Con el año nuevo llegaron los telegramas de despido en la Secretará de Derechos Humanos. La legisladora de Unión por la Patria denuncia el accionar negacionista del gobierno y señala: “Ellos vienen a repetir la historia y por eso necesitan que los sitios de memoria estén cerrados”.
Lunes, 13 de enero de 2025
Por Yair Cybel
El 22 de agosto de 2001 Hilda Victoria Montenegro, ahora más conocida como Vicky, recuperó públicamente su identidad. Aunque acepta que en algún momento las odiaba, su lucha se forjó gracias a Abuelas de Plaza de Mayo y el famosos “índice de abuelidad”. Ella había sido secuestrada a dos semanas de nacer, en William Morris, provincia de Buenos Aires, por un grupo paramilitar. Estaba junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, quienes fueron desaparecidos.
Victoria fue María Sol Tetzlaff Eduartes gran parte de su vida. Como María Sol era hija del Coronel del Ejército Herman Antonio Tetzlaff -jefe del grupo de tareas del centro clandestino «El Vesubio»- y de María del Carmen Eduartes. Todo cambió cuando las pruebas hematológicas arrojaron un resultado de 99,96 % de parentesco con los grupos de las familias Montenegro-Torres. Su padre, Roque Orlando Montenegro, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en una tumba anónima en el cementerio de Colonia, Uruguay en 2012. Hilda, su mamá, continúa desaparecida. Ella dejó de ser víctima para ser protagonista.
En la historia de Vicky la palabra genealogía rima con vida, la imagen se forma como trozos de un collage. Como otros sobrevivientes y nietos recuperados ella decidió dedicarse a la política y seguir buscando justicia. Ahora Victoria tiene tres hijos, 48 años y 1316 proyectos presentados en la Legislatura de Buenos Aires. Allí preside la comisión de Derechos Humanos como legisladora porteña de Unión por la Patria. Desde ese lugar realizó una denuncia legal contra del desguace libertario a las políticas de Derechos Humanos, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, el vaciamiento de los espacios de memoria y los despidos masivos.
-¿Cuál es el panorama respecto a lo que está sucediendo en la Secretaría de Derechos Humanos y, sobre todo, porque creés que el embate viene ahora, un año después de la llegada del Gobierno de Milei?
-Yo creo a veces que el Gobierno de Milei, tanto para ellos como para nosotros, tiene un objetivo que es claramente extranjerizante. Por un lado, por lo que ha dicho el Jefe de Estado, pero también por el ataque puntual a la política de la memoria de en todos los ámbitos, desde el barrio a los justicia, ¿no? Desde el mes de marzo comenzó a actuar un intento por avanzar en alguna política de impunidad, de indulto, que no se dio en un primer momento pero sí les permitió ordenarse para desguazar áreas estratégicas del estado. Entonces comienzan con los despidos de los equipos técnicos, que trabajaban en el Ministerio de Defensa, aportando las pruebas necesarias para los juicios a los represores. Y después directamente desmantelan el área de investigación del Ministerio de Defensa, desmantelan la red de investigación de la Conadi, desmantelan la red de investigación de la SIDE, donde se trabajaba con la documentación que después aportaba a los juicios por los delitos de lesa humanidad.
Se le suma el ataque a los organismos de Derechos Humanos: es la primera vez del retorno de la democracia que la institución de Abuelas de Plaza de Mayo no recibe ayuda por parte del gobierno nacional para su funcionamiento. Esto no pasó nunca desde que recuperamos la democracia. Fue Mauricio Macri quién fue allanando el camino, quién habilitó la discusión por los 30 mil que nosotros considerábamos saldada. Después, llega el gobierno de Milei y Villarruel que no solo es negacionista sino que reivindica la dictadura.
-Te quería preguntar por la figura de Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, ¿Qué opinión te merece este juez que entró a laburar en el Poder Judicial en la dictadura, vinculado también al juez Galeano, encubridor condenado en la causa AMIA?
En lo personal se van a cumplir los seis años en los que estoy acompañando a la familia de un policía desaparecido, Arshak Karhanyan, donde el Juez Baños estuvo a cargo de esta causa. Nosotros lo recusamos muchas veces y hoy parece una ironía de destino o del momento de impunidad que se vive, porque de hecho hace poco organismos internacionales lo denunciaron por su actuación y le exige al Estado argentino que remita lo actuado por la desaparición. Es el propio juez, hoy Secretario de Derechos Humanos, el que responde sobre su propia actuación en la causa en la que, por supuesto, plantea que todo lo que él ha hecho como juez estuvo bien. La justicia perdió todas las cámaras, resetearon los teléfonos y las computadoras, hay información que nunca fue remitida a la causa. No quedó prueba por destruir. Así que, independientemente de sus antecedentes como juez, en lo personal hace seis años que estoy acompañando una familia que necesita saber qué hicieron con ese policía y claramente Baños se encargó de ser parte del problema mucho más que de la solución.
