En medio de un intenso debate sobre la legislación en materia de violencia de género, el abogado José Ballesta advirtió sobre las consecuencias de eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino.
Lunes, 10 de febrero de 2025
Según Ballesta, esta modificación significaría un retroceso en los derechos de las mujeres y en los avances logrados en la lucha contra la violencia de género en el país y la región.
El abogado recordó que la incorporación del femicidio como delito agravado en el Código Penal se logró recién en 2012, luego de años de lucha y de la implementación de tratados internacionales. “En 1983, Argentina suscribió un tratado internacional contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Luego, en 1994, con la reforma constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos adquirieron rango constitucional”, explicó, en declaraciones a CIUDAD TV.
Ballesta destacó la importancia de este marco legal, que permite sancionar los crímenes de género con penas más severas. “El artículo 80 del Código Penal establece agravantes en los delitos de homicidio, y ahí se encuentra el femicidio. No es solo un homicidio común, sino que se agrava por el contexto de violencia de género en el que ocurre”, detalló.
Retroceso en derechos y garantías
El letrado manifestó su preocupación por las versiones periodísticas que indican que el gobierno podría presentar un proyecto para eliminar esta figura legal. “Hemos tomado conocimiento de que asesores de presidencia estarían elaborando un proyecto que sería presentado en las sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo”, indicó.
Si este cambio se concreta, Ballesta advirtió sobre sus implicancias: “¿Qué pasará con los tratados internacionales suscritos por Argentina? ¿Cómo quedarán los compromisos asumidos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres? Esto representaría un retroceso en derechos y garantías”.
Además, señaló que la eliminación del femicidio como agravante podría abrir la puerta a reducciones de penas para condenados por estos crímenes. “Los abogados defensores de acusados por femicidio podrían pedir reducciones de penas o incluso la liberación de sus clientes. Esto plantea un serio interrogante sobre la protección de las víctimas”, enfatizó.
El rol del Congreso y la sociedad
Ballesta resaltó que cualquier modificación en el Código Penal debe ser debatida en el Congreso y no impuesta de manera unilateral. “El Congreso tiene una importancia institucional fundamental. Para que una ley pierda vigencia, debe sancionarse otra en su reemplazo. Es en ese ámbito donde deben discutirse estos temas”, sostuvo.
Asimismo, recordó la importancia de leyes como la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en perspectiva de género en el Estado. “También se quiere eliminar la Ley Micaela, que es clave para la formación de funcionarios en perspectiva de género y acceso a la justicia. Si esto avanza, se estarían desmantelando políticas públicas fundamentales en la lucha contra la violencia de género”, advirtió.
El debate sobre la figura del femicidio en Argentina genera gran preocupación entre especialistas y defensores de derechos humanos. “Tantos años de lucha para llegar hasta aquí, y ahora se pretende dar marcha atrás. Esto no solo afecta a Argentina, sino que es un mensaje preocupante a nivel internacional”, concluyó Ballesta.
La posible eliminación de esta figura legal abre interrogantes sobre el futuro de la protección de las mujeres en el país y sobre el compromiso del Estado en garantizar una sociedad más equitativa y libre de violencia.
