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El hecho ocurrió en Orán, Salta, mientras la mujer hacía las compras. Primero fue detenida y rápidamente acusada de descuidar a sus hijos y ser responsable de sus muertes. Ahora será juzgada y es imprescindible difundir su caso y entender por qué es urgente la perspectiva de género en la justicia.

Lunes, 27 de enero de 2025

Por Claudia Korol 

El próximo 3 de febrero comienza el juicio contra Yolanda Vargas, mujer que perdió a sus dos hijos, Thiago de cuatro años y Melanie de seis, en el incendio de su casa en la Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán, Salta, el 9 de febrero de 2021. Frente a tamaño dolor, en lugar de ser asistida por el estado, Yolanda fue criminalizada por la “justicia salteña”, que primero la detuvo 23 días, y luego la dejó judicializada acusándola de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, con una condena que puede llegar a 20 años de prisión. Ser madre, y madre empobrecida por las políticas de precarización laboral, para esta justicia es delito.

Escribo con estupor. Yolanda tenía trabajos inestables, con los que mantenía a los niños, integraba el comedor Rayito de Luz, que organiza el Polo Obrero tendencia, se hacía cargo sola de sus hijos, y vivía en una casilla de madera sumamente precaria. El día anterior al incendio había llovido, y como sucede cada vez en el asentamiento Las Palmeras, las calles se volvieron un barrial. Cuando se produjo el incendio, el camión de bomberos no pudo cruzar el puente de la entrada y tardó más de una hora en llegar.

Yolanda como madre soltera, afrontaba con enorme esfuerzo la sobrevivencia cotidiana. Al regresar de las compras, se encontró con su casa incendiada y los dos niños muertos. El shock fue tremendo.

Duele hablar con Yolanda. Ella relata lo inexplicable: “Con mis hijos vivíamos en una casilla que compartimos con otra familia. Yo tenía una pieza y un pedazo de comedor donde trabajaba, hacía cosas para vender, sandwiches, para poder sostener a mis hijos. Las condiciones de vida que teníamos eran muy precarias. Por ejemplo, no teníamos cloacas, era pozo ciego. Había sube y baja de tensión. El agua a veces venía bien, y a veces venía fea, turbia. Así estuvimos aguantando varios meses con mis hijos.”

Presa por ser pobre

Sus hijos murieron en el incendio. ¿Qué hace el Estado? La mete presa. Continúa el relato Yolanda:

“El primer día estuve presa en el lugar que le dicen “el chancho”, una piecita chiquita de dos por dos, con una puerta de hierro, que no se ve nada para afuera. Únicamente salía para ir al baño, lavarme ropa, bañarme. Me estaba volviendo loca. No comía, no tenía contacto con nadie, hasta dos o tres semanas después, que me llevaron para una celda adelante, y ya tuve una compañera. Fue una sensación horrible. No porque me trataran mal o algo, sino por el motivo que no me permitieron estar en el velorio de mis hijos. Me llevaron esposada, con chaleco antibalas al entierro de mis propios hijos. No me soltaron en ningún momento para poder despedirme de ellos. Es una cosa que no me explico. No sé cómo decirlo”.

No hay cómo decirlo ni cómo explicarlo. Luciano Camaño, abogado de la defensa de Yolanda Vargas intenta hacerlo: “La causa por la cual la imputan, es “abandono de personas seguidas de muerte en perjuicio de sus hijos, por lo cual se encuentra agravado el delito”. El delito estriba en una pena de 6 a 20 años de prisión efectiva. Ante este planteamiento, la cuestión fundamental que alegan es la supuesta previsibilidad del incendio, y el hecho de que ella “abandonó el hogar”. No toman en cuenta las circunstancias objetivas de que ella se fue del hogar para comprar alimentos para sus hijos, y que es imposible para Yolanda hacer una previsión de cuándo se puede incendiar esa casa. Por más que el delito se llame abandono de personas, la conducta penal es el desamparo ante una situación de peligro evidente, que en este caso no se contempla en el proceso judicial”.

