La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, accedió a una entrevista con El Grito del Sur para dialogar sobre las políticas represivas del Gobierno y la avanzada contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido a lo largo de 40 años ininterrumpidos de democracia. En ese marco, anticipó que habrá “denuncias de incumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina en materia de DD.HH.”.
Martes, 7 de enero de 2025
Por Sebastián Furlong
Abogada y directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky tiene una amplia trayectoria en la protección de los Derechos Humanos en temas relacionados con la política criminal y de seguridad, el funcionamiento del sistema judicial, las fuerzas de seguridad y el sistema de inteligencia.
En diálogo con El Grito del Sur, la especialista analizó el vínculo entre represión estatal y las políticas de corte neoliberal que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, así como la avanzada del Ejecutivo en su intento de borrar de un plumazo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia a lo largo y ancho del país. «En la medida que se desarmen o desmantelen las instituciones asociadas con la protección de Derechos Humanos o con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, aparecerán denuncias de incumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina en la materia», aseguró Litvachky.
―¿Qué evaluación hacés del nivel de movilización y resistencia social a las políticas de Milei? El ajuste en el año 2024 fue feroz, pero esto no tuvo como correlato una mayor presencia en las calles de los sectores afectados.
―Ahí tenemos varias preguntas para hacer. Al principio hubo movilizaciones muy importantes, por ejemplo en defensa de la universidad pública y de los jubilados. Hubo también por parte del Gobierno una respuesta muy dura, de represión y criminalización, que generó un efecto de disciplinamiento con una consecuente reducción en el nivel de conflictividad social. No se puede pensar que esta menor cantidad de movilizaciones públicas esté disociada de la respuesta estatal represiva.
―En el último año, según sus propias estadísticas, unas 723 personas sufrieron heridas por la represión policial y al menos 104 fueron detenidas en distintos operativos. ¿Estas cifras representan un incremento si se compara con años anteriores?
―Sí, representa un incremento respecto a años anteriores pero tampoco hay datos tan consolidados como para hacer una curva. Se destaca la cantidad de periodistas heridos, que es mayor a otros años, y la cantidad de personas detenidas o criminalizadas por protestar. Estas acciones estatales, como dije anteriormente, tienen un efecto de disciplinamiento y acallamiento, la gente siente temor en salir a protestar porque hay una idea -bastante cierta- de que le puede pasar algo. Incluso los efectos de la respuesta del Estado, en la protesta del 12 de junio fueron 33 detenidos y acusados de terroristas o de instigar un golpe de Estado.
―¿Qué relación existe entre violencia estatal e implementación de políticas de corte neoliberal?
―Por un lado, hay una idea de que el rol del Estado es de mantenimiento del orden público muy duro, donde la conflictividad se traduce a ser una conflictividad en contra del régimen o sistema, y no una disputa asociada a la conflictividad que deriva de la puja distributiva o las desigualdades. Esa misma idea, tan en el centro de la propuesta programática del Gobierno, deriva en el fortalecimiento de su brazo estatal represivo -de seguridad e inteligencia también- orientándose a mantener el control del orden público. En este caso, el Gobierno tiene una narrativa asociada a la guerra contra el terrorismo a nivel interno y de política exterior, lo cual va definiendo una forma de entender la conflictividad social que deriva en definir a aquel que plantee alguna disidencia como un posible enemigo. El endurecimiento de la respuesta estatal se complementa con un Estado que desregula la economía y mercantiliza casi todos los aspectos de la vida.
―El Gobierno pretende modificar las leyes de Seguridad, Defensa e Inteligencia. ¿Qué consecuencias podrían tener estos cambios para la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas?
