En el marco de la acción de amparo y medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz en favor de familias wichís de El Impenetrable chaqueño, la Fiscalía de Estado solicitó al Superior Tribunal de Justicia que rechace la acción judicial. Señaló que el gobierno se está ocupando y que judicializar la cuestión sería redundante teniendo en cuenta que se encuentran vigentes medidas judiciales. Gaúna Wirz, por su parte, reiteró el pedido al STJ para que ordene al gobierno atender de manera urgente este grave problema humanitario.
Martes, 17 de diciembre de 2024
El gobierno provincial pidió al Superior Tribunal de Justicia que rechace la acción de amparo y medida cautelar presentada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, a través de las cuales había solicitado asistencia humanitaria urgente a comunidades wichí de El Impenetrable chaqueño quienes padecen pobreza crónica y falta de acceso a agua potable, situación que empeoró en los últimos meses debido a las políticas de ajuste del Poder Ejecutivo Nacional.
La presentación la realizó a inicios de diciembre la Procuradora Fiscal, Verónica Klappenbach, con el patrocinio letrado de la Fiscal de Estado subrogante, Andrea Quevedo. Al responder al planteo realizado por Gaúna Wirz, las abogadas del Estado señalaron que la Defensora General Adjunta realizó afirmaciones “genéricas”, las cuales no pueden tomarse como pruebas irrefutables de que el gobierno esté vulnerando derechos de las comunidades indígenas.
“(Gaúna Wirz) afirma genérica y dogmáticamente la afectación de derechos e intereses de los pueblos indígenas que colectivamente dice representar, sustentada en sólo dos páginas que contienen manifestaciones de dos licenciadas en Asistencia Social, que refieren a conclusiones de un relevamiento llevado a cabo en la zona de El Impenetrable, de manera harto genérica y sintética, referidas a diferentes aspecto relativos a las condiciones de vida de comunidades aborígenes en la zona, resumidos en afirmaciones de 5 o 6 renglones sin mayores precisiones o datos”, señalaron Klappenbach y Quevedo.
Cabe recordar que la presentación de la Defensora General Adjunta se realizó el 22 de noviembre pasado. La misma es a favor de las comunidades que habitan las localidades de Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de parajes El Tartagal, Tres Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano, y todas aquellas asentadas en la región de El Impenetrable, en el noroeste provincial.
La misma tiene como objetivo que el gobierno chaqueño garantice sus derechos al territorio, a un medio ambiente sano, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la alimentación, al acceso al agua potable, autodeterminación y acceso a la Justicia, entre otras prerrogativas que hoy les son negadas.
“Generales”
Las abogadas del Estado recordaron en este sentido que los tribunales “no deben intervenir en planteos generales y en abstracto” y advirtieron que la “actividad jurisdiccional de contralor se encontraría comprometida seriamente al inmiscuirse en la división de poderes en el que descansa nuestro sistema de gobierno”.
Aseguraron además que no existen áreas excluidas para la asistencia alimentaria de las comunidades indígenas, a pesar de que las medidas judiciales hoy vigentes dejan afuera a una enorme extensión de El Impenetrable chaqueño.
“La asistencia no se circunscribió meramente a las zonas referidas, sino que extendió a todo el territorio de la provincia, inclusive al área Metropolitana”, sostuvieron las abogadas del Estado.
Indicaron además que los informes aportados no han merecido mayores controversias por parte del Instituto del Aborigen Chaqueño y la Defensoría del Pueblo y remarcaron que hacer lugar a una nueva medida cautelar “constituiría una reiteración y duplicación de lo ya ordenado y que se encuentra cumpliendo”.
Informe
La Fiscalía de Estado acompañó en el escrito un informe producido por la Secretaría de Coordinación de Gabinete, que conduce Livio Gutiérrez. El mismo fue enviado recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una petición realizada por ese tribunal internacional debido a las vulneraciones a los derechos humanos de comunidades indígenas ubicadas al sudeste del departamento Güemes y al noreste del Departamento General San Martín, desde el año 2007 hasta la actualidad.
Todo esto en el marco de las causas que promovieron en su momento el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia y el Instituto del Aborigen Chaqueño ante el juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia.
En dicho informe, el gobierno realizó un racconto de las obras realizadas en la zona en cuestión. Subrayó que desde 2007, se vienen realizando acciones vinculadas a la cuestión sanitaria, de acceso al agua potable y alimentaria, entre otras.
Se reconoce, sin embargo, que los guarismos en relación a las defunciones de bebés y niños de entre 0 y 4 años por enfermedades prevenibles y curables, como las infecciones intestinales, respiratorias, desnutrición y deshidratación “se mantienen constantes en los últimos 5 o 6 años”.
Habilitación de días y horas
Quien no se quedó conforme con esta respuesta fue la propia Defensora Adjunta. En un escrito presentado ante el Superior Tribunal de Justicia a fines de la semana pasada, Gaúna Wirz insistió en la medida cautelar y remarcó que el gobierno provincial no aportó prueba alguna para desmentir que las comunidades indígenas de El Impenetrable no se encuentran actualmente con una enorme cantidad de derechos vulnerados.
“Vengo por este acto a solicitar se resuelva la medida cautelar planteada ordenándose el Gobierno del Chaco la provisión de alimentos y agua potable suficiente a las comunidades indicadas en la acción de amparo. Con habilitación de días y horas inhábiles, atento la proximidad de la feria judicial, y habilitación de feria judicial, si la resolución no fuere dictada previo a la misma, atento la cuestión planteada”, indicó.
La funcionaria judicial destacó que la lesión de derechos constitucionales de las comunidades indígenas identificadas es “actual y se sigue consumando”, y siendo estos grupos especialmente vulnerables, amerita que el Máximo Tribunal provincial “resuelva sin dilaciones la medida cautelar solicitada”.
La Defensora Adjunta consideró que el gobierno omitió informar sobre las medidas adoptadas para paliar la situación de crisis humanitaria que padecen las comunidades que se busca amparar. Es por eso que resulta necesario “que se resuelva conforme lo peticionado sin más trámite, habiéndose acreditado suficientemente la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”.
“Se trata de aplicar la presunción -o presupuesto procesal- que es el principio pro homine, según el cual, en caso de duda, se debe estar por la protección del derecho. En su caso, el Estado no ha podido demostrar que los derechos enunciados en la presente demanda no han sido vulnerados. Por el contrario, sí se ha acreditado suficientemente la afectación de la garantía, y la amenaza grave para la existencia misma de estas personas”, remarcó.
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