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Este jueves por la mañana, se retomarán las audiencias del juicio que se le sigue a tres policías de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña acusados de detener ilegalmente y golpear durante su aprehensión a un joven con Síndrome de Down. El lunes, declararon dos de los tres imputados.

Jueves, 12 de diciembre de 2024

Emanuel Agudo junto a su mamá.

El juicio por la detención ilegal y agresión durante su aprehensión de Emanuel Agudo, un joven con Síndrome de Down, se reanuda este jueves en lo que será la tercera audiencia de este proceso judicial. Se espera la declaración de una serie de testigos, entre ellos los profesionales de la salud que atendieron a Emanuel, personal de la Comisaría Cuarta y también los vecinos que presenciaron el accionar policial.

El lunes, la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña fue escenario de la segunda audiencia. Durante la jornada, declararon dos de los tres imputados, quienes ofrecieron respuestas parciales, y varios testigos clave, incluidos los padres de Emanuel, quienes relataron el profundo impacto emocional que este hecho tuvo en su familia. Además, el propio Emanuel brindó su testimonio, aportando detalles cruciales sobre los acontecimientos del 8 de abril de 2024.

Emanuel describió que la secuencia de hechos inició con su caída tras una zancadilla y que, al ser levantado bruscamente, sufrió una lesión en el hombro. También demostró ante los presentes cómo las maniobras de retención realizadas por los policías le causaron una lesión en el manguito rotador. El joven señaló además que los policías lo trasladaron al móvil policial, y uno de los familiares presentes en el lugar denunció que los oficiales intentaban cerrar la puerta para llevárselo.

Por su parte, dos de los policías implicados (Julio Rivero y Nélida Rojas) declararon que estaban realizando un recorrido de prevención, justificando su intervención bajo argumentos estigmatizantes, al utilizar la vestimenta de Emanuel como justificación para su accionar (tenía puesta una gorra, la capucha del buzo y llevaba una mochila).

Rubén Ponce, por su parte, se abstuvo de declarar. Cabe recordar que Ponce había presentado un certificado médico para no evadir la primera audiencia, cuestión que el tribunal lo tomó como un acto de rebeldía y posteriormente ordenó su detención.

El fiscal subrogante, Carlos Rescala, calificó el desarrollo del debate como positivo y anticipó que más testigos se sumarán en las próximas audiencias para aportar información clave.

El caso

De acuerdo a la investigación penal preparatoria realizada por la fiscal Adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar, Emanuel salía del gimnasio con rumbo a su casa. Su trayecto era el de siempre: caminar por avenida 33 hasta llegar el barrio Nuestra Señora del Carmen. Ese día estaba lloviznando, por eso estaba con la capucha del buzo puesta sobre su cabeza.

Durante el recorrido, al llegar la intersección de la calle 46, justo en la esquina, apareció un patrullero. Dentro del vehículo estaban tres policías: la jefa a cargo, la Oficial Principal, Nélida Rojas y los agentes, Rubén Ponce y Julio Rivero, todos de la Comisaría Cuarta.

Supuestamente, buscaban a un sujeto que -según vecinos a quienes nunca pudieron identificar- estaba merodeando la zona de manera sospechosa. “¿Qué hacés ahí?”, le preguntaron desde el vehículo de mala manera a Emanuel. El escuchó que lo increparon con un “¿Vos sos chorro o qué?”. Las cámaras de seguridad de la zona confirmarán luego que Emanuel no hizo absolutamente nada ilegal.

Al ver el patrullero, y a esos tres policías armados, el joven se asustó y lo primero que atinó a hacer fue escapar. Corrió por calle 46 con rumbo a un pastizal cercano. De acuerdo a la imputación de la fiscalía adjunta de Derechos Humanos, los agentes Rubén Ponce y Julio Rivero, se bajaron del móvil policial y lo persiguieron a pie.

Fue Ponce quien logró detener su marcha a través de una zancadilla que hizo patéandolo desde atrás, para que pierda el equilibrio. Emanuel cayó pesadamente al piso, se golpeó. Ya reducido, le torcieron los brazos hacia atrás, lo levantaron bruscamente del suelo y lo trasladaron hasta el patrullero, donde lo dejaron ubicado en el asiento trasero.

Fue en ese momento que apareció una vecina que atendía un kiosco quien les advirtió a los policías que Emanuel eran un joven con discapacidad y que debían llamar a sus padres. Posteriormente llegó el papá y su hermana, quienes lo bajaron del patrullero y lo llevaron hasta su casa.

Por este hecho, están imputados los agentes de la Policía del Chaco, Rubén Ponce y Julio Rivero, y la oficial principal, Nélida Rojas. Todos, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de funcionarios públicos. A Ponce y Rivero, se los acusa también de lesiones leves agravadas.

 

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