―Hay una propuesta del Gobierno de realizar estas modificaciones, todavía no lograron avanzar en profundidad sino que van corriendo la línea un poco más: generalmente son cambios a través de decretos. En esta retórica anti-terrorista y de nuevas amenazas, las modificaciones tienen que ver con ir legitimando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en algunas cuestiones de seguridad interior, como el narcotráfico. De esta forma se va erosionando una de las decisiones principales que hubo a partir del año 1983 con la recuperación democrática, que fue separar tajantemente los temas de seguridad interior de los de defensa nacional. Lo mismo también con las cuestiones de inteligencia, donde se van debilitando algunos límites dándole mayores atribuciones a una nueva agencia de ciberseguridad.
―La cartera de Seguridad pasaría a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Cuál es tu lectura política de esta flamante denominación?
―Leí la noticia, no hay mucha más información que eso. Pero es lo que te decía antes, se vincula con la idea de que la seguridad -sobre todo del Estado federal- está asociada a la idea de seguridad nacional. Eso implica el desarrollo de determinadas prácticas y fortalecer una capacidad estatal para la intervención en temas de seguridad nacional, que en general tienen que ver con cuestiones de terrorismo o narcotráfico, lo cual puede derivar en situaciones problemáticas para la agenda de derechos humanos.
―El Ejecutivo Nacional avanza a toda velocidad en su intento de borrar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. ¿Cómo impactaron las posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad en el avance de los juicios?
―El planteo que nosotros venimos haciendo es que el Gobierno está, por un lado, teniendo planteos revisionistas y negacionistas en términos del debate público y, por el otro, desmantelando algunas de las políticas que se construyeron a lo largo de más de 40 años de democracia a partir del desfinanciamiento pero también de definiciones políticas. El desmantelamiento de los Sitios de Memoria es un claro ejemplo. El posicionamiento político-discursivo pone en tela de juicio el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Esto en algún punto va a afectar el proceso de justicia en sí, pero hasta ahora los juicios no se han visto interrumpidos porque son llevados adelante por el Poder Judicial, no sin problemas y limitaciones que ya veníamos discutiendo. Lo que sí creemos es que va a haber mayores dificultades para incorporar pruebas y encontrar archivos nuevos, así como profundizar algunas de las investigaciones en curso. Tampoco el Poder Ejecutivo va a colaborar en el impulso de estos juicios ni en el armado de estas pruebas. Tampoco va a estar el empuje del cuerpo de abogados del Poder Ejecutivo, que trabajaba en colaboración con la Fiscalía como querella en varios casos.
―¿Qué obstáculos legales y jurídicos puede encontrar el Gobierno si insiste en despedir a todas y todos los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos? Habiendo tratados internacionales de por medio y otros instrumentos.
―Los obstáculos de los tratados internacionales tienen que ver con las políticas que el Estado argentino desarrolle. En la medida que desarme o desmantele las instituciones asociadas con la protección de Derechos Humanos o con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, ahí aparecerán denuncias de incumplimiento de las obligaciones internacionales de Argentina en la materia. Además, está la cuestión sobre el maltrato y la forma en la que están desmantelando o desfinanciando los espacios, que tiene que ver con el despido de los trabajadores de la Secretaría u otras instancias.
―En el caso de los Sitios de Memoria, como Virrey Cevallos donde despidieron a todos sus laburantes, una lectura posible es que vienen por los más pequeños para después ir por los más grandes y paradigmáticos, como la ex ESMA. ¿Cómo frenar esta avanzada del Ejecutivo?
―Ahí el punto clave es la resistencia que se genere desde la sociedad argentina y de los organismos, pero también desde el Congreso, para evitar que se materialicen estas regresiones de modo que pongan en riesgo directamente el funcionamiento de estos espacios. En el caso de la ex ESMA, el sitio está protegido por la UNESCO y además el espacio posee un régimen tripartito que incluye a los organismos, la Ciudad y el Poder Ejecutivo Nacional. De esta forma, hay espacios que son más difíciles desarmarlos del todo y otros que les está resultando obviamente más fácil. Ahí es fundamental el involucramiento del sistema político, no únicamente de los organismos y la sociedad, para defender estas políticas de Estado en Derechos Humanos.
Publicado en El Grito del Sur