-¿Cuál es tu balance de su gestión?
-El despido masivo de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, de las tareas de acompañamiento de los juicios, de los equipos técnicos profesionales, de los trabajadores de los sitios. Ahora los sitios que se quedan sin trabajadores, sin ningún trabajador, hay sitios que son puestos en venta por el Ejecutivo. Lo que hay claramente es un incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo tanto nosotros hemos presentado una denuncia penal contra el Ministro de Justicia de la Nación y contra el Secretario Baños.
-Sí, creo que es un punto de unidad muy grande, porque lo ha dicho el propio presidente Milei, su batalla de fondo es la batalla cultural. Y hay un ataque al Estado nacional y a todas las conquistas de derechos de nuestro pueblo. Hablamos de la memoria, la justicia, de lo que significa la decisión del Secretario de cerrar el Conti. Además no puede hacerlo: en la Argentina hay leyes que obligan a los funcionarios a respetar esos sitios y además hay una responsabilidad del Estado argentino en compromisos internacionales con respecto a los sitios para la no repetición de la historia que están asumidos y que se deben honrar. Particularmente el Conti en la ex Esma es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto las responsabilidades solo escalan y no solo implican que deben estar en funcionamiento sino que también deben ponerse en valor el resto de los edificios que estaban en proceso de recuperación. El sábado creo que nos pasó a todos que nos fuimos muy emocionados, con mucha fuerza, porque yo creo que más allá de los organismos de Derechos Humanos, que son importantísimos por supuesto, y más allá de los trabajadores que también son esenciales, hay un pueblo con mucho deseo de defender su conquista. A veces tenemos la responsabilidad de generar estos ámbitos donde volvamos a sentir la importancia de la lucha colectiva y creo que sucedió el sábado en el Conti. Y el rol de la cultura, la denuncia de este ataque también a la cultura en general, con el cierre del INCAA, con todo lo que está sucediendo, pero también esta capacidad de organizarnos y estar juntos en esta lucha para visibilizarlo, para hacernos fuertes, para pensar estrategias en conjunto para seguir dando en nuestra pelea.
-¿Cómo creés que sigue esto?
-Yo creo que se viene un año muy duro. El Gobierno de Miley tiene una definición y tiene clara sus tareas con respecto a la destrucción del Estado y el daño en materia de derechos. De las mujeres, de la diversidad, de las infancias, de nuestros viejos, en materia de salud. Se viene un año de mucha lucha y es importante el rol de los sindicatos en la pelea por la reincorporación de los trabajadores. Los trabajadores tienen derechos y aunque ellos crean que pueden pisotearlos, esta impunidad no va a ser para siempre. En nuestro país hubo quienes también ejercieron la impunidad y después tuvieron que rendir cuentas en la justicia. Y también el rol de la política, potenciando los diferentes reclamos que existen al interior del reclamo y generar ámbitos donde diferentes actores puedan defender la CONADI, el equipo de Antropología forense, el rol de la justicia. No olvidemos que los espacios siguen siendo prueba judicial. Me gustaría escuchar el posicionamiento de la justicia. Se viene un año de mucho trabajo y hay que llevarlo adelante con la mayor humildad posible para sumar a muchos otros.
-La última. ¿Por qué el gobierno se ensaña con los sitios de la Memoria y en especial con aquellos más pequeños como es el caso de Virrey Cevallos?
-Yo creo que ellos vienen por toda la memoria. Por supuesto, asumiendo las responsabilidades que quedan en fortalecer sólidamente los sitios y a los trabajadores. Hay muchas responsabilidades pero porque pensamos que era imposible que se atentara contra los sitios, contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Hasta hace dos años era imposible que en un país como la Argentina alguien pudiera llevar adelante esa destrucción. Entonces creo que cuando volvamos hay que fortalecer mucho los sitios. Pero los sitios tienen una función social que es la de transmitir la memoria para la no repetición, pero como ellos vienen a repetir la historia necesitan que esos sitios estén cerrados. Por eso es importante saber que la historia se puede repetir de muchas maneras pero en el fondo es la misma repetición de la crueldad, en la anulación del otro, en decidir qué vida se merece vivir y cuál no. Es lo que nos pasa ahora cuando un Estado decide quitarle prestaciones a jubilados y define quién va a vivir y quién no. Es de otra forma pero tenemos la responsabilidad de identificar estas cuestiones para entender a qué nos estamos enfrentando. Y entender a la memoria como el anticuerpo que necesitamos para enfrentar al mismo monstruo, con esta nueva mutación.
Publicado en El Grito del Sur