El informe del Observatorio Nacional de MuMaLá reveló un dato alarmante: Chaco registró 11 femicidios en 2024, posicionándose como la provincia con la tasa más altas de femicidios cada 100 mil mujeres. Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre, se registraron en el país 255 crímenes de este tipo, uno cada 34 horas.
Lunes, 30 de diciembre de 2024
Chaco fue la provincia con la mayor tasa de femicidios del país durante 2024. El dato se desprende del informe anual realizado por el Observatorio Nacional de la organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) a partir del Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas.
Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2024, se registraron en el país 255 femicidios, lo que equivale a uno cada 34 horas. Además, hubo 604 intentos de femicidio, dejando a 222 niñas, niños y adolescentes sin sus madres.
El documento también expone el impacto de esta violencia sobre niñas y adolescentes. Durante 2024, 27 de las víctimas eran menores de 18 años, representando el 14,5 % del total, con 22 de ellas siendo menores de 13 años, el porcentaje más alto registrado en los últimos cinco años. Otro dato preocupante es que solo el 12 % de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor, el porcentaje más bajo de la última década.
En cuanto a los vínculos y patrones de los femicidios, el 46 % de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas, y el 57 % tuvo lugar en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor.
Este panorama refuerza la crítica situación de provincias como Chaco, Misiones y Santiago del Estero, que lideran las tasas de femicidios por cada 100 mil mujeres, en un contexto donde la tasa nacional se ha mantenido estable durante los últimos tres años. Chaco quedó en primer lugar de este lúgubre ranking con 1,9 femicidios cada 100 mil mujeres (11 femicidios a lo largo del año). Le siguieron Misiones y Santiago del Estero con 1,5.
Si bien las circunstancias que rodean a un femicidio son diversas, está claro que existen responsabilidades políticas cuando se decide restringir las posibilidades para una eficaz intervención estatal. En ese sentido, vale recordar que a principios de año y a pocos días de iniciar su gestión, el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, vetó una ley sancionada por la Legislatura que podría haber funcionado como una herramienta de gran ayuda para enfrentar la violencia machista extrema, la cual venía con números alarmantes en la provincia.
Se trató de la Ley 3.982- B, de creación del Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros. Impulsada por las diputadas del Frente Chaqueño, Teresa Cubells y Mariela Quirós, la ley fue sancionada el 6 de diciembre de 2023. Planteaba la contención integral de todas las personas que, por acción u omisión, vean vulnerados, menoscabados o violados sus derechos humanos, con especial atención en sectores vulnerables: población LGBTQ+, comunidades indígenas, mujeres y personas privadas de la libertad, entre otros.
También creaba un registro de casos, a través de una plataforma digital, como así también establecía la consolidación del área de Litigios Estratégicos. En rigor, la normativa no hacía más que institucionalizar una práctica de trabajo que se venía sosteniendo integralmente y en red desde hacía cuatro años en la provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, la cual dejó de existir con la gestión entrante de Zdero. De esta manera, se buscaba garantizar mediante una ley la continuidad en esta labor.
Al vetar la ley, Zdero argumentó que la normativa carecía de factibilidad presupuestaria y significaba una incidencia económica “significativa” en las finanzas públicas. Consideró a su vez que normativas como la aprobada “comprometen gravemente la asignación presupuestaria para el Ejercicio en curso, toda vez que la afectación presupuestaria vulnera expresamente la norma constitucional al asumirse compromisos salariales e incrementos de gastos no previstos presupuestariamente”.
“Proteger la vida”
Por otra parte, el informe de MuMaLá denuncia además que el gobierno nacional incumple leyes y tratados con rango constitucional en materia de género. Este incumplimiento, según el documento, desalienta a las mujeres y diversidades sexuales a solicitar intervención estatal. Frente a esta situación, la organización exige la declaración de la Emergencia Nacional en Violencias de Género.
“Seguimos exigiendo se restituyan políticas públicas para el abordaje de las violencias, que las mismas sean efectivas, que protejan nuestras vidas y las de nuestras comunidades”, expresó Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá. También señaló: “Mientras el Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, y Adorni celebran un año de eliminación del Ministerio de las Mujeres con mensajes odiantes, las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad donde nos matan todos los días”.
Finalmente, MuMaLá instó al Gobierno Nacional y a las autoridades provinciales a priorizar esta problemática e implementar políticas de protección inmediata que enfrenten de manera eficaz las formas más extremas de violencia de género en el país.
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