Referido al proceso judicial en sí, vuelve a suceder como en muchas ocasiones cuando se trata de criminalización de la pobreza, que a la víctima la vuelven victimario. Continúa Luciano Camaño: “El proceso judicial se encuentra completamente amañado, y es absolutamente arbitrario, ya que empezamos a discutir si Yolanda fue buena o mala madre, si tiene culpa o no de su pobreza, si tenía otro modo de vida. Esto no tiene ningún asidero a los fines penales. Esto se hace para evitar la necesaria responsabilidad del estado en la situación en la que se encuentra Yolanda, que no pudo acceder a una vivienda digna. No se quiere denunciar que en el norte salteño, y precisamente en la Colonia Santa Rosa, los índices de informalidad laboral son extremadamente altos. Ella era parte de esa economía informal, para tratar de subsistir en el día a día. Vendía escabeches, pan, dentro de la feria y de manera ambulatoria.”

Le preguntamos cuál será la posición de la defensa de Yolanda. “Nosotros planteamos la absolución lisa y llana, porque no se encuentra ninguno de los elementos requeridos por el tipo penal imputado, y denunciamos el hecho de que aquí se están vulnerando garantías constitucionales. Dentro de los elementos tomados por la fiscalía para su acusación, se plantea la pobreza de Yolanda, la vivienda, de qué vivía. Estamos hablando de un proceso judicial destinado a la criminalización de la pobreza, con un sesgo de clase bastante alto, con una vulneración completa de la perspectiva de género. Este juicio está planteado para obviar la responsabilidad estatal en cuanto al control de las luminarias, el control de las empresas distribuidoras de electricidad como TRANSNOA y EDESA en la provincia. Es un precedente demasiado peligroso, el hecho de que te juzguen porque por ser pobre sos presumiblemente culpable, o podés ser víctima de una investigación penal por un determinado delito. Pensemos en todas las trabajadoras que tienen que dejar a sus hijos solos, o al resguardo del hermano o a veces de otro familiar. Todos podrían ser juzgados”.

Alerta Luciano Camaño, que junto a este análisis, hay también datos técnicos a considerar: “El informe accidentológico no fue suscripto por un perito especializado en la materia, sino por un personal policial de renombre en la Colonia Santa Rosa, que entre otras cuestiones indica que la responsabilidad del accidente se debe al hecho de que hubo una zapatilla como extensión eléctrica dentro del dormitorio donde habitaban los menores de edad. Ello no pudo ser verificado. Nuestros peritos ingenieros electromecánicos determinan que es imposible establecer que la causal del accidente se deba a una condición interna del hogar. Es una cuestión que la fiscalía obvió completamente. Dentro de los elementos que también toma la fiscalía, está el hacinamiento. Estamos juzgando moralmente la vida de una persona pobre. El informe sicológico que realizó la perito Ana Valeria Rieti, para hablar de un narcicismo vincular, de un completo desarraigo, toma como fuente Wikipedia”.

Las malas madres

Cinthia Natalia Gonza, investigadora de INENCO-CONICET (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional de Salta), viene realizando investigaciones sistemáticas sobre cómo afecta la pobreza energética a las mujeres, cómo incide en las tareas de cuidado, en particular en los asentamientos en Salta. Ella nos dice sobre esta situación: “El caso de Yolanda permite mirar toda la complejidad del asunto de la dimensión energética de la desigualdad social, porque es un caso que tiene sesgos de género, tanto desde el abordaje mediático como del tratamiento judicial que tuvo el caso, donde la cuestión de ser malas madres aparece muy latente. Hicimos una sistematización de todo el registro de noticias y quienes aparecen, señaladas como malas madres o malas abuelas, en algunos casos malos tíos o malos padres, pero son siempre las personas que están encargadas de los cuidados, donde además se indaga si tenían pareja extra matrimonial, si consumían alcohol, si consumían drogas. Hay un intento de construir una personalidad disfuncional en términos sociales, que hace que no aparezca en absoluto problematizado las condiciones en las que viven esas familias. Esas condiciones tienen que ver no solo por ejemplo, con estar enganchado a la red eléctrica de manera autogestionada. En el caso de Yolanda, por ejemplo, ella tenía acceso a energía porque contaba con medidor, pero las condiciones habitacionales son sumamente precarias, entonces la posibilidad de que se produzcan riesgos y accidentes energéticos en esos espacios es alta, sumado a que es moneda corriente que quienes habitan en villas asentamientos sean familias monomarentales, que tienen a la cabecera a una mujer sola, pero que se hace cargo económicamente de su hogar, o sea tienen que salir a trabajar para buscar la moneda, el pan de cada día, y en esas horas los niños quedan solos o a cargo del hermano mayor, o de algún vecino. Es moneda corriente que niños y niñas queden durante muchas horas solos y solas en estos hogares, y que eso no tiene que ver con una voluntad de abandono de persona como cataloga la justicia. Tiene que ver con una realidad en la que muchas madres no pueden conciliar los cuidados y el trabajo precario, que no les permite acceder a obra social. Hay todo un contexto de vulnerabilidad que hace que esos niños queden solos en sus hogares y que esos hogares no sean seguros por las condiciones habitacionales, por los materiales con los que se construyen, pero además por las instalaciones eléctricas que tienen.

