suele ofrecer el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Mientras tanto, la crisis carcelaria y la inseguridad continúan en aumento.
Martes, 1 de abril de 2025
Por Bruno Martínez
Bajo un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad y con amplia cobertura de los medios de prensa locales, 15 personas detenidas fueron trasladadas el lunes por la mañana desde diversas comisarías de Sáenz Peña al Complejo Penitenciario Provincial II. El operativo, que incluyó a un gran contingente de la Policía del Chaco y el Servicio Penitenciario Provincial, se desarrolla en un contexto de crisis carcelaria, vulneración de derechos humanos y aumento de la inseguridad.
Lejos de ser una medida humanitaria para mejorar las condiciones de detención, la puesta en escena organizada por el gobierno provincial se convirtió en un acto de exhibicionismo punitivo, similar a los que suele ofrecer el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
El operativo inició en el expredio de la Ferichaco, en el barrio Monseñor de Carlo, hasta el Complejo Penitenciario II. Antes de su ingreso al penal, los detenidos fueron exhibidos ante los medios de prensa locales, que habían sido convocados con antelación por el gobierno.
El traslado incluyó un exagerado despliegue. Participaron el Departamento Logística, Medicina Laboral, el Cuerpo de Operaciones Especiales, las seis comisarías de Sáenz Peña, Bomberos Interior, Tránsito Urbano y Patrulla Vial, Investigaciones Complejas, Prensa y Comunicación Social y la Policía Caminera.
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y otras altas autoridades policiales y penitenciarias estuvieron presentes. Matkovich calificó el traslado como un día “importante” y destacó la remodelación del Pabellón 5 del Complejo Penitenciario, con capacidad para 102 internos, anunciando también la refacción del Pabellón 7. Sin embargo, omitió que dichas obras fueron ordenadas por la Justicia tras un hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.
En julio del año pasado, el juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, Rodolfo Lineras, determinó que los internos del Módulo VII del penal estaban en celdas “sucias, nauseabundas, húmedas, oscuras y peligrosas”, lo que constituía un trato cruel, inhumano y degradante. “Están peor que en una perrera municipal”, comparó.
Operativos como el que se realizó en Sáenz Peña refuerzan una visión punitivista del sistema penal, donde los detenidos son expuestos como trofeos de una supuesta “seguridad” que, en la práctica, no resuelve los problemas estructurales de desigualdad, pobreza y falta de oportunidades.
Mientras tanto, la violencia en la provincia sigue en aumento. El reciente asesinato de Estela Susana Chávez en Resistencia, tras una balacera en un presunto ajuste de cuentas narco, expone la fragilidad del enfoque de “mano dura”. El propio jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, reconoció que hechos similares se han vuelto frecuentes: “Tuvimos ya varios hechos de esta naturaleza, de balaceras”, sostuvo en declaraciones a radio Gualamba.
El impacto mediático de exhibir detenidos no resuelve la crisis penitenciaria ni mejora las condiciones de los detenidos, algo que fue denunciado recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, en su rol de Defensora Pública Interamericana por Argentina, y Bashé Charole, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco.
Dicha acción de hábeas corpus presentada en marzo ante el organismo internacional se realizó tras la muerte de tres internos en menos de un mes dentro del Complejo Penitenciario II, donde fueron a parar los detenidos recientemente trasladados. Dichos fallecimientos están relacionados con el consumo problemático de sustancias y la falta de atención médica adecuada. En la presentación también se alertó respecto de la decisión reciente del gobierno provincial de prohibir el uso de teléfonos móviles en los penales, limitando el acceso de los reclusos a la salud, la educación, el trabajo y la posibilidad de denunciar abusos.
“Las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco enfrentan una crisis humanitaria exacerbada por la ausencia total de políticas estatales efectivas para abordar las adicciones”, señalaron Gaúna Wirz y Charole en su presentación ante el organismo internacional.
“Esta negligencia ha desencadenado una serie de muertes trágicas, incluyendo sobredosis y posibles suicidios, que evidencian el abandono y la desprotección a la que están sometidos. La situación descrita es de extrema gravedad y urgencia, y el riesgo de daño irreparable a la vida e integridad de los internos es inminente”, añadieron.
En El Salvador, Human Rights Watch denunció las políticas de Bukele, alertando sobre detenciones arbitrarias bajo un régimen de excepción. Se estima que más de 80.000 personas fueron encarceladas, muchas veces sin pruebas claras o basándose en denuncias anónimas.
En el Chaco, las detenciones arbitrarias también se han vuelto recurrentes. Durante los fines de semana, los arrestos por “contravenciones” se disparan sin justificación clara. En la práctica, se busca imponer una sensación de seguridad mediante razzias basadas en perfiles discriminatorios, con particular inclinación a detener a los varones, jóvenes, morochos y pobres.
“El que no porta DNI, a la jaula”, escribió en mayo del año pasado el jefe de Policía provincial en un grupo de WhatsApp con periodistas, jactándose de los operativos contra jóvenes de sectores vulnerables en Quitilipi. Esto refleja una preocupante política de Estado donde el desprecio por los derechos básicos está institucionalizado.
Notas relacionadas
Denuncian crisis en cárceles del Chaco y piden intervención internacional
El regreso de las razzias policiales al Chaco: “El que no porta DNI, a la jaula”
