En el marco del proceso de designación de las personas para ocupar la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo Adjunta del Chaco, la abogada María Eugenia Ayala Soria recuerda que ésta será la primera vez que, por ley, al menos uno de los dos cargos deberá ser ocupado por una mujer.
Sábado, 15 de marzo de 2025
Por María Eugenia Ayala Soria*
El instituto que se incorporó en la Constitución en 1994 fue conducido por varones desde su puesta en marcha. Esta es la primera vez que obligatoriamente se deberá integrar con una mujer los cargos de titular o adjunto.
La figura del Defensor del Pueblo está prevista en el inciso 16) del artículo 119 de la Constitución Provincia (CP) 1957-1994 en forma muy escueta. Allí se establece que es competencia de la Cámara de Diputados ejercer la facultad de reglamentar el instituto del Defensor del Pueblo cuya función es peticionar ante el Estado en interés de los habitantes de la Provincia y cuyas facultades y competencia se determinarán por ley.
El instituto se incorporó al texto constitucional en la reforma de 1994. Y el 2 de agosto de 1995 se sancionó la ley 843-A que lo reglamenta. No obstante, el instituto recién comenzó a funcionar en el 2012, luego de 17 años de espera.
Conforme el articulo 3 de la ley 843-A:” La Defensoría del Pueblo estará integrada por un/a Defensor/a del Pueblo y un/a Defensor/a del Pueblo Adjunto/a, respetando la paridad de género. Serán propuestos por moción de uno o más legisladores y designados por el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados.”
Además, el artículo 4° establece que la figura Del defensor del Pueblo y Defensor Adjunto duran 4 años en sus funciones y deben ambos cumplir los mismos requisitos que para ser Diputada/o, con las mismas inhabilidades, inmunidades y privilegios.
El jueves 6 de marzo se realizó en el recinto de sesiones “Deolindo F. Bittel” del Poder Legislativo la audiencia pública de las 26 personas postuladas para los cargos de Defensor(a) del Pueblo y Defensor(a) del Pueblo Adjunto (a) del Chaco.
En la jornada 12 mujeres y 14 varones expusieron durante 10 minutos sus propuestas frente a diputadas, diputados, ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron previamente para participar de dicha audiencia.
Esta es la primera elección en la cual la se aplicará la paridad, luego de que la misma fuera incorporada a la ley 843-A en el año 2020 mediante la modificación de su artículo 3°.
Legisladoras y legisladores deberán proponer una mujer para defensora del pueblo y un varón para adjunto o viceversa.
Será la primera vez que Chaco tenga una mujer, quizá, encabezando la Defensoría. Y es un gran logro en medio de tantos retrocesos en materia de género que suceden desde el 10 de diciembre de 2023.
¿Y por qué digo quizás? Primeramente, porque es una decisión política de consenso. Las propuestas serán efectuadas por el oficialismo y la oposición. Cuando la ley 843-A habla de los dos tercios de los miembros de la cámara indica que se necesitan obtener 22 votos de un total de 32 legisladores y legisladoras para efectuar la elección. Y esto es una labor de acuerdos y diálogo. Si el oficialismo, verbigracia, impulsa una mujer la oposición deberá proponer un varón. Y al revés.
Históricamente ambos cargos fueron ocupados por caballeros. En el primer concurso solo se postularon varones, pero en el segundo sí hubo mujeres inscriptas.
No es un dato menor que la primera elección no haya contado con candidatas. ¿No había mujeres idóneas para los cargos? Las había. Siempre las hay, como también está presente con ellas la iniquidad de género, es decir la distribución injusta de los recursos, las responsabilidades y las oportunidades entre hombres y mujeres.
Esta iniquidad de género fue nuevamente vector de acción para que en la segunda elección se designaran dos varones.
Tuvimos que esperar 8 años para que la ley se modifique y sea obligatoria la paridad recién para la cuarta elección.
Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos las mujeres que somos representadas en las 12 concursantes? El más evidente es que una de ellas sea elegida como defensora. Y la acompañe un varón como adjunto.
Pero el techo de cristal existe en el sistema político-social en que vivimos. Por lo cual representarnos las altísimas probabilidades de que sea un varón el escogido configuran un panorama típico de normas no escritas que son difíciles de identificar y sobrepasar a las mujeres, impidiéndonos acceder a puestos de responsabilidad y dirección.
La paridad esta por ley. Nuevamente es una manda la que nos sitúa en un lugar, la norma y detrás de ellas nuestras capacidades y cualidades respaldándola.
Imaginar un mundo donde se legisle para que un cargo deba sí o sí ser ocupado por un varón es impensado. Esto nos revela la desigualdad estructural entre mujeres y varones.
En el devenir de la escritura de esta nota conversé con una colega y me recordó la elección del último integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En 2023 el STJ quedó con una vacante, tras la jubilación de Rolando Toledo. Se llamó a Concurso para cubrir el cargo y se presentaron dos mujeres. Pero fue electo un varón. El Consejo de la Magistratura tuvo la oportunidad de integrar con tres mujeres el Alto Cuerpo y la desaprovechó.
Y en igual sentido el poder Ejecutivo Nacional envío al Senado los pliegos para obtener los acuerdos pertinentes de otros dos hombres para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hemos tenido cuatro mujeres vicepresidentas nada más en toda nuestra historia: María Estela Martínez, María Gabriela Michetti, Cristina Fernández y Victoria Villarruel. De ellas dos fueron presidentas, Martínez tras la muerte del presidente Perón y Fernández porque encabezó la fórmula que ganó las elecciones.
Las mujeres seguimos siendo tratadas como una la minoría. Sin embargo, representamos el 52% por ciento de la población mundial. Aun no exigimos que nos traten como la mayoría que somos, imagínense si lo hiciéramos. Por el momento la igualdad de trato y oportunidades es la meta, aunque deba ser porque una ley lo establece.
*Abogada. Técnica en Diagnósticos Sociales. Tesista de la Licenciatura en Sociología de UNCAUS.
