Se trata de la Politécnica Juan XXIII de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, que acusó de “jueces militantes de la educación mixta” a los que dictaron una medida cautelar que ordenó a esa institución garantizar el ingreso de mujeres estudiantes y a no discriminarlas. No obstante haber acatado la medida judicial, las autoridades religiosas consideran que tienen “derecho de admisión” para impedir el ingreso de mujeres. Por otro lado, la Cámara Primera en lo Penal de Sáenz Peña ya resolvió la cuestión de fondo.
Martes, 11 de marzo de 2025
La Diócesis de San Roque, que gestiona el Instituto Politécnico Juan XXIII de Sáenz Peña, no se resigna a que las mujeres estudien en su establecimiento. Es que decidieron recurrir con una queja ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco para que revoque la medida cautelar de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña que les ordenó matricular a cinco estudiantes mujeres para cursar su secundaria a partir del ciclo lectivo 2025. Cabe informar que, posteriormente al dictado de la medida cautelar, el tribunal hizo lugar a la acción de amparo, resolviendo la cuestión de fondo.
En la presentación, firmada por los abogados Roberto Pugacz, Oscar “Caito” Olivieri y Cristian Arana, se acusa a los jueces de la Cámara sáenzpeñense de ser “militantes de la educación mixta” y que en su fallo no consideraron “el derecho a enseñar” del colegio. Es decir, que no tuvieron en cuenta el argumento de que el colegio pretende ser exclusivamente para varones y que la ley lo habilita a aplicar el “derecho de admisión” a las mujeres.
En su cuestionamiento del fallo judicial, el escrito señala que “es jurídicamente imposible que exista arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (exigencia del art. 43 C.N.) cuando la enseñanza diferenciada que ofrece nuestra mandante está permitida por Ley y autorizada por Acto Administrativo dictado en su consecuencia por el Ministerio de Educación de la Provincia”.
La presentación solicitaba que el máximo tribunal habilite la feria judicial y resuelva de manera urgente su planteo y le dé la razón, antes del inicio del ciclo lectivo 2025, ya que la demora los “obligaría” a crear un nuevo estatuto, un nuevo reglamento, un nuevo sistema pedagógico y ampliar sus instalaciones “para albergar sólo a las tres amparistas que, desdeñando la amplia oferta educativa local, pretende abolir la educación diferenciada a contrapelo del art. 75 inc. 19 de la C.N. y la Ley Federal Nº 26.206”.
Tras la inhibición del juez saenzpeñense del STJ, Néstor Varela, recién a partir de este lunes 10 de marzo quedó en condiciones de ser resuelta por el resto del tribunal que integran los jueces Emilia Valle, Víctor Del Río, Iride Grillo y Alberto Modi.
