El 14 de diciembre pasado, la jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, elevó a juicio la causa por la desaparición forzada de Humberto Aníbal Muñoz, militante de la Juventud Peronista. En el expediente, se encuentra imputado el suboficial mayor de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco, Gabino Manader. El juicio podría llevarse a cabo este año.
Jueves, 9 de enero de 2025
Tanto la Fiscalía Federal de Resistencia como las querellas solicitaron que, dado que la víctima continúa desaparecida, se contemple como acusación alternativa el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Humberto Muñoz era hijo de Aníbal Muñoz y Anselma Ocampo, una familia de diareros conocidos en el puerto de Barranqueras. Desde joven, militó en la Juventud Peronista y trabajó como chofer del exvicegobernador Alberto Torresagasti y de la Cámara de Diputados del Chaco. Su secuestro ocurrió durante la madrugada del 26 de noviembre de 1976, en la localidad de Barranqueras, en la vivienda que compartía con su madre, su esposa y su pequeño hijo. Aquella noche, al menos cuatro hombres vestidos de civil irrumpieron en el domicilio portando armas largas. Entre ellos, fueron identificados los suboficiales Gabino Manader y José María Cardozo.
Muñoz fue esposado y subido a un vehículo que partió en dirección a Antequeras. Esa fue la última vez que su familia lo vio con vida. En los días posteriores, sus familiares lo buscaron infructuosamente en distintas comisarías de Barranqueras y Resistencia, así como en la Dirección de Investigaciones.
Antes de su desaparición, Muñoz había sido detenido ilegalmente en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, donde permaneció unos 60 días. Durante ese tiempo, sufrió torturas que le dejaron secuelas físicas y emocionales.
El rol de Gabino Manader dentro del grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones fue ampliamente documentado en el juicio “Caballero I”, realizado en 2010. En la sentencia, los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia destacaron su protagonismo al afirmar que, pese a su rango jerárquico, desempeñó un papel central en los operativos represivos. Según el tribunal, Manader no solo dirigía las detenciones, sino que también aplicaba torturas, manejaba la picana eléctrica y realizaba los interrogatorios. Asimismo, los testigos lo describieron como un individuo autoritario, cruel y particularmente violento, con especial ensañamiento hacia las mujeres detenidas.
Manader fue condenado en cuatro juicios por crímenes de lesa humanidad. En 2010, durante el juicio “Caballero I”, recibió una condena de 25 años por ser responsable de tormentos agravados contra 25 detenidos políticos. Ocho años después, en el juicio “Caballero II”, fue nuevamente sentenciado a 25 años por tormentos físicos y psíquicos agravados, privación ilegal de la libertad y abuso sexual calificado contra diez víctimas. En 2021, en la causa “Caballero III”, se le impuso otra pena de 25 años por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y violación, cometidos contra 22 personas detenidas por razones políticas, entre ellas dos niños. Finalmente, en 2022, fue condenado a 14 años en el juicio “Conscriptos” por tormentos y privación ilegal de la libertad en 22 casos.
Además de estas condenas, Manader enfrenta nuevos procesos judiciales. En la causa “Caballero IV” está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos contra ocho víctimas, mientras que en la causa “Ligas Agrarias II” se lo acusa por los mismos delitos cometidos contra los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa.