Inseguridad energética

Yolanda vivía en una casa efectivamente de madera como la mayoría de las casillas en la zona. Habitaba una habitación que le habían prestado, compartía la cocina con otra familia. La policía, en el peritaje que hacen luego del incendio, se dan cuenta que lo que produjo el incendio fue un corto que se da por sobrecalentamiento de una zapatilla, en la que aparentemente no solo había enchufado un ventilador, una pava eléctrica, un televisor y un DVD. Era una habitación que operaba como una vivienda y todos los electrodomésticos diversos, dependían de una zapatilla. Era una vivienda que además contaba con una instalación monofásica, lo cual repercute directamente en la potencia instalada. Esto hace que ese tipo de instalación no dé abasto y se sobrecaliente.

Todas esas dimensiones aparecen en el expediente, como si fueran detalles pasajeros. En Salta hay un montón de casos, a los que nosotros tenemos acceso a través de la sistematización que venimos haciendo de la prensa, donde se producen estos “accidentes domésticos”, como los nomina la prensa, donde mueren en su mayoría niños. La inseguridad energética tiene que ver con las condiciones habitacionales de estas familias, con estos mecanismos de autogestión de la vivienda y del acceso a la energía, y también hay un proceso de criminalización, cuando es una autogestión porque se están robando energía y por eso también la importancia de pensar la energía como un derecho, en la medida que es indispensable para el desarrollo de los cuidados, de los cuidados personales, de los cuidados de personas con discapacidad, de los cuidados cotidianos y de la reproducción de la vida, Entonces, en lugar de indagar la moralidad de la madre, de esa madre que aparentemente no cuida, se debería indagar las condiciones materiales en las que esas madres cuidan cotidianamente a sus hijos”.

Señala Yolanda Vargas, que la situación de precariedad ha continuado: “No recibí apoyo del gobierno ni del municipio de acá de Colonia. Nadie se acercó a preguntarme si tenía un lugar donde estar. Incluso fui al municipio a pedir ayuda, y me dijeron que delante de mí habían 12 casos más y que con esa familia había más posibilidad en ayudarla porque tenían hijos”. Es decir, la muerte de los hijos se vuelve un agravante.

El próximo 3 de febrero se iniciará el juicio en la ciudad de Orán, impulsado por la fiscal Claudia Carreras, quien busca una condena individual en una causa que expone la suma de todas las injusticias, y que encubre las responsabilidades del gobernador desde 1919 de la provincia, Gustavo Sáenz, uno de los aliados “peronistas” de Javier Milei.

Finaliza Yolanda: “La causa es de todas las mujeres que no sé si están pasando por lo mismo, o cosas peores. Aquí estamos hablando de dos niños, mis hijos, que perdí un día cualquiera en el que salí a comprar para cocinar. Volver y perderlo todo. Es muy duro saber que me están juzgando de la peor manera, tener que vivir un proceso judicial terrible. Me culpan de algo que no hice. La vida ya me condenó con la pérdida de mis hijos, y ése es mi dolor perpetuo”.

La semana pasada hubo concentraciones en Salta, en Tucumán y en CABA, pidiendo la absolución de Yolanda Vargas, y se esperan más movilizaciones. Una gran cantidad de activistas feministas, artistas, escritoras, se han pronunciado con firmeza para que la injusticia, no nos sea indiferente.

 

Fuente: Página/12


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