El pedido de investigación fue formulado por el fiscal de Sáenz Peña Carlos Amad a partir de una denuncia de una funcionaria del gobierno de Leandro Zdero, en los albores de la campaña electoral. Apunta al exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y otros exfuncionarios por haber firmado resoluciones que adjudicaron tierras fiscales y beneficios impositivos a empresarios agropecuarios, ligados a la expresidenta del Instituto de Colonización, Marta Soneira, quién es la principal imputada.
Miércoles, 12 de marzo de 2025
El fiscal federal subrogante de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Amad, decidió jugar fuerte en el inicio de la campaña de cara a las elecciones legislativas provinciales del próximo 11 de mayo. Es que a partir de una denuncia de la actual presidenta del Instituto de Tierras provincial, Ana María Canata, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales a empresarios agropecuarios, decidió imputar y pedir la declaración indagatoria del exgobernador Jorge Capitanich y de la expresidenta del Instituto de Colonización del Chaco, Marta Soneira, entre otros exfuncionarios. Es por los presuntos delitos de fraude contra la administración pública y lavado de dinero, entre otros.
En el pedido, el fiscal no describió cuál sería la maniobra de lavado en la cual habría participado Capitanich, más allá de haber firmado decretos de adjudicación de tierras fiscales a personas que estarían ligadas a una funcionaria de su gabinete. Vale aclarar que ahora será el Juzgado Federal de Sáenz Peña, que subroga la jueza formoseña Belén López Macé, el que deberá analizar si los elementos del requerimiento fiscal son suficientes para abrir una investigación penal respecto de las personas apuntadas por el fiscal Amad.
Sin mucho más que las firmas de Capitanich en las resoluciones que adjudicaron alrededor de 3600 hectáreas de tierras fiscales a personas presuntamente allegadas a Marta Soneira, el fiscal Amad decidió incluir en su imputación al exgobernador, además de solicitar su declaración indagatoria y el levantamiento del secretario bancario y bursátil respecto de sus cuentas. Fue a pocos días de la presentación de las alianzas y frentes electorales de cara a los comicios provinciales del próximo 11 de mayo donde Capitanich tendrá participación a través de su sector político como presidente del Partido Justicialista del Chaco.
No es un tema menor ya que se trata del principal espacio opositor al actual gobierno de Leandro Zdero, a la postre quién motorizó esta denuncia que tendría poco sustento probatorio y que huele más a fuego de artificio para rellenar portadas de los medios y desviar así la atención de las responsabilidades de la actual gestión en el deterioro de la calidad de vida de los chaqueños. Al parecer, las herramientas del viejo lawfare macrista estuvieron esperando la oportunidad para reactivarse.
Amad también apuntó contra la expresidenta de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, Sheina Waicman, y el exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, Darío Giménez.
Además, de las indagatorias de los exfuncionarios, el fiscal imputó por fraude contra la administración pública y lavado de activos a los empresarios Mauricio Cian, expareja de la ministra Marta Soneira, Federico Storti, Leandro Bessone, Nelson Pochón y Diego y Federico Soneira, hermanos de la expresidenta del Instituto de Colonización y exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial.
Sin más elementos que su firma en una serie de decretos, Amad considera que Capitanich habría actuado como “socio” de Marta Soneira quién habría adjudicado ilegalmente cuatro inmuebles fiscales por alrededor de 3600 hectáreas a personas de su círculo íntimo, como su pareja Mauricio Cian y dos de sus hermanos. Además, el fiscal advirtió que al tomar esas decisiones Soneira actuó simultáneamente como presidenta del Instituto de Colonización y como secretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial, lo cual violó la ley de Etica Pública, ya que ambas funciones eran incompatibles.
En el escrito, Amad señaló que “la irregularidad en la entrega de tierras constituye en un acto de corrupción encabezado por la (sic) en ese entonces ostentaba un cargo fundamental como era el que ocupaba la Sra. Marta Soneira en connivencia con el agente de inspecciones Giménez, Waicman, su pareja Cian, los socios de este último, Storti, Pochón y Bessone entre otros y por supuesto del ex Gobernador de la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich, sin el cual no se podría haber concertado toda esta maniobra, pues es quien en definitiva emite el decreto adjudicatorio de dichas tierras”. Un argumento similar al utilizado para condenar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, también iniciada a partir de la denuncia de un funcionario de la oposición: el más escandaloso caso de lawfare de la Argentina.
Además, se apunta al exgobernador por haber otorgado “beneficios” a Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, conformado por los empresarios imputados. Los “beneficios” consistieron en exenciones fiscales y bonificación en las tarifas de energía eléctrica y agua potable, entre otros, en el marco de la Promoción Industrial.
A Capitanich, Soneira y a Waicman les imputa los delitos de fraude contra la administración pública, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. A Soneira, el fiscal Amad además le apunta por presunto enriquecimiento ilícito. Al delegado de Colonización en Pampa del Infierno, en tanto, se lo acusa por fraude contra la administración pública, lavado de activos como partícipe necesario y abuso de autoridad